Por: Fidel Lorenzo
No es aceptable que, después de más de dos décadas de debates, estudios y
discusiones, se pretenda aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código
Penal. Una vez aprobada una legislación de esta importancia, lo que
corresponde es permitir su aplicación y, paralelamente, trabajar en las
mejoras que la experiencia práctica pueda recomendar.
Se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La perfección de una ley
no debe convertirse en el pretexto para impedir su ejecución. De lo contrario,
estaríamos secuestrando el Código Penal después de haber sido aprobado,
prolongando la vigencia de una legislación desfasada que ya no responde a
las complejas manifestaciones del delito en la actualidad.
Cada día que se retrasa su entrada en vigor representa una ventaja para el
crimen organizado y para quienes se benefician de las debilidades del marco
jurídico vigente. Persisten conductas delictivas que no pueden ser
sancionadas con la severidad que la sociedad demanda, debilitando la
capacidad del Estado para enfrentar nuevas formas de criminalidad.
Resulta llamativo que quienes guardaron silencio durante los largos años de
discusión en el Congreso, hoy pretendan presentar objeciones como
fundamento para retrasar su aplicación. Esa actitud, aunque pueda
responder a motivaciones diversas, termina favoreciendo objetivamente la
prolongación de la impunidad.
Toda legislación es perfectible, y el Código Penal no constituye una
excepción. Sin embargo, las reformas que sean necesarias pueden y deben
tramitarse sin impedir su entrada en vigencia. Lo responsable es aplicar la
ley, evaluar sus resultados y corregir oportunamente aquello que la práctica
demuestre que requiere ajustes.
La sociedad dominicana necesita un Código Penal moderno y eficaz. Retrasar
indefinidamente su aplicación no fortalece la justicia; por el contrario,
prolonga las limitaciones del sistema penal y beneficia a quienes encuentran
en la demora una oportunidad para seguir actuando al margen de la ley.
