El mundo debe entender la dimensión del conflicto haitiano. El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, ha asumido un compromiso militar que merece reconocimiento, mientras República Dominicana enfrenta las consecuencias de una crisis que no puede seguir siendo ignorada.
Por Samuel Guzmán B.
Lo que está ocurriendo en Haití merece una lectura mucho más profunda de la que habitualmente encontramos en los titulares de los medios. Durante años hemos escuchado hablar de pandillas, bandas criminales y grupos armados que mantienen secuestrada a la población haitiana. Sin embargo, considero que ha llegado el momento de llamar la atención sobre una realidad que parece estar siendo subestimada: Haití no enfrenta únicamente un problema convencional de delincuencia organizada; enfrenta estructuras armadas que han desarrollado características propias de una guerrilla urbana.
No es una afirmación que deba hacerse a la ligera. Una guerrilla, en su concepción tradicional, responde a una organización armada con objetivos políticos o revolucionarios. No existe evidencia suficiente para atribuir ese propósito a todas las organizaciones que operan en Haití. Pero cuando observamos su capacidad de coordinación, ocupación territorial, utilización de armamento de alto poder, ataques contra instalaciones militares y policiales y confrontación directa con las autoridades, encontramos elementos que van mucho más allá de lo que normalmente entendemos por pandillas.
La coalición Viv Ansanm (vivir juntos), 400 Mawozo, Boston, Canaan y Kraze Baryé, entre otras organizaciones armadas han demostrado que tienen capacidad para disputar el control de territorios, paralizar actividades económicas, cerrar vías de comunicación y desafiar abiertamente a las instituciones haitianas.
En lo que va del año 2026, se estima que al menos 5.700 personas murieron o resultaron heridas debido a la violencia armada de las pandillas
Cuando una organización criminal tiene capacidad para poner en jaque a un Estado, el problema deja de ser exclusivamente policial. Estamos ante una crisis de seguridad nacional, gobernabilidad y estabilidad regional.
La comunidad internacional debe revisar su interpretación de lo que sucede en Haití. No estamos hablando simplemente de grupos de jóvenes delincuentes enfrentados por el control de determinados barrios. Estamos hablando de organizaciones que han desarrollado estructuras de mando, mecanismos de financiación, acceso a armas y capacidad para coordinar acciones simultáneas.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes financian estas organizaciones?, ¿de dónde proceden sus armas?, ¿qué intereses políticos y económicos se benefician de la permanencia del caos?
Mientras no se respondan esas preguntas, cualquier estrategia de pacificación corre el riesgo de quedarse en acciones temporales.
Haití necesita recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, reconstruir sus instituciones y devolverle a sus ciudadanos el derecho a vivir sin miedo.
El Salvador y Bukele: un compromiso que merece reconocimiento
En medio de este panorama, merece especial atención el papel que ha asumido la República de El Salvador bajo el liderazgo de su presidente, Nayib Bukele.
El Salvador, que durante décadas enfrentó una grave problemática de violencia asociada a organizaciones criminales, decidió involucrarse en los esfuerzos internacionales para contribuir a la recuperación de la seguridad en Haití.
La participación salvadoreña comenzó con el envío de personal especializado, apoyo aéreo y capacidades para evacuaciones médicas. Posteriormente, el país amplió su presencia y, tras la emboscada en la que desaparecieron cuatro técnicos militares salvadoreños en octubre de 2026, el presidente Bukele anunció un despliegue extraordinario de fuerzas para apoyar las operaciones de búsqueda y seguridad.
Los reportes internacionales de finales de octubre situaron ese despliegue en aproximadamente 2,000 efectivos, con posibilidades de alcanzar hasta 2,500.
Esta decisión representa un compromiso importante y expone a los militares salvadoreños a riesgos considerables en un escenario de confrontación urbana sumamente complejo.
Es justo reconocer la disposición de El Salvador de no limitarse a observar desde la distancia una crisis que amenaza la estabilidad del Caribe. También merece reconocimiento el sacrificio de los hombres y mujeres de sus Fuerzas Armadas que participan en estas operaciones.
El liderazgo de Bukele ha colocado sobre la mesa una discusión que merece atención internacional: la necesidad de enfrentar con determinación a las organizaciones criminales que someten a las sociedades y debilitan las instituciones.
Sin embargo, hay que entender que la realidad haitiana tiene características propias. Las estrategias aplicadas en El Salvador no pueden trasladarse mecánicamente a Haití. La geografía, la debilidad institucional, las redes económicas ilegales y las condiciones sociales haitianas requieren una estrategia adaptada a esa realidad.
Reconocer el compromiso salvadoreño también implica exigir que las operaciones cuenten con inteligencia suficiente, coordinación internacional, protección de civiles y mecanismos de rendición de cuentas.
República Dominicana: una frontera que no admite indiferencia
Para los dominicanos, la crisis haitiana no es un conflicto distante. Compartimos una isla y una frontera terrestre. Por eso, cualquier deterioro de la seguridad en Haití representa un desafío para nuestra propia estabilidad.
República Dominicana ha tenido que fortalecer sus controles fronterizos, adoptar medidas de seguridad y asumir importantes responsabilidades frente a las consecuencias de la crisis.
También ha contribuido a los esfuerzos internacionales mediante facilidades logísticas, apoyo médico y cooperación para el traslado de contingentes y equipos. En abril de 2026, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nuestro país destacó su respaldo financiero, operativo y logístico a la misión internacional.
Esa colaboración demuestra que la estabilidad haitiana también es un asunto de interés dominicano.
No obstante, debemos dejar algo muy claro: República Dominicana no puede convertirse en responsable de resolver por sí sola un problema que tiene dimensiones internacionales.
La comunidad internacional, particularmente los países con mayor capacidad económica, política y militar, debe asumir una responsabilidad proporcional a la magnitud de esta tragedia.
Nuestra nación tiene el derecho soberano de proteger su territorio, defender sus instituciones y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
No basta con enviar soldados: hay que recuperar Haití
La presencia militar internacional puede contribuir a restablecer condiciones mínimas de seguridad, pero no será suficiente si no existe una estrategia política e institucional que permita reconstruir el Estado haitiano.
Hay que desmantelar las redes financieras que sostienen a las organizaciones armadas, controlar el tráfico ilegal de armas, perseguir a quienes las financian y fortalecer la Policía Nacional y las instituciones de justicia.
También es necesario garantizar que las operaciones militares respeten los derechos fundamentales de la población civil, especialmente de los niños, las mujeres y las familias que han quedado atrapadas en medio de la violencia.
Haití necesita seguridad, pero también necesita instituciones, oportunidades económicas, educación y un liderazgo político capaz de conducir al país hacia una salida democrática.
Una reflexión final
El drama haitiano no puede continuar siendo tratado como un problema recurrente de pandillas. La dimensión de la violencia, el control territorial de las organizaciones armadas y su capacidad para desafiar al Estado obligan a utilizar una mirada más amplia: estamos ante una confrontación urbana de características insurgentes, aunque sus protagonistas respondan principalmente a intereses criminales.
El esfuerzo de El Salvador y el compromiso asumido por Nayib Bukele merecen ser reconocidos, especialmente por el riesgo que están enfrentando sus militares en territorio haitiano. Pero ese esfuerzo debe formar parte de una estrategia internacional coherente, con objetivos definidos y garantías para la población.
La historia juzgará la capacidad de la comunidad internacional para responder a esta tragedia. Y los dominicanos debemos comprender que la estabilidad de Haití no es solamente una aspiración de nuestros vecinos: es también una condición importante para la seguridad y la tranquilidad de toda la isla.
Haití necesita recuperar su Estado. No se puede construir una nación donde las armas tengan más autoridad que las instituciones, donde los grupos criminales decidan el destino de millones de personas y donde el miedo se haya convertido en una forma de gobierno.
El tiempo de las declaraciones debe dar paso a soluciones concretas.
