Por: Obispo Ynocencio Vargas Encarnación (autor del libro el Cristianismo vs el Feminismo Radical)
La violencia doméstica constituye una de las problemáticas sociales más dolorosas y complejas de nuestro tiempo. Sus consecuencias trascienden las paredes del hogar, afectan la estabilidad emocional de las familias, comprometen el desarrollo de los niños y adolescentes y, en los casos más graves, terminan con la pérdida de vidas humanas. A pesar de los avances legislativos, las campañas de prevención y los esfuerzos de diversas instituciones, todavía existen importantes barreras que dificultan una respuesta judicial rápida, efectiva y humana frente a esta realidad.
Hablar de las trabas de la justicia para enfrentar adecuadamente la violencia doméstica no significa desconocer el trabajo de los jueces, fiscales, policías y demás profesionales comprometidos con la protección de las víctimas. Significa reconocer que existen deficiencias institucionales, culturales, administrativas y sociales que deben ser examinadas con responsabilidad para construir un sistema de justicia que no solamente castigue al agresor cuando corresponda, sino que también prevenga nuevas agresiones y proteja a quienes viven bajo amenazas.
En la República Dominicana, esta discusión tiene una importancia particular. La violencia dentro del hogar continúa siendo un desafío para las autoridades, las comunidades y las familias. Por ello, es necesario preguntarnos: ¿qué sucede cuando una víctima denuncia y no encuentra una respuesta oportuna? ¿Qué ocurre cuando las medidas de protección no se ejecutan con la rapidez necesaria? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado cuando una persona solicita ayuda y las instituciones no logran protegerla eficazmente?
Estas preguntas exigen una reflexión profunda, porque la justicia no puede medirse únicamente por la existencia de leyes. También debe evaluarse por su capacidad de hacerlas cumplir y de responder a tiempo ante el sufrimiento humano.
La lentitud de los procesos judiciales son una barrera que puede costar vidas
Uno de los principales obstáculos para enfrentar la violencia doméstica es la demora en los procesos judiciales. En situaciones de violencia familiar, el tiempo no es un elemento secundario: puede representar la diferencia entre la seguridad y el peligro.
Cuando una mujer, un hombre, un niño o una persona adulta mayor denuncia una situación de maltrato, espera que las autoridades actúen con diligencia, evalúen el riesgo y adopten las medidas correspondientes. Sin embargo, los retrasos en la tramitación de denuncias, las dificultades para obtener pruebas, la acumulación de expedientes y la falta de coordinación entre las instituciones pueden debilitar la respuesta.
La violencia doméstica, además, no siempre se presenta mediante golpes visibles. Puede manifestarse a través de amenazas, humillaciones, control económico, aislamiento, intimidación y otras conductas que deterioran progresivamente la autonomía de la víctima. En muchos casos, estas acciones aumentan de intensidad hasta convertirse en agresiones físicas graves.
Por esa razón, una denuncia no debe ser tratada como un simple trámite administrativo. Requiere una evaluación seria de las circunstancias, la identificación de posibles riesgos y una actuación conforme a la ley. La justicia que llega demasiado tarde puede perder la oportunidad de prevenir un daño irreparable. Aunque no todos los retrasos judiciales conducen a consecuencias trágicas, la demora en situaciones de alto riesgo puede dejar a las víctimas expuestas a nuevas agresiones.
Es indispensable fortalecer los mecanismos de atención urgente, mejorar la gestión de los expedientes y garantizar que las solicitudes de protección reciban la prioridad que merecen. La eficiencia judicial no consiste en sacrificar el debido proceso, sino en lograr que las garantías legales y la protección de las personas funcionen de manera conjunta.
La revictimización cuando busca justicia se convierte en otra forma de sufrimiento. Una de las experiencias más dolorosas para quien denuncia violencia doméstica es tener que revivir repetidamente los hechos sufridos. La revictimización ocurre cuando las actuaciones de las instituciones, la falta de sensibilidad de los funcionarios o el trato recibido provocan un sufrimiento adicional en una persona que ya ha sido víctima de violencia.
Esto puede suceder cuando se cuestiona injustificadamente su relato, se minimizan las agresiones, se le responsabiliza por lo ocurrido o se le exige narrar reiteradamente experiencias traumáticas sin una necesidad procesal legítima. También puede presentarse cuando no se protege adecuadamente su privacidad o cuando se le presiona para regresar a una relación violenta.
La violencia doméstica no debe reducirse a una discusión entre dos personas. Cuando existen amenazas, agresiones, intimidación o control coercitivo, estamos ante una situación que requiere atención especializada y una evaluación responsable de los hechos.
Las instituciones de justicia deben contar con personal capacitado para atender a las víctimas con respeto, confidencialidad y sensibilidad. Esto incluye comprender las posibles consecuencias psicológicas del abuso, reconocer que una persona puede sentir miedo de denunciar y evitar interpretaciones apresuradas sobre su comportamiento.
Una víctima puede tardar en denunciar, retractarse por temor, mantener contacto con su agresor por razones económicas o familiares, o sentir afecto hacia quien la maltrata. Ninguna de estas circunstancias debe utilizarse automáticamente para desacreditar su testimonio. Tampoco significa que toda denuncia deba considerarse probada sin investigación. La obligación de las autoridades es investigar con seriedad, valorar las pruebas y respetar los derechos de todas las partes. La justicia debe investigar los hechos sin humillar a quien busca protección.
La falta de protección efectiva es un desafío entre la denuncia y la seguridad
Otro obstáculo fundamental es la distancia que puede existir entre denunciar una agresión y recibir una protección efectiva. Una orden judicial o una medida de protección puede ser un instrumento decisivo, pero su utilidad depende de que se dicte oportunamente, se comunique a las autoridades correspondientes, se supervise su cumplimiento y se actúe ante cualquier incumplimiento.
El problema no termina cuando una institución recibe la denuncia. Es necesario establecer mecanismos que permitan determinar si la víctima continúa en peligro, si el agresor tiene acceso a ella, si existen amenazas contra los hijos y si se han producido nuevas agresiones. La falta de seguimiento, la comunicación deficiente entre los organismos responsables y las limitaciones de personal pueden dejar espacios de vulnerabilidad. La protección debe entenderse como un proceso continuo y no como un documento que se entrega y luego se archiva.
En determinadas circunstancias, una víctima necesita mucho más que una disposición judicial. Puede requerir alojamiento seguro, asistencia psicológica, orientación jurídica, ayuda económica temporal y protección para sus hijos. Si estas alternativas no existen o son insuficientes, abandonar el hogar puede resultar extremadamente difícil.
La dependencia económica es uno de los factores que mantienen a muchas personas dentro de relaciones abusivas. Quien carece de ingresos propios, teme perder la vivienda o depende del agresor para alimentar a sus hijos puede sentirse atrapado, aun cuando reconoce que su vida corre peligro. Enfrentar la violencia doméstica requiere una respuesta integral que articule a la justicia con los servicios sociales, la salud, la asistencia psicológica y los mecanismos de protección familiar.
No basta con decirle a una víctima que denuncie. También es necesario preguntarse qué ocurrirá con ella después de denunciar y qué recursos tendrá para reconstruir su vida con seguridad y dignidad.
