Por Natanael de los Santos.
El gobierno de Luis Abinader firmó el Decreto 309-26 para crear la Comisión Ejecutiva de Transformación Educativa, un órgano encargado de diseñar un anteproyecto de ley orgánica que, por primera vez, integre la educación inicial, media, técnica y superior con la ciencia, la tecnología y la innovación.
La medida llega en un momento crítico: el 4% del PIB destinado a educación no se refleja en mejores resultados de aprendizaje ni en la capacidad del país para suplir la creciente demanda de talento técnico en las zonas francas, la agroindustria y el sector tecnológico. Cada año, miles de jóvenes egresan de los liceos sin una vía clara hacia el empleo formal. Este decreto abre una ventana de oportunidad, aunque persiste la duda de si la comisión logrará romper el ciclo de reformas que se quedan en el papel.
La comisión está integrada por funcionarios de alto nivel los incumbentes del MINERD, MESCyT, MAP e INFOTEP junto a expertos designados por el presidente. Su mandato es diseñar un anteproyecto de ley orgánica de educación integral, sin plazo definido aún, que conecte el sistema educativo con las necesidades productivas, tecnológicas y sociales del país.
El problema es evidente: tras años de inversión equivalente al 4% del PIB, los resultados en pruebas internacionales como PISA siguen siendo bajos y la empleabilidad limitada. Según el Banco Mundial (2025), el 22% de los jóvenes entre 15 y 24 años ni estudia ni trabaja. Además, las empresas de zonas francas y tecnología insisten en que no encuentran suficiente talento técnico local.
Durante el gobierno de Danilo Medina se construyeron más de 20,000 aulas, una mejora en infraestructura significativa, que bueno que se hizo, sin embargo, ese no es solo el problema de la educación, aún hay mucho por resolver. Ahora, el presidente Abinader necesita dejar su huella en educación para cumplir con el prometido “cambio” que la sociedad espera ver convertido en realidad y no solo en discurso.
La sociedad dominicana requiere un verdadero cambio educativo. Muchos de los grandes males nacionales están vinculados a la falta de educación: el deficiente manejo de residuos sólidos, la alta tasa de embarazos adolescentes, los problemas de tránsito, la ausencia de visión sostenible y la escasa responsabilidad ciudadana hacia el medio ambiente y la falta de civismo, son males corregibles con educación. Elevar los niveles educativos podría contribuir a resolver estos desafíos.
El modelo educativo debe repensarse no solo para proveer mano de obra calificada a la industria, sino también para transformar los comportamientos sociales y fortalecer la construcción de un mejor país. En algunos países asiáticos, por ejemplo, la educación formal se concentra en cinco áreas estratégicas idiomas, tecnología, negocios internacionales, historia universal y ciencias aplicadas estrictamente vinculadas a su modelo productivo. No buscan únicamente resultados en pruebas como PISA, sino responder a las necesidades reales de su nación.
La República Dominicana necesita una educación que reduzca los accidentes de tránsito, que mejore el manejo de residuos desde los hogares y que prepare ciudadanos responsables y productivos. Si la comisión entrega un anteproyecto en 2027, el Congreso lo aprueba y el presupuesto lo respalda, el país podría tener por primera vez un sistema educativo coherente. De lo contrario, será otro decreto más en la lista. La diferencia estará en la presión pública y en la disposición de los actores a ceder control.
Para lograr lo antes propuesto deben determinar el papel que han de jugar los docentes que, por razones varias, sabemos que muchos de ellos, no clarifican para un nuevo modelo que pretenda ser eficiente y eficaz. Porque sabemos muy bien que el 4% del PIB invertido en educación no basta: la reforma debe demostrar que puede cambiar vidas y no solo llenar discursos.
