Por. Samuel Guzmán B.
La designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez García como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) abre una nueva oportunidad para enfrentar uno de los problemas que más afecta la calidad de vida de los dominicanos: el caos del tránsito y la creciente dificultad para movilizarse por las principales ciudades del país.
El presidente Luis Abinader designó a Méndez mediante el Decreto 551-26, en sustitución de Milton Morrison. El nuevo titular del INTRANT llega a esta posición después de más de dos décadas al frente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), donde desarrolló una reconocida experiencia en coordinación interinstitucional, manejo de crisis y respuesta ante situaciones complejas.
Precisamente esa experiencia puede convertirse en una de sus principales fortalezas. El problema del tránsito dominicano también es una emergencia, aunque de naturaleza diferente. Es una emergencia cotidiana que consume miles de horas de trabajo, genera pérdidas económicas, aumenta el estrés de la población, incrementa el consumo de combustible y afecta la productividad de empresas y trabajadores.
Los tapones ya dejaron de ser un fenómeno exclusivo de las llamadas horas pico. En el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santiago y otras ciudades importantes, la congestión se presenta prácticamente durante todo el día y, en determinados puntos, incluso durante las horas nocturnas.
La situación obliga a entender que el problema no se resuelve únicamente colocando más agentes en las calles. Tampoco puede solucionarse exclusivamente con cambios en los semáforos, prohibiciones de giros, ampliación de determinadas vías o construcción de nuevas infraestructuras. Se necesita una visión integral del sistema de movilidad.
Una mesa técnica intersectorial
Una de las primeras decisiones que debería adoptar el nuevo director del INTRANT es convocar una Mesa Técnica Nacional para la Movilidad y el Tránsito, con carácter permanente y capacidad para producir soluciones concretas.
Esta mesa debería integrar al INTRANT, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los ayuntamientos, representantes de los sindicatos y operadores del transporte público, técnicos en movilidad urbana, especialistas en ingeniería de tránsito, representantes del sector empresarial y otros actores directamente vinculados con el transporte y la infraestructura vial.
No se trata de crear otra comisión para producir reuniones y documentos que terminen archivados. La mesa debe funcionar como un verdadero centro de coordinación técnica, con información compartida, responsabilidades definidas, cronogramas y metas verificables.
La experiencia del general Méndez en el COE demuestra precisamente el valor de coordinar instituciones diferentes alrededor de un objetivo común. En el tránsito hace falta aplicar esa misma metodología: que cada institución deje de mirar el problema desde su propia parcela y que todas trabajen sobre un mismo mapa de movilidad.
Primero hay que saber dónde está el problema
El INTRANT debería comenzar con un diagnóstico nacional de los principales puntos de congestión. Hay que identificar cuáles son los cruces que generan mayores retrasos, qué avenidas reciben más vehículos, dónde se producen los llamados cuellos de botella, cuáles son los horarios de mayor saturación y qué porcentaje del problema corresponde a transporte público, vehículos privados, estacionamiento irregular, carga y descarga, accidentes, semáforos, deficiencias viales o conductas indebidas.
También es indispensable utilizar información en tiempo real. La tecnología debe convertirse en una herramienta para administrar el tránsito y no simplemente en un elemento decorativo de las ciudades.
Los semáforos deben responder al comportamiento real del tráfico. Las rutas del transporte público deben ser estudiadas a partir de la demanda. Los puntos de mayor congestión deben tener vigilancia permanente. Y las decisiones deben apoyarse en datos, no solamente en percepciones.
El propio programa RD se Mueve, implementado anteriormente, mostró que algunas medidas, como la sincronización semafórica y la regulación de determinados giros, pueden producir mejoras puntuales, aunque las quejas ciudadanas evidenciaron que el problema general de los tapones permanecía.
La autoridad debe recuperar las calles
Otro desafío será fortalecer la autoridad. No puede existir un sistema de tránsito organizado si las normas se aplican de manera selectiva o si determinadas conductas son toleradas diariamente.
Estacionarse en lugares prohibidos, bloquear intersecciones, detener vehículos en medio de las vías para recoger pasajeros, ocupar espacios públicos, realizar giros indebidos, circular sin respetar los carriles y detenerse donde se produce una mayor congestión son prácticas que deben enfrentarse con firmeza.
Esto requiere una coordinación estrecha entre el INTRANT y la DIGESETT. El INTRANT debe establecer políticas y estrategias de movilidad, mientras la autoridad encargada de la fiscalización debe contar con instrucciones claras, recursos suficientes y criterios uniformes para hacer cumplir las normas.
No se trata de perseguir al ciudadano. Se trata de establecer un principio elemental: la vía pública pertenece a todos y nadie puede utilizarla de manera que perjudique deliberadamente la movilidad de los demás.
El transporte público debe formar parte de la solución
Tampoco puede hablarse de solucionar el tránsito sin incorporar seriamente a los sindicatos y operadores del transporte público.
Durante años, el debate ha enfrentado a autoridades y transportistas, cuando en realidad deberían sentarse en la misma mesa para buscar soluciones.
Los sindicatos tienen conocimiento práctico de las calles, las rutas, los puntos de mayor demanda y las dificultades que enfrentan diariamente los conductores. Ese conocimiento debe ser incorporado al diseño de las políticas públicas, pero dentro de un marco de regulación, organización y cumplimiento de las normas.
El objetivo debe ser avanzar hacia un transporte público más ordenado, seguro, eficiente y predecible, que incentive a miles de personas a dejar sus vehículos particulares en sus casas.
Porque hay una realidad que no debemos ignorar: no se puede construir suficientes calles para resolver indefinidamente un crecimiento ilimitado del parque vehicular.
Obras Públicas también tiene que estar en la mesa
El Ministerio de Obras Públicas debe jugar un papel fundamental. Hay problemas de tránsito que no se solucionan con agentes ni semáforos porque tienen un origen estrictamente estructural.
Puentes, elevados, distribuidores, retornos, intersecciones, accesos, drenajes, reparación de calles y ampliaciones de determinadas vías forman parte de una política integral de movilidad.
Pero también hay que abandonar la idea de que cada tapón se resuelve construyendo una nueva obra. Antes de invertir grandes cantidades de recursos, debe determinarse científicamente cuál es el problema y cuál es la solución más eficiente.
A veces una modificación geométrica, una señalización correcta, la eliminación de un obstáculo, la reorganización de una parada de transporte o la sincronización de varios semáforos puede producir mejores resultados que una costosa infraestructura.
Un plan de 100 días
El nuevo director del INTRANT debería presentar al país un Plan de Movilidad de los Primeros 100 Días, concentrado inicialmente en las zonas de mayor congestión.
Ese plan podría incluir, entre otras medidas:
- Identificar y atacar los 50 principales puntos de congestión del país.
- Revisar la sincronización de los semáforos en las principales avenidas.
- Eliminar obstáculos que reduzcan innecesariamente la capacidad de las vías.
- Coordinar con Obras Públicas soluciones rápidas para los principales cuellos de botella.
- Establecer corredores de transporte público con mayor organización.
- Regular de manera efectiva las zonas de carga y descarga.
- Combatir el estacionamiento que bloquea carriles e intersecciones.
- Crear un sistema público de indicadores para medir la velocidad promedio y los tiempos de desplazamiento.
- Utilizar tecnología y datos para anticipar y gestionar las congestiones.
- Coordinar con los ayuntamientos una política coherente de estacionamiento y uso de las vías.
- Involucrar permanentemente a los sindicatos y operadores del transporte en la búsqueda de soluciones.
Y, sobre todo, establecer indicadores para que la ciudadanía pueda saber si las medidas están funcionando.
El general Méndez necesita independencia y resultados
Juan Manuel Méndez tiene ahora un desafío muy diferente al que enfrentó durante sus años en el COE. En una emergencia, la población acepta que determinadas medidas sean temporales porque existe una amenaza inmediata. En el tránsito, en cambio, el ciudadano evalúa todos los días la capacidad de las autoridades para hacer que pueda llegar a tiempo a su trabajo, llevar sus hijos a la escuela o regresar a su hogar.
Por eso, el nuevo director necesita respaldo político, pero también independencia técnica. Necesita autoridad para coordinar instituciones, capacidad para exigir resultados y libertad para enfrentar intereses que puedan obstaculizar las soluciones.
La República Dominicana no necesita otra administración que simplemente anuncie operativos contra los tapones. Necesita una política nacional de movilidad.
El general Juan Manuel Méndez tiene ante sí la posibilidad de trasladar al INTRANT una de las mayores fortalezas que desarrolló en el COE: la capacidad de sentar a diferentes instituciones alrededor de una misma mesa y hacerlas trabajar coordinadamente frente a un problema nacional.
Si logra convertir esa experiencia en una verdadera estrategia intersectorial para el tránsito, su llegada al INTRANT podría marcar una diferencia.
El país no espera milagros. Espera orden, planificación, autoridad y resultados.
Porque los dominicanos ya no solamente quieren llegar más rápido a sus destinos. Quieren recuperar algo que los tapones les están quitando todos los días: su tiempo.
