Por. Samuel Guzmán B.
En los últimos meses, distintas comunidades han expresado una inquietud creciente: la imposición de cobros por utilizar espacios públicos para tomar fotografías y la prohibición de actividades tradicionales como el dominó, las cartas o simples juegos de manos. Estas medidas, adoptadas por algunas autoridades locales, han encendido un debate sobre el verdadero sentido de lo público y el derecho de la ciudadanía a ocupar y convivir en estos espacios.
Los parques, plazas y malecones no son propiedad simbólica del Estado: son propiedad real de la ciudadanía, construídos y mantenidos con fondos públicos para el disfrute colectivo. Cuando se cobra por entrar a un parque para hacer una sesión de fotos —una actividad pacífica, cultural y en muchos casos artística— lo que en realidad se está haciendo es restringir una libertad natural. Y cuando se prohíben juegos tradicionales por considerarlos “ruidosos” o “inadecuados”, se limita una expresión social que ha formado parte del entramado comunitario durante generaciones.
Estas decisiones transmiten un mensaje peligroso: que lo público es un privilegio y no un derecho. Y ese es un camino que pavimenta la privatización silenciosa de la vida cotidiana. La línea entre regular y prohibir es delgada, pero fundamental. Las autoridades sí tienen la responsabilidad de ordenar el espacio común, pero ese orden nunca debe convertirse en un filtro económico o cultural que excluya a quienes dan vida a esos lugares.
Detrás de estas medidas existe también un problema de enfoque. En lugar de promover un uso responsable y diverso de los espacios públicos, se opta por un modelo restrictivo, que empobrece la convivencia y corta de raíz expresiones populares que, lejos de ser un problema, suelen ser un puente entre generaciones. El dominó, las fotos, los encuentros improvisados, los juegos de cartas: todas estas prácticas construyen comunidad.
Lo que la población reclama no es desorden; es respeto. Respeto por su derecho a reunirse sin pagar, por su derecho a expresarse sin trabas y por su derecho a ocupar los espacios que por naturaleza son suyos. La gestión pública debe ser garante de accesibilidad, no administradora de barreras.
Si los espacios públicos se vuelven zonas de cobro o se regulan bajo criterios que excluyen actividades tradicionales, dejan de ser públicos y se transforman en vitrinas controladas, donde la ciudadanía es visitante y no protagonista.
El caso más reciente conocido tiene que ver con las regulaciones de las autoridades del Parque Mirador Sur en el Distrito Nacional. Según un comunicado dado a conocer por las redes sociales, sus autoridades emitieron un reglamento que regula el uso de dicho parque. En ese mismo parque se prohíbe el jugar domino, hecho confirmado por un equipo de Evidencias que se encontraba en el mismo cuando a una familia que compartía sanamente en el mismo. A partir dicho comunicado se limita el trabajo de los fotógrafos, los cuales ahora tendrán que pagar por las sesiones fotográficas. Igual hacen otros parques como el Iberoamérica, el Zoológico Nacional y el Jardin Botánico.
Las autoridades tienen ahora la oportunidad de rectificar, escuchar y replantear. Abrir el diálogo, revisar normativas y recordar una verdad sencilla: lo público es para todos, sin excepciones. Cuidar un parque no es cerrarlo; es llenarlo de vida. Y la vida en comunidad no se sostiene a base de restricciones, sino de confianza y participación.
