Por Samuel Reyes Raposo
La parálisis estatal condena al sistema a administrar crisis en lugar de soluciones. El presupuesto del 4 % no puede seguir siendo un botín sectorial ni una piñata política, sino una inversión medida en aprendizajes.
Hemos analizado las trabas burocráticas, las deficiencias que ahogan el aula y las constantes interrupciones gremiales. Sin embargo, existe un obstáculo silencioso que rara vez se examina con la profundidad que merece: la inacción institucional. En la gestión pública, no actuar a tiempo es una decisión con consecuencias pedagógicas devastadoras.
Durante años, el país ha contemplado planteles cuya construcción parece eterna. Proyectos que avanzan a cuentagotas o quedan completamente paralizados, mientras contratistas con múltiples obras asignadas incumplen los plazos ante comunidades que necesitan esas aulas hoy, no mañana. Ciclo tras ciclo, el inicio del año escolar parece una copia al carbón del anterior: faltan docentes, butacas, mantenimiento y recursos básicos. Con alarmante frecuencia, las respuestas estatales solo llegan cuando el descontento se desborda en las calles.
Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Por qué el Ministerio de Educación (MINERD) debe esperar a que una comunidad proteste, una escuela cierre sus puertas o la ADP convoque a un paro para atender problemas que ya figuraban en sus propios diagnósticos?
Un ministerio moderno tiene la obligación de ser proactivo, no reactivo. Requiere sistemas de seguimiento en tiempo real que detecten oportunamente un plantel retrasado, una infraestructura deteriorada o un aula sin maestro. Cuando el Estado actúa únicamente bajo presión, abdica de su rol de planificador y termina convertido en un simple administrador de conflictos.
Esto obliga a mirar los reclamos gremiales bajo otra óptica. No toda demanda sindical es una invención política; muchas veces detrás del ruido hay una carencia real. Por eso, además de cuestionar por qué se protesta, la sociedad debe interrogar al sistema: ¿Qué hizo la autoridad antes de que la protesta fuera la única salida?
La educación dominicana urge de una profunda transformación en su liderazgo. Gestionar un presupuesto multimillonario exige mucho más que firmar cheques; requiere comprender la escuela, el currículo, la práctica docente y la complejidad del aprendizaje. Quienes conduzcan el MINERD deben contar con una sólida formación académica, experiencia gerencial demostrada y credenciales en el sector. La educación nacional no puede seguir siendo un premio de consolación para dirigentes políticos de turno, ni puede confundirse la experiencia sindical con la capacidad para dirigir la política educativa del país.
En ese mismo sentido, el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación preuniversitaria no puede convertirse en un botín para satisfacer demandas sectoriales insaciables, ni en una piñata de clientelismo político. Esos fondos pertenecen a los contribuyentes dominicanos y su uso debe regirse por la transparencia, la planificación estratégica y la rendición de cuentas.
El éxito del 4 % no debe medirse por el volumen del gasto, sino por el impacto directo en las aulas: escuelas terminadas a tiempo, retención escolar, dominio de la lectura y las matemáticas, y una formación técnica conectada con el desarrollo nacional.
La transformación educativa es una responsabilidad compartida entre las autoridades, la ADP, los docentes y las familias. Sin embargo, el MINERD posee la tutela legal y la obligación de anticiparse a las crisis. Cuando una necesidad permanece engavetada durante años, ya no estamos ante un simple fallo administrativo, sino ante una debilidad estructural de gestión.
La República Dominicana necesita un Ministerio de Educación que no espere la tormenta para reparar el techo: requiere liderazgo profesional, licitaciones vigiladas, obras auditadas y voluntad política. Es hora de elevar la educación a una verdadera política de Estado, blindándola de las disputas partidarias, sindicales o burocráticas. Mientras los adultos discuten en los medios quién tiene la razón, un estudiante sigue esperando una escuela digna, un libro a tiempo y un maestro preparado. Ese estudiante no tiene más tiempo que perder.
Samuel Reyes Raposo es educador, administrador y escritor. Ha dirigido importantes centros de enseñanza y ocupado puestos de gerencia educativa en diversas organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente, es doctorando en Educación por la Universidad Central de Querétaro (UNICEQ), México.
