SANTO DOMINGO. Este domingo, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió las medidas de coerción contra los implicados en el caso de presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SENASA), investigado bajo la denominada Operación Cobra.
La audiencia, que inició con la exposición de alegatos por parte del Ministerio Público y las defensas de los imputados, se extendió por varias horas antes de que el juez Rigoberto Sena anunciara su decisión.
El Procurador Adjunto General y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, calificó la decisión como “histórica” debido a la gravedad de los hechos atribuidos a la supuesta estructura criminal que habría desfalcado al organismo estatal de salud.
Medidas dictadas por el tribunal
Todos los imputados fueron privados de libertad, acogiendo así la solicitud del Ministerio Público ante la presunta dimensión de los delitos investigados.
La acusación incluye delitos como desfalco, corrupción administrativa, estafa contra el Estado, lavado de activos, asociación de malhechores y falsificación de documentos, entre otros, informados por el órgano persecutor en su solicitud de medidas.
El caso tiene un impacto económico estimado en más de RD$15,900 millones presuntamente sustraídos al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud.
Reacciones y contexto
Durante la audiencia, tres de los acusados habrían admitido ante el juez haber pagado sobornos a funcionarios de SENASA, colaborando con la investigación del Ministerio Público.
Por su parte, los abogados defensores, incluida la defensa del exdirector de SENASA Santiago Hazim, expresaron confianza en el debido proceso y señalaron su desacuerdo con algunas de las solicitudes presentadas por el órgano acusador, solicitando criterios más equitativos de coerción.
Antecedentes de la investigación
La investigación por corrupción en SENASA, que se mantiene en curso, ha sido objeto de auditorías reforzadas por parte de la Cámara de Cuentas, mientras que defensores de los imputados han señalado públicamente que aún podrían existir más involucrados en el entramado investigado.
El Ministerio Público también ha indicado que la red supuestamente captó miles de millones en sobornos para su enriquecimiento personal a costa de los fondos del Estado y que se espera avanzar con nuevas fases de la investigación.
