¿Quién protege realmente los fondos de pensiones?
Por el Obispo Reynaldo Franco Aquino
Presidente de la Alianza Evangélica Dominicana —AEDO—
Ha llegado el momento de hablar con claridad, firmeza y valentía sobre el destino de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos.
Estamos hablando de más de 1.6 billones de pesos acumulados mediante el esfuerzo de millones de hombres y mujeres que cada día se levantan temprano, trabajan, producen y aportan al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
No es dinero de las AFP. No pertenece al Gobierno. Tampoco es propiedad de los bancos, de los grupos económicos ni de las grandes empresas.
Ese dinero tiene dueño: pertenece a los trabajadores dominicanos.
Por eso resulta indignante que, mientras una persona enferma, desempleada o imposibilitada para continuar trabajando encuentra innumerables obstáculos para recibir una ayuda suficiente de sus propios ahorros, miles de millones de pesos puedan ser canalizados hacia empresas privadas, fideicomisos, bonos, proyectos inmobiliarios y otros instrumentos financieros.
Al trabajador se le dice: “Ese dinero no está disponible para usted”. Pero para financiar grandes operaciones económicas sí aparecen mecanismos, autorizaciones y estructuras financieras.
Entonces debemos preguntar: ¿Para quién fue diseñado realmente el sistema? ¿Para garantizar una vejez digna al trabajador o para proporcionar capital de largo plazo a determinados sectores económicos?
¿Quiénes reciben los mayores beneficios? ¿Quiénes asumen los riesgos? ¿Quiénes cobran las comisiones? ¿Y quién responde si una inversión fracasa?
No estamos afirmando, sin las investigaciones correspondientes, que toda inversión sea ilegal ni que todos los recursos estén en peligro.
Invertir los fondos previsionales puede producir rentabilidad y contribuir a su crecimiento. Pero una cosa es invertir responsablemente y otra muy distinta utilizar el patrimonio de los trabajadores dentro de estructuras que ellos no conocen, no comprenden y sobre las cuales tienen muy poca capacidad de decisión.
Tampoco basta con decir que las inversiones fueron “autorizadas” o que determinados instrumentos cuentan con una calificación favorable.
La historia financiera mundial demuestra que la aprobación regulatoria nunca ha sido una garantía absoluta contra las pérdidas, los conflictos de interés o las malas decisiones.
La legalidad no sustituye la transparencia. La autorización no elimina el riesgo. Y una calificación financiera no puede convertirse en un cheque en blanco.
Si todo está correctamente administrado, ¿por qué no publicar de manera sencilla y accesible la identidad de cada empresa receptora, los montos invertidos, las tasas negociadas, las garantías constituidas, los intermediarios participantes, los vencimientos, los niveles de riesgo y los beneficios obtenidos?
¿Por qué el trabajador necesita convertirse en economista para comprender lo que se está haciendo con su propio dinero?
¿Por qué resulta tan difícil conocer quiénes se benefician de esas inversiones y cuánto reciben por administrarlas?
Desde la Alianza Evangélica Dominicana desafiamos públicamente a las autoridades reguladoras, a las AFP y a los administradores del sistema a abrir completamente los libros ante la nación.
No queremos comunicados llenos de tecnicismos. Queremos nombres, cifras, garantías, resultados y responsabilidades.
Que se publique todo.
Que el pueblo conozca cuánto dinero se encuentra invertido en cada empresa y proyecto.
Que se identifiquen los vehículos financieros utilizados.
Que se informen los gastos operativos y las comisiones cobradas.
Que se revelen los posibles conflictos de interés.
Que se explique cuánto han ganado los trabajadores y cuánto han ganado quienes administran su patrimonio.
Además, reclamamos una auditoría técnica verdaderamente independiente sobre las inversiones de mayor cuantía y sobre aquellas que pudieran representar riesgos importantes.
Esa auditoría no debe quedar reservada a especialistas ni archivada en alguna oficina pública. Sus resultados deben ser presentados claramente a toda la sociedad dominicana.
También ha llegado el momento de revisar la dimensión humana del sistema.
No puede considerarse exitoso un modelo que acumula una riqueza extraordinaria mientras muchos de sus afiliados llegan a la vejez con pensiones insuficientes o enfrentan enfermedades, discapacidad y desempleo sin una protección adecuada.
La seguridad social existe para proteger personas, no solamente para preservar balances financieros.
No proponemos repartir irresponsablemente los fondos ni destruir las pensiones futuras.
Exigimos mecanismos equilibrados que permitan responder a condiciones verdaderamente críticas sin condenar al trabajador al abandono.
Si el dinero puede contribuir al crecimiento de grandes empresas, también debe encontrarse una manera prudente de proteger a su legítimo propietario cuando atraviesa una tragedia.
La Biblia declara que “el obrero es digno de su salario”. También condena toda forma de injusticia contra quienes trabajan y advierte sobre la administración deshonesta de los bienes ajenos.
Por eso, la protección de los fondos previsionales no es solamente una cuestión económica: es un imperativo moral.
Administrar el fruto del trabajo de millones de ciudadanos es una responsabilidad sagrada.
Hoy levantamos nuestra voz para advertir que el silencio no puede continuar.
No aceptaremos que el futuro de los trabajadores sea discutido exclusivamente entre funcionarios, administradores, intermediarios y grupos económicos.
Los verdaderos propietarios de esos recursos deben ser escuchados, representados y respetados.
A quienes administran el sistema les decimos:
Si las inversiones son seguras, demuéstrenlo.
Si son rentables, documenten los resultados.
Si existen garantías, publíquenlas.
Si no hay privilegios, abran los libros.
Y si se ha actuado incorrectamente, establezcan responsabilidades.
No estamos convocando al miedo. Estamos convocando a la vigilancia ciudadana.
No estamos promoviendo el retiro indiscriminado de los recursos. Estamos exigiendo transparencia, justicia y protección efectiva.
No estamos formulando acusaciones irresponsables. Estamos haciendo las preguntas que millones de trabajadores tienen derecho a formular.
El pueblo dominicano no puede continuar siendo un espectador mientras otros deciden el destino de sus ahorros.
Tampoco puede permitirse que los fondos de pensiones terminen funcionando como una gran fuente de financiamiento para sectores privilegiados, mientras sus propietarios reciben pensiones que no les permiten vivir dignamente.
El dinero de la seguridad social no es un botín financiero.
No puede ser privatizado en sus beneficios y socializado en sus riesgos.
No puede servir para enriquecer intermediarios mientras empobrece las esperanzas del trabajador.
No puede permanecer rodeado de silencios, tecnicismos y puertas cerradas.
Los fondos de pensiones pertenecen al pueblo.
Se pueden administrar, pero no secuestrar.
Se pueden invertir, pero no arriesgar irresponsablemente.
Se pueden hacer crecer, pero no utilizar para favorecer intereses particulares.
Y, sobre todo, se debe rendir cuenta de cada peso.
La nación exige respuestas.
Los trabajadores exigen respeto.
Y desde la Alianza Evangélica Dominicana declaramos que estaremos vigilantes, levantando nuestra voz y acompañando todo esfuerzo legítimo dirigido a proteger el patrimonio, la dignidad y el futuro de quienes verdaderamente sostienen este país.
¡Los ahorros de los trabajadores se respetan!
