Por Samuel Reyes Raposo
“No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo”. — Eclesiastés 3:22
La delincuencia continúa siendo una de las preocupaciones más importantes de la sociedad dominicana. Aunque los indicadores oficiales muestran avances en la reducción de los homicidios, persisten interrogantes fundamentales sobre las causas de la criminalidad, la reincidencia, la participación de jóvenes en actividades delictivas y la capacidad del Estado para prevenir el delito antes de que se produzca.
En octubre de 2026, la Policía Nacional informó que la tasa acumulada de homicidios se situaba en 7.29 por cada 100,000 habitantes, al corte del 9 de octubre. Esta cifra representa una disminución del 16.6 % respecto al mismo período de 2025 y una reducción significativa frente a los niveles registrados en años anteriores. Sin embargo, una disminución de los homicidios no significa que todos los delitos evolucionen de la misma manera ni que hayan desaparecido los problemas de inseguridad ciudadana.
Estas estadísticas nos obligan a mirar el fenómeno criminal con mayor profundidad. No basta con contar los delitos cometidos; también debemos investigar por qué ocurren, qué condiciones los favorecen, quiénes tienen mayor probabilidad de reincidir y cuáles intervenciones pueden reducir efectivamente su incidencia.
La delincuencia y sus múltiples explicaciones
Desde la criminología, la conducta delictiva no puede explicarse mediante una sola causa. Existen distintas corrientes teóricas que, lejos de ser necesariamente excluyentes, ayudan a comprender diferentes dimensiones del comportamiento criminal.
Una primera perspectiva pone énfasis en la responsabilidad individual. Las personas toman decisiones y, en determinadas circunstancias, deciden infringir la ley aun cuando conocen las consecuencias. Desde la teoría de la elección racional, el individuo puede valorar los beneficios que espera obtener frente a los riesgos de ser descubierto, procesado y sancionado.
No obstante, sería simplista afirmar que todas las personas respetan la ley únicamente por temor al castigo o al rechazo social. También influyen la educación moral, los vínculos familiares, la empatía, las normas comunitarias y la confianza en las instituciones. Además, la certeza de que un delito será detectado suele ser un elemento disuasorio importante; aumentar las penas por sí solo no garantiza una reducción de la criminalidad.
Una segunda perspectiva comprende las explicaciones científicas del comportamiento delictivo. La criminología contemporánea estudia factores individuales, familiares, psicológicos, sociales y ambientales, así como la interacción entre ellos. Examina, por ejemplo, la exposición temprana a la violencia, el consumo problemático de sustancias, la influencia de determinados grupos de pares, la impulsividad y las experiencias de victimización.
Es importante precisar que identificar factores de riesgo no significa afirmar que una persona esté predestinada a delinquir. La investigación criminológica no busca etiquetar a los individuos como criminales antes de que cometan un delito, sino identificar circunstancias que puedan abordarse mediante intervenciones preventivas.
Una tercera perspectiva dirige su atención a las desigualdades, la exclusión social y las oportunidades legítimas disponibles para la población. Desde las teorías de la tensión social, la asociación diferencial y el aprendizaje social, se estudia cómo la frustración, la presión del entorno y el contacto con personas que normalizan las conductas delictivas pueden influir en determinadas decisiones.
Cuando un joven encuentra barreras persistentes para estudiar, conseguir un empleo digno o desarrollar un proyecto de vida, puede experimentar una sensación de exclusión que lo haga más vulnerable a determinadas influencias. En algunos entornos, las redes criminales aprovechan precisamente esas necesidades y ofrecen dinero inmediato, pertenencia, reconocimiento o una aparente vía de movilidad económica.
Esto no significa que la pobreza produzca delincuentes ni que los jóvenes sin empleo sean criminales potenciales por definición. La inmensa mayoría de las personas que atraviesan dificultades económicas no delinque. La cuestión criminológica consiste en comprender por qué algunas personas, bajo determinadas condiciones, terminan involucrándose en actividades ilegales mientras otras, aun enfrentando circunstancias similares, no lo hacen.
Juventud, desempleo y exclusión social
El desempleo juvenil es uno de los principales factores relacionados con la delincuencia en nuestro país. Esa preocupación es relevante, pero hoy debemos abordarla con estadísticas más precisas y una interpretación menos simplista.
La Oficina Nacional de Estadística, utilizando datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central, reportó que la proporción de jóvenes de 15 a 24 años que no estudiaban, no trabajaban ni recibían capacitación fue del 13.2 % en 2023. Esta cifra permite dimensionar una parte del problema, aunque debe distinguirse de las tasas de desempleo juvenil, que se calculan sobre la población económicamente activa y utilizan un denominador diferente.
También es importante recordar que el término «nini» describe una situación estadística, no una identidad personal ni una predisposición criminal. Detrás de esa categoría puede haber jóvenes que buscan empleo, personas que realizan trabajos domésticos y de cuidado no remunerados, madres adolescentes, jóvenes con dificultades de acceso a la educación o personas que han dejado de buscar oportunidades después de repetidos fracasos.
Por eso, una política pública seria no debe limitarse a contabilizar a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Debe identificar quiénes son, dónde viven, qué obstáculos enfrentan, qué formación necesitan y cuáles oportunidades pueden facilitar su incorporación al sistema educativo o al mercado laboral.
El desafío consiste en crear empleos productivos, ampliar la educación técnica, fortalecer la formación profesional y facilitar el acceso al primer empleo. Un puesto de trabajo no solo proporciona ingresos: también puede ofrecer estructura, responsabilidades, relaciones sociales positivas, autonomía y expectativas de futuro.
La cita de Eclesiastés que encabeza este artículo adquiere aquí un significado especial. El trabajo digno puede contribuir al bienestar individual y colectivo, pero para que cumpla esa función debe ser accesible, justamente remunerado y compatible con una vida digna. No basta con pedir a los jóvenes que trabajen; la sociedad debe crear condiciones reales para que puedan hacerlo.
El riesgo del reclutamiento por redes delictivas
La exclusión económica y social también puede ser aprovechada por grupos criminales que necesitan nuevos integrantes para mantener sus actividades. Estos grupos pueden reclutar a jóvenes mediante promesas de dinero fácil, protección, prestigio o pertenencia, especialmente cuando existen vínculos previos con personas involucradas en delitos.
La criminología permite comprender este proceso mediante la teoría del aprendizaje social y la asociación diferencial: determinados comportamientos pueden aprenderse y reforzarse dentro de grupos donde la actividad delictiva se presenta como normal, rentable o aceptable.
El reclutamiento no depende exclusivamente del desempleo. También puede relacionarse con la deserción escolar, la violencia en el hogar, la ausencia de supervisión adulta, la disponibilidad de armas, los mercados ilegales y la debilidad de las redes comunitarias de apoyo. En ocasiones, el propio entorno criminal genera amenazas y coerción que dificultan la salida de quienes desean abandonarlo.
La migración merece un análisis igualmente cuidadoso. Algunos dominicanos emigran por razones económicas y otros por motivos familiares, educativos o personales. En contextos donde los inmigrantes encuentran barreras legales, laborales o lingüísticas, pueden aumentar su exposición a la explotación y a determinadas redes ilícitas. Sin embargo, no sería correcto generalizar esta situación ni asociar la nacionalidad dominicana con la delincuencia.
La respuesta debe orientarse a combatir las redes criminales, proteger a las personas vulnerables y facilitar vías legales de integración, no a estigmatizar a comunidades enteras.
¿Qué nos dicen las estadísticas actuales de seguridad?
Las cifras oficiales deben analizarse sin triunfalismo, pero también sin ignorar los avances registrados.
Al 9 de octubre de 2026, la tasa acumulada de homicidios en la República Dominicana se situaba en 7.29 por cada 100,000 habitantes, según la Policía Nacional. La institución reportó una reducción interanual del 16.6 % y una disminución del 44.8 % respecto a la tasa de 13.20 registrada en 2022.
Estos datos reflejan una evolución favorable de la violencia letal, pero no permiten concluir, por sí solos, que todas las formas de delincuencia hayan disminuido en igual proporción. Los homicidios, los robos, las extorsiones, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y las estafas requieren indicadores específicos y estrategias diferenciadas.
Además, las denuncias registradas no siempre reflejan la totalidad de los delitos cometidos. El temor a denunciar, la desconfianza en las autoridades y las dificultades para acceder a los mecanismos de protección pueden generar una diferencia entre la criminalidad real y la que aparece en las estadísticas oficiales.
Por esa razón, el país necesita fortalecer sus sistemas de información criminal, las encuestas de victimización, los estudios sobre reincidencia y las investigaciones que permitan identificar patrones territoriales, horarios, modalidades delictivas y factores de riesgo. La información debe servir para orientar los recursos públicos hacia los problemas concretos de cada comunidad.
El nuevo Código Penal y la necesidad de una justicia eficaz
En un artículo que escribí en 2021 señalé que el Código Penal dominicano, originado en el siglo XIX, no respondía adecuadamente a las conductas y necesidades de la sociedad contemporánea. Desde entonces, se ha producido un cambio legislativo importante.
La Ley núm. 74-25 instituyó un nuevo Código Penal, promulgado en agosto de 2025, que entró en vigor en agosto de 2026. Posteriormente, la Ley núm. 44-26 introdujo modificaciones al texto legal. Por tanto, ya no sería correcto presentar el antiguo Código Penal de 1884 como el único marco penal vigente del país.
Sin embargo, la modernización legislativa no debe confundirse con la solución automática de la delincuencia. Una ley puede actualizar los delitos y las sanciones, pero su eficacia depende también de la capacidad investigativa de la Policía, la calidad de las pruebas, la actuación del Ministerio Público, la independencia judicial, el respeto al debido proceso y la ejecución efectiva de las decisiones judiciales.
La prevención requiere, además, que el sistema de justicia actúe con oportunidad, proporcionalidad y apego a los derechos fundamentales. La impunidad debilita la confianza pública, mientras que los errores judiciales, los abusos y las detenciones arbitrarias perjudican la legitimidad de las instituciones.
No necesitamos escoger entre prevención social y aplicación de la ley. Necesitamos ambas, con responsabilidades claras y resultados evaluables.
Hacia una política de prevención basada en evidencias
Si queremos reducir de manera sostenible la delincuencia, debemos abandonar las explicaciones únicas y construir políticas públicas fundamentadas en investigaciones verificables.
En primer lugar, es necesario ampliar las oportunidades educativas y laborales para adolescentes y jóvenes, con programas que conecten la formación técnica con las necesidades reales de las empresas y las comunidades. La capacitación debe acompañarse de orientación, prácticas profesionales y mecanismos efectivos de inserción laboral.
En segundo lugar, debemos fortalecer a las familias, las escuelas y las organizaciones comunitarias. La prevención temprana de la violencia, la atención a los problemas de conducta, el acompañamiento psicológico cuando sea necesario y la existencia de adultos de confianza pueden reducir determinados riesgos.
En tercer lugar, las autoridades deben investigar y perseguir de manera estratégica las redes que reclutan menores, comercializan armas, distribuyen drogas o se benefician de otras actividades ilícitas. Las intervenciones deben dirigirse a las conductas y a los responsables identificados mediante pruebas, evitando tratar a barrios enteros o grupos juveniles como sospechosos por su condición social.
En cuarto lugar, el Estado debe invertir en estudios criminológicos nacionales que permitan conocer las trayectorias delictivas, los factores protectores, los patrones de reincidencia y los resultados de los programas de prevención. Las políticas públicas deben evaluarse con indicadores claros, no únicamente por la cantidad de operativos realizados o detenciones practicadas.
Finalmente, debemos crear oportunidades reales de reinserción para quienes han cumplido sus condenas. La formación laboral, el acompañamiento social y el acceso legítimo al empleo pueden contribuir a reducir la reincidencia y proteger a la sociedad.
Conclusión: prevenir es también construir oportunidades
La delincuencia dominicana no tiene un único origen ni puede atribuirse exclusivamente al desempleo, la falta de valores o la debilidad de las sanciones. Es un fenómeno complejo en el que intervienen decisiones individuales, condiciones familiares, influencias sociales, oportunidades económicas, redes criminales y la capacidad de respuesta de las instituciones.
Los avances en la reducción de los homicidios constituyen una señal favorable, pero el reto consiste en convertirlos en mejoras sostenibles de la seguridad y la convivencia. Para lograrlo, necesitamos estadísticas confiables, investigaciones criminológicas, una justicia eficaz y políticas preventivas que atiendan tanto a las víctimas como a las comunidades expuestas a mayores riesgos.
Los jóvenes dominicanos no deben ser vistos como una amenaza por el simple hecho de vivir en condiciones de pobreza o encontrarse fuera del sistema educativo y laboral. Deben ser reconocidos como ciudadanos con derechos, capacidades y aspiraciones, a quienes corresponde ofrecer oportunidades para desarrollar una vida productiva y responsable.
La prevención del delito comienza mucho antes de que intervenga la Policía o actúe un tribunal. Comienza en el hogar, continúa en la escuela, se fortalece en la comunidad y se consolida cuando el Estado garantiza oportunidades legítimas de desarrollo.
En definitiva, una sociedad que aspira a vivir con seguridad debe combinar la responsabilidad individual con la justicia social, la prevención con la persecución del delito y la firmeza institucional con el respeto a la dignidad humana.
Porque cuando un joven encuentra educación, trabajo digno y un horizonte de esperanza, la sociedad no solo le ofrece una oportunidad: también fortalece sus propias posibilidades de vivir en paz.
