Santo Domingo, República Dominicana — El Apóstol Johnnie Martínez, director de la Pastoral Política de la Mesa de Diálogo, declaró hoy que la Sentencia 01225/25 del Tribunal Constitucional constituye “un precedente preocupante para la democracia dominicana”, advirtiendo que “no puede verse como un simple acto jurídico”.
Martínez afirmó que esta decisión del Tribunal “definió quién puede hablar en la República Dominicana y quién debe permanecer en silencio”. Señaló que, aunque se abrió la participación bajo la figura del amicus curiae, dicha apertura “no fue para todos” ya que las iglesias fueron excluidas.
El director de la Pastoral Política recordó que la figura del amicus curiae existe para enriquecer el debate democrático, no para restringirlo. Sin embargo, aseguró que en este proceso “la balanza se inclinó”.
Martínez enfatizó que Human Rights Watch, organización con un historial de incidencia en favor de la agenda GLBT, fue admitida en el proceso mientras que sectores nacionales clave quedaron excluidos. Recordó que dicha organización ha Condenado la ley de Uganda que regulaba la agenda GLBT presionado diplomáticamente contra un proyecto similar en Ghana, acompañado procesos en Belice para despenalizar conductas homosexuales.
“Y mientras ellos entraron, quienes representamos a millones de dominicanos fuimos excluidos”, afirmó Martínez, afirmó citando entre los sectores marginados: Las Iglesias evangélicas y católicas, Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
“Eso no es neutralidad institucional. Eso es una inclinación evidente del proceso”, declaró.
Martínez aseguró que esta exclusión contradice principios fundamentales de la Constitución dominicana, específicamente: Art. 45: Libertad de culto, Art. 49: Libertad de expresión y participación, Art. 74.4: Igualdad y razonabilidad y el Art. 216: Derecho a incidir en la vida democrática.
“Pero a nosotros se nos aplicó una doctrina implícita: ‘Ustedes no cuentan.’ Ese mensaje no aparece escrito, pero se escucha claro entre líneas”, manifestó.
El líder de la Pastoral Política afirmó que esta decisión no debe interpretarse como un simple tecnicismo legal. “Cuando se excluye a las Iglesias la comunidad social más numerosa del país, se está intentando redefinir culturalmente la nación”.
Martínez dijo hablar no solo como líder religioso, sino como dominicano consciente de “lo que está en juego para el presente y futuro del país”.
La Mesa del Diálogo anunció que presentará este caso ante la Comisión de Libertades Religiosas de los Estados Unidos.
“Más de 2.5 millones de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de origen dominicano viven allá. Cualquier intento de alterar la formación cristiana, promover ideologías extremistas de izquierda, introducir un socialismo ateo en las escuelas o moldear la conciencia de nuestros niños no solo afecta a la República Dominicana. Afecta también a la diáspora dominicana… influyendo en su vida espiritual, su representación, sus elecciones y su futuro”, explicó Martínez.
“Lo que está pasando aquí tiene repercusiones allá”, añadió.
Martínez enfatizó que el reclamo de las Iglesias no es por beneficios ni ventajas, sino por igualdad de participación: “Pedimos el mismo derecho que se les concedió a otros. Pedimos ser escuchados, respeto institucional y justicia procesal”.
Aseguró que “una democracia que excluye voces cristianas no es plena, no es justa y no es estable”.
Finalmente, Martínez afirmó: “Hoy abrimos nuestra boca porque a un sector entero del país se la cerraron. Y no dejaremos de hablar. Ni hoy, ni mañana, ni nunca.”
