Por. Samuel Reyes Raposo
El gran desafío de la educación dominicana no es eliminar el sindicalismo, sino transformar la cultura de confrontación en un compromiso de corresponsabilidad donde las aulas nunca se cierren.
Hagamos un ejercicio de imaginación: ¿Qué ocurriría si mañana la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dejara de existir? El planteamiento no busca negar el derecho legítimo de los maestros a organizarse, reclamar mejoras laborales y defender sus conquistas. Todo trabajador merece representación gremial. La cuestión de fondo es otra: ¿Qué pasaría con las escuelas si desaparecieran los paros, las huelgas y las asambleas que interrumpen constantemente la docencia?
Para entender el poder de la ADP, primero hay que mirar hacia la avenida Máximo Gómez. La ADP no opera en el vacío: se fortalece, se legitima y cobra vigencia conforme el Ministerio de Educación (MINERD) incumple su cometido fundamental de proveer a los docentes lo mínimamente indispensable para enseñar. Cada escuela sin agua, cada aula sobrepoblada, cada retraso en los incentivos y cada deficiencia en los planteles se convierte en el combustible político que alimenta la narrativa del sindicato. El gremio prospera allí donde el Estado falla; la fuerza de la protesta es directamente proporcional a la ineficiencia institucional del ministerio.
Si el MINERD garantizara de manera oportuna y eficiente las condiciones básicas de dignidad laboral e infraestructura, la ADP perdería su principal justificación para el conflicto drástico. El problema central no es que los maestros defiendan sus derechos; el problema surge cuando las deudas acumuladas de las autoridades secuestran el espacio que le pertenece al aprendizaje, dejando al sistema atrapado en un círculo vicioso de promesas incumplidas y aulas cerradas.
En este escenario de confrontación, lo primero que ganaría el país en ausencia de paros serían días efectivos de clases. Cada jornada suspendida representa tiempo irreversiblemente perdido para el aprendizaje. Cuando las interrupciones se acumulan, quienes pagan la factura real no son las autoridades del Ministerio ni los dirigentes gremiales, sino los estudiantes, especialmente aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad social.
Además, habría un impacto directo en el personal disponible. Cientos de profesores que actualmente desempeñan funciones gremiales a tiempo completo o parcial regresarían a las aulas. Las tareas sindicales, reuniones y movilizaciones consumen un tiempo valioso que, en ausencia de estas actividades, se dedicaría a planificar, capacitarse, evaluar y acompañar el desarrollo de los alumnos. En la realidad actual, el debate educativo ha sufrido una preocupante distorsión de prioridades: la discusión pública ha dejado de centrarse en cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, para focalizarse en una pregunta recurrente: ¿Cuándo será el próximo paro?
Sin embargo, sería ingenuo pensar que la disolución de la ADP resolvería por arte de magia las deficiencias de la educación dominicana. Como ya se ha señalado, la raíz de muchas protestas está en la gestión macro. Aun sin sindicato, persistirían los problemas de infraestructura, las trabas administrativas, la escasez de recursos, las aulas sobrepobladas y las lagunas históricas en la formación docente que el MINERD no ha sabido resolver.
La interrogante fundamental que debemos plantearnos es si puede existir una organización gremial fuerte sin que el derecho a la protesta se convierta en un obstáculo permanente para el derecho a aprender. Encontrar ese equilibrio es urgente.
El magisterio necesita condiciones dignas, salarios competitivos, seguridad laboral y respeto profesional —deberes estrictos del Estado—. Pero el estudiante también tiene un derecho sagrado e inviolable: recibir docencia. Por ello, el desafío no consiste en desmantelar la representación gremial, sino en mudar la vieja cultura de confrontación hacia una de diálogo, negociación y corresponsabilidad.
Un sindicato docente verdaderamente comprometido con el futuro de la nación debería defender al maestro y, al mismo tiempo, evaluar el impacto pedagógico de sus acciones. Detrás de cada día de clases perdido hay un niño que se retrasa en la lectura, una adolescente que frena su bachillerato y un joven que pierde competitividad para el mercado laboral o la universidad. Estamos ante una generación que no puede darse el lujo de perder tiempo.
Por eso, la pregunta más trascendental no es cómo sería la educación dominicana sin la ADP. La verdadera cuestión es cómo sería nuestro sistema si el gremio, las autoridades, las familias y la sociedad civil colocáramos el aprendizaje de los estudiantes por encima de cualquier interés particular. Solo entonces tendremos más días de clases; pero, sobre todo, tendremos más días para aprender.
Samuel Reyes Raposo es educador, administrador y escritor. Ha dirigido importantes centros de enseñanza y ocupado puestos de gerencia educativa en diversas organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente, es doctorando en Educación por la Universidad Central de Querétaro (UNICEQ), México.
