Por Samuel Guzmán B.
La República Dominicana suele presentarse como una de las economías más dinámicas del Caribe, gracias a su estabilidad macroeconómica, el crecimiento del turismo, la inversión extranjera y la construcción de modernas torres y complejos residenciales. Sin embargo, detrás de esa imagen de progreso persiste una realidad que invita a reflexionar: ¿de qué nos sirve levantar grandes edificios si todavía no podemos garantizar servicios tan esenciales como el agua potable y la electricidad de manera continua y confiable?
Una de las grandes contradicciones del desarrollo dominicano la tenemos en el Distrito Nacional y el gran Santo Domingo. Mientras el paisaje urbano se transforma con modernas edificaciones, miles de familias, comercios y comunidades enfrentan dificultades para recibir agua potable con regularidad. Tener una conexión al acueducto no necesariamente significa disponer del líquido cuando se necesita, lo que obliga a los ciudadanos a buscar soluciones particulares para cubrir sus necesidades básicas.
Las cisternas, los tinacos y las bombas eléctricas se han convertido en elementos indispensables en numerosas viviendas y edificios, desde los más modestos hasta los más lujosos. Lo que debería ser una medida complementaria se ha transformado en una necesidad cotidiana. Esta situación no se limita al Distrito Nacional y al Gran Santo Domingo, sino que también afecta a habitantes de importantes provincias del país, quienes deben almacenar agua, comprarla o depender de mecanismos alternativos para garantizar su abastecimiento.
Esta realidad genera gastos adicionales para las familias, que deben invertir en la construcción y mantenimiento de cisternas, la compra de bombas, el consumo eléctrico y las reparaciones de los equipos. La irregularidad del servicio termina trasladando al ciudadano una responsabilidad que corresponde atender de manera eficiente a las instituciones encargadas del suministro. ¿Podemos hablar de desarrollo integral cuando disponer de agua en el hogar depende, en gran medida, de la capacidad económica de cada familia?
A esta problemática se suma el servicio eléctrico, una deuda pendiente que distintas administraciones gubernamentales han intentado enfrentar sin lograr resolver de manera definitiva los desafíos relacionados con la continuidad, el costo y la eficiencia del sistema. La electricidad es indispensable para trabajar, estudiar, conservar alimentos y mantener en funcionamiento hogares y negocios. Además, cuando falla el suministro eléctrico, también puede verse afectado el acceso al agua, pues muchas edificaciones dependen de bombas eléctricas para distribuirla.
Ante esta situación, numerosos hogares y empresas han recurrido a los paneles solares para reducir sus facturas y disponer de mayor autonomía energética. Estas inversiones representan un esfuerzo económico importante para quienes buscan alternativas frente al costo de la electricidad. Por eso, cualquier propuesta de nuevos impuestos, cargos o cambios regulatorios que pueda afectar a los usuarios de energía solar debe explicarse con transparencia, precisando su alcance, fundamento legal y consecuencias económicas.
Si la República Dominicana aspira a diversificar su matriz energética y promover las fuentes renovables, las políticas públicas deben ofrecer reglas claras y previsibles. No sería coherente incentivar la transición hacia energías más limpias y, al mismo tiempo, generar incertidumbre entre quienes invierten sus recursos para reducir su dependencia de la red eléctrica. Las autoridades deben procurar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y el derecho de las familias y empresas a buscar alternativas energéticas eficientes.
El problema de fondo es que con frecuencia confundimos crecimiento económico con desarrollo humano. Una nación puede atraer inversiones, ampliar sus zonas turísticas y multiplicar sus edificaciones, pero seguir enfrentando deficiencias importantes en sus servicios básicos. El verdadero progreso no se mide únicamente por el tamaño de las construcciones o las cifras macroeconómicas, sino también por la calidad de vida de la población y la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos eficientes, accesibles y confiables.
Por eso, resulta indispensable revisar las prioridades de la inversión pública y la planificación urbana. Cada nueva torre residencial aumenta la demanda de agua, electricidad, saneamiento y otras infraestructuras. Si el crecimiento inmobiliario no va acompañado de una expansión adecuada de las redes de distribución y de los servicios esenciales, las ciudades podrán crecer físicamente mientras sus habitantes continúan enfrentando dificultades cotidianas. Las instituciones responsables deben trabajar con metas medibles, cronogramas públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Las consecuencias de estas deficiencias tampoco afectan a todos por igual. Una familia de mayores ingresos puede instalar una cisterna de gran capacidad, adquirir una planta eléctrica o invertir en paneles solares con baterías. En cambio, los hogares de recursos limitados tienen menos posibilidades de costear estas alternativas y terminan soportando con mayor intensidad las interrupciones y los gastos adicionales. El acceso al agua potable y a la electricidad confiable no debería depender exclusivamente de la capacidad económica de cada ciudadano.
La República Dominicana tiene condiciones para continuar creciendo y consolidar su posición económica en el Caribe, pero ese avance debe traducirse en mejoras concretas para la población. Es necesario fortalecer los acueductos, ampliar las redes de distribución, reducir las pérdidas de agua, mejorar la estabilidad eléctrica y promover políticas energéticas transparentes. Asimismo, las autoridades deben ofrecer información verificable sobre las inversiones, los resultados y los plazos para superar las deficiencias que afectan a las comunidades.
La pregunta no es si debemos continuar construyendo torres, desarrollando complejos turísticos o atrayendo inversiones, sino si estamos creando al mismo tiempo las condiciones esenciales para que los dominicanos vivan con dignidad. La República Dominicana necesita algo más que edificios modernos: necesita servicios públicos modernos.
El verdadero liderazgo de una nación en el Caribe no debe medirse solamente por sus inversiones o el crecimiento de su economía, sino también por su capacidad de garantizar que cada ciudadano pueda abrir un grifo y recibir agua potable, y encender una luz con la confianza de contar con electricidad confiable. Ese es el desarrollo que la población merece y una prioridad que el país no puede seguir posponiendo.
Esperemos que las próximas generaciones de presidentes, le pongan atención a estos asuntos.
Hasta el próximo miércoles…
