Haití: el error de diagnóstico que puede condenar al fracaso cualquier intervención de seguridad
Por Samuel Reyes Raposo
Cuando se habla de la crisis de seguridad en Haití, es habitual referirse a los grupos armados que controlan amplios sectores del territorio como bandas criminales o pandillas. Sin embargo, ¿es esa denominación suficiente para comprender la naturaleza de la amenaza que enfrenta el país? ¿Estamos ante simples grupos de delincuentes o ante organizaciones que han desarrollado capacidades propias de una fuerza irregular?
Estas preguntas surgieron durante una conversación con una fuente europea, antiguo militar con experiencia profesional en el ámbito castrense, quien ha solicitado mantener su identidad en el anonimato. Su planteamiento es contundente: el primer error al abordar la crisis haitiana consiste en subestimar al adversario por la manera en que lo denominamos.
A su juicio, algunos de estos grupos han evolucionado más allá de la delincuencia organizada convencional y presentan características operativas propias de una guerrilla urbana.
Una organización que supera la delincuencia común
La primera diferencia, explica mi fuente, está en la capacidad de organización. No se trata únicamente de individuos armados que actúan de manera espontánea, sino de estructuras que pueden mostrar jerarquías, coordinación logística, planificación y capacidad para ejecutar acciones colectivas.
Los ataques coordinados contra instalaciones policiales, vehículos blindados y destacamentos de seguridad constituyen, desde esta perspectiva, señales de una capacidad operativa que merece un análisis más profundo.
El exmilitar señala que el liderazgo de Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, antiguo policía haitiano convertido en uno de los principales dirigentes de coaliciones armadas ha contribuido a consolidar estructuras capaces de ejecutar operaciones violentas con cierto grado de coordinación.
El segundo elemento es el armamento. La presencia de fusiles de asalto, incluidos modelos de las familias AK y AR, proporciona a estos grupos una capacidad de fuego muy superior a la de una pandilla convencional armada principalmente con pistolas. Esto les permite enfrentarse a las fuerzas de seguridad a distancias considerables y sostener intercambios de disparos que pueden adquirir características propias de un enfrentamiento armado organizado. También han abierto fuego antiaéreo que casi logra derribar una aeronave.
Conviene precisar que no todos los grupos ni todos sus integrantes poseen necesariamente las mismas capacidades. Sin embargo, la existencia de organizaciones con este nivel de armamento y coordinación obliga a evitar diagnósticos simplistas.
Llamarlos exclusivamente bandas puede resultar insuficiente para comprender el problema; reconocer sus capacidades, en cambio, no significa otorgarles legitimidad política ni jurídica.
Las ventajas de combatir en su propio territorio
Mi interlocutor identifica otra dificultad: las ventajas que proporciona el conocimiento del terreno.
Buena parte de las zonas urbanas afectadas por la violencia presentan asentamientos densamente poblados, calles estrechas, construcciones precarias y trazados complejos. En estos entornos, la movilidad y la identificación de los responsables de los ataques pueden resultar especialmente difíciles.
Quienes conocen cada callejón, cada comunidad y las dinámicas cotidianas de sus habitantes parten con una ventaja frente a fuerzas de seguridad que llegan desde el exterior y desconocen el entorno.
A esto se añade la posibilidad de que algunos integrantes de los grupos armados se mezclen con la población civil, abandonen temporalmente sus armas y se confundan entre los habitantes. Esta circunstancia complica su identificación y aumenta el riesgo de que las operaciones de seguridad afecten a personas inocentes.
El idioma y las diferencias culturales también pueden convertirse en obstáculos. Una fuerza internacional que no comprende el criollo haitiano, desconoce los códigos sociales y carece de vínculos de confianza con las comunidades tendrá mayores dificultades para obtener información fiable.
En consecuencia, la superioridad tecnológica o militar no garantiza por sí sola el éxito. Los equipos modernos, la vigilancia aérea y los sistemas de inteligencia pierden eficacia cuando no están acompañados de conocimiento local, interpretación cultural y cooperación de la población.
La lección de El Salvador y los límites de la comparación
La experiencia salvadoreña bajo el Gobierno de Nayib Bukele suele citarse como ejemplo de una ofensiva contundente contra las pandillas. No obstante, mi fuente advierte que trasladar mecánicamente ese modelo a Haití sería un error.
Las pandillas salvadoreñas desarrollaron formas de identificación y pertenencia que, en determinados contextos, facilitaron su reconocimiento. En Haití, en cambio, la identificación de los integrantes de grupos armados puede depender de información local, investigaciones y labores de inteligencia más complejas que la simple apariencia física.
No es correcto afirmar que todos los haitianos son indistinguibles entre sí ni que las pandillas salvadoreñas eran siempre fácilmente reconocibles. La cuestión fundamental es otra: cada conflicto posee características sociales, territoriales y culturales que condicionan las posibilidades de éxito de una estrategia de seguridad.
También debe considerarse la percepción de las fuerzas extranjeras. Una intervención puede proponerse restablecer el orden y, aun así, ser vista por parte de la población como una presencia ajena, especialmente si no produce mejoras tangibles en la vida cotidiana o si incurre en abusos.
La legitimidad no se consigue únicamente con la capacidad de imponer la fuerza.
El problema de fondo: Haití necesita un Estado
Aquí llegamos al argumento más importante de la reflexión que me comparte mi fuente: derrotar a los grupos armados no equivale a resolver la crisis haitiana.
Haití no carece de identidad nacional ni de historia estatal. Lo que enfrenta es una profunda crisis de funcionamiento institucional, marcada por la debilidad de las autoridades, la pérdida de control territorial, la inseguridad y la incapacidad de garantizar servicios públicos esenciales.
En esas condiciones, incluso una operación de seguridad que consiga recuperar determinados territorios corre el riesgo de producir resultados temporales si no existe una autoridad legítima capaz de ocupar el espacio dejado por los grupos criminales.
¿Quién garantizará la seguridad cuando se retiren las fuerzas internacionales? ¿Quién administrará justicia? ¿Quién mantendrá las carreteras, protegerá las escuelas, pagará a los funcionarios y asegurará que la Policía responda a las necesidades de la ciudadanía?
Sin respuestas concretas a estas preguntas, la recuperación territorial puede convertirse en una pausa antes de una nueva crisis.
Mi fuente plantea que una intervención militar de gran escala podría ser necesaria para imponer el control territorial. Incluso menciona, como hipótesis extrema, una operación de decenas de miles de efectivos. Sin embargo, semejante planteamiento debe examinarse con rigor: una intervención de esa magnitud tendría enormes costos humanos, políticos, financieros y diplomáticos, además de importantes implicaciones para la soberanía haitiana.
La cantidad de soldados no sustituye la estrategia política. Tampoco garantiza la reconstrucción institucional. La experiencia internacional demuestra que las operaciones militares pueden neutralizar amenazas inmediatas, pero no crean automáticamente gobiernos legítimos ni instituciones funcionales.
Por ello, cualquier estrategia debe combinar seguridad, fortalecimiento de la Policía y la justicia, protección de los civiles, control responsable de las armas, cooperación internacional y recuperación de la capacidad administrativa del Estado.
Ganar una operación no es ganar la paz
La historia reciente de Haití ofrece suficientes motivos para desconfiar de las soluciones que se limitan a desplegar fuerzas extranjeras sin asegurar la continuidad institucional. La retirada de una misión internacional no debería significar que el país vuelve a quedar a merced de los grupos armados.
El desafío consiste en construir condiciones para que las instituciones haitianas puedan asumir de manera sostenible las responsabilidades de seguridad y gobierno.
La reflexión de mi fuente europea merece consideración, no porque su clasificación de los grupos armados deba aceptarse sin debate, sino porque plantea una pregunta fundamental: ¿estamos diseñando las respuestas adecuadas para la amenaza que realmente existe?
Tal vez algunos de estos grupos deban analizarse como organizaciones criminales con capacidades paramilitares o características de guerrilla urbana, en lugar de reducirlos a simples pandillas. La denominación debe responder a evidencias sobre su estructura, organización, armamento y comportamiento operativo.
Pero, más allá de la discusión terminológica, la conclusión permanece: si la intervención consigue derrotar a los grupos armados y no contribuye a reconstruir el Estado, habrá ganado una batalla sin resolver la guerra.
Haití necesita seguridad, pero también instituciones legítimas, justicia, servicios públicos y oportunidades económicas. Necesita recuperar el territorio, pero, sobre todo, recuperar la capacidad de gobernarlo con mano diestra y firme.
Porque cuando las armas callan y no existe un Estado capaz de garantizar la paz, el vacío vuelve a llenarse. Y quienes regresan para ocuparlo pueden ser los mismos que fueron expulsados.
