Por Ynocencio Vargas Encarnacion
Cuando cambiar los nombres no necesariamente cambia la realidad
En la política dominicana existe una práctica que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una especie de ritual: cuando la sociedad reclama resultados, el Gobierno anuncia cambios de funcionarios.
Se sustituyen ministros, directores, asesores o titulares de determinadas instituciones y, casi inmediatamente, aparece la expectativa de que algo nuevo está por comenzar.
Pero aquí surge una pregunta que merece ser formulada con seriedad, ¿cambiar funcionarios significa realmente cambiar el rumbo de la administración pública?
El Gobierno del presidente Luis Abinader ha realizado diversas modificaciones en su estructura durante 2025 y 2026. En enero de 2026, por ejemplo, los decretos 1-26, 2-26, 3-26 y 6-26 produjeron una importante reorganización del tren gubernamental. La propia Presidencia explicó que las modificaciones buscaban alinear equipos, fortalecer la gestión y relanzar sectores estratégicos.
También se han producido movimientos posteriores en instituciones de seguridad y otras áreas del Estado. El registro oficial de decretos muestra, entre otros, cambios en la Policía Nacional y nuevas designaciones en distintas instituciones públicas.
Los cambios administrativos son normales en cualquier gobierno. Un presidente tiene la facultad constitucional de designar y remover funcionarios cuando considere que determinada gestión necesita ser corregida, fortalecida o reorientada. El problema comienza cuando el cambio de personas se convierte en sustituto de la solución de los problemas y ahí aparece lo que podríamos llamar el placebo político.
El placebo. la sensación de que algo está cambiando.
En medicina, un placebo puede producir la percepción de mejoría sin atacar necesariamente la causa fundamental del problema. En política puede ocurrir algo parecido: se anuncia un cambio visible, la ciudadanía percibe movimiento y durante un tiempo se genera la impresión de que el Gobierno está reaccionando.
Pero una administración pública no se transforma simplemente porque una persona abandone un despacho y otra ocupe su lugar, cambiar al ministro no necesariamente cambia la política pública, cambiar al director no necesariamente cambia la institución, cambiar al funcionario no necesariamente cambia la burocracia, cambiar el nombre de quien firma los documentos no necesariamente modifica la vida de quien espera una solución.
El verdadero debate no debería ser solamente quién salió y quién llegó, sino qué cambiará concretamente a partir de esa designación, los movimientos realizados por el Gobierno han sido presentados oficialmente como parte de una estrategia para fortalecer la gestión y alcanzar objetivos de transformación institucional.
La oposición y la ciudadanía, sin embargo, tienen legítimo derecho a evaluar si esos cambios producen resultados verificables.
Porque en una democracia madura, los gobiernos no deben ser evaluados por la cantidad de decretos que emiten, sino por la calidad de las soluciones que producen.
El problema no siempre está en el funcionario.
Uno de los errores más frecuentes de la política dominicana consiste en personalizar demasiado los problemas institucionales, si una institución funciona mal, inmediatamente buscamos al director, si un programa no alcanza los resultados esperados, buscamos al ministro.
Si existe una crisis sectorial, buscamos al responsable de turno.
Naturalmente, existen funcionarios incompetentes, negligentes o que sencillamente no cumplen con las expectativas del cargo. En esos casos, sustituirlos puede ser necesario, pero existen problemas que son mucho más profundos, una institución puede tener un buen director y continuar funcionando deficientemente si tiene procesos burocráticos ineficientes, sistemas tecnológicos atrasados, estructuras duplicadas, falta de coordinación, ausencia de indicadores de desempeño o una cultura institucional resistente al cambio.
La pregunta fundamental debe ser, ¿estamos cambiando funcionarios o estamos transformando instituciones?, la diferencia es enorme, un cambio de funcionario puede producir una noticia, una reforma institucional produce resultados, un nombramiento genera titulares, una política pública efectiva genera bienestar, una ceremonia de juramentación dura minutos.
La transformación de una institución puede requerir años de planificación, evaluación, inversión, controles y seguimiento.
La política del anuncio, la República Dominicana ha desarrollado una cultura política profundamente vinculada al anuncio, se anuncia una obra, se anuncia una reforma, se anuncia un nuevo funcionario, se anuncia una comisión, se anuncia una investigación, se anuncia un proyecto.
Pero el ciudadano común no vive de anuncios. Vive de resultados.
El ciudadano quiere saber si conseguirá una cita médica a tiempo, si su hijo recibirá una educación de calidad, si podrá transportarse con seguridad, si encontrará empleo digno, si la justicia funcionará, si los servicios públicos responderán y si sus impuestos se convertirán en mejores condiciones de vida.
Ahí es donde debe medirse la gestión.
El Gobierno ha defendido su reorganización administrativa como parte de una agenda de reformas, planificación estratégica y proyectos de impacto nacional. Esa explicación debe ser sometida al examen natural de toda democracia: los resultados, porque una democracia saludable no exige que un Gobierno sea perfecto. Exige que pueda ser evaluado.
El peligro de reciclar funcionarios, otro aspecto que merece discusión es el movimiento de funcionarios de una institución a otra, en los cambios registrados durante el segundo mandato de Abinader se observan casos de funcionarios que pasaron de una posición relevante a otra. Por ejemplo, Eduardo Sanz Lovatón pasó de la Dirección General de Aduanas al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, mientras Nelson Arroyo asumió la Dirección General de Aduanas y Víctor Bisonó pasó al Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
