Por Samuel Guzmán B.
Señor presidente Luis Abinader, quiero llamar su atención sobre una realidad que vemos todos los días en nuestras calles y carreteras, y que parece haberse convertido en parte de nuestra cotidianidad: la enorme cantidad de motocicletas que circulan por la República Dominicana.
Basta salir a cualquier avenida, observar las intersecciones o recorrer los barrios para darse cuenta de que las motocicletas, especialmente las de bajo cilindraje utilizadas para el motoconcho, se han multiplicado de manera extraordinaria. Y aunque reconocemos que este medio de transporte representa el sustento de miles de familias, también debemos preguntarnos si podemos seguir permitiendo que su crecimiento continúe sin tomar medidas más contundentes.
No escribo estas líneas para condenar a quienes se ganan la vida transportando pasajeros en una motocicleta. Muchos dominicanos encuentran en el motoconcho la única oportunidad de llevar el pan a sus hogares. Tampoco ignoro que, ante las deficiencias del transporte público, miles de personas dependen de este servicio para llegar a sus trabajos, centros de estudio y hogares. Sin embargo, una cosa es reconocer esa realidad y otra muy distinta es resignarnos a que nuestras calles continúen llenándose de motocicletas sin que el Estado adopte medidas capaces de enfrentar el problema.
Las cifras oficiales deberían hacernos reflexionar. Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al cierre de 2025 la República Dominicana tenía registradas 3,846,694 motocicletas, equivalentes al 57.9 % de los 6,640,871 vehículos que conformaban el parque vehicular nacional. En otras palabras, casi seis de cada diez vehículos registrados en nuestro país son motocicletas. No estamos hablando de una cantidad insignificante ni de un problema que pueda resolverse con simples llamados a la prudencia.
Pero lo más doloroso no es solamente la cantidad de motocicletas que tenemos, sino las vidas que se pierden en nuestras vías. De acuerdo con estadísticas de seguridad vial difundidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), durante 2024 se registraron 3,114 muertes por accidentes de tránsito, y el 65.5 % estuvo relacionado con accidentes en los que participaron motocicletas. La Oficina Nacional de Estadística (ONE), por su parte, señala que los usuarios de motocicletas y ciclomotores representaron el 70.48 % de las muertes registradas en accidentes de tránsito terrestre ese año, según su clasificación.
Presidente Abinader, ¿no cree usted que ha llegado el momento de hacer algo diferente? ¿No deberíamos preguntarnos si el país necesita seguir importando, año tras año, más motocicletas de bajo cilindraje cuando ya contamos con millones de ellas y enfrentamos semejante desafío de seguridad vial? ¿No sería razonable detener por un tiempo ese crecimiento y aprovechar los próximos años para organizar el tránsito, fortalecer los controles y buscar soluciones más seguras para la población?
Por esa razón, propongo que su Gobierno estudie y establezca, por los mecanismos legales correspondientes, una prohibición temporal de diez años a la importación de motocicletas nuevas y usadas de bajo cilindraje destinadas al mercado del motoconcho. No se trata de quitarles sus motocicletas a quienes ya las poseen ni de dejar sin trabajo a los motoconchistas. Se trata de poner un límite a la entrada de nuevas unidades, mientras el país organiza las que ya circulan y desarrolla una política más responsable de movilidad.
Diez años podrían parecer demasiado tiempo para algunos, pero también podrían representar una oportunidad para comenzar a cambiar una realidad que hemos dejado crecer durante demasiado tiempo. No podemos continuar incorporando motocicletas al mercado sin preguntarnos si nuestras calles, nuestras autoridades y nuestro sistema de transporte están preparados para asumir las consecuencias.
Por supuesto, esta medida no resolvería por sí sola todos los problemas del tránsito. Los accidentes también ocurren por exceso de velocidad, imprudencia, falta de casco protector, consumo de alcohol, desconocimiento de las normas y ausencia de controles efectivos. Por eso, junto con la restricción de las importaciones, es necesario exigir licencias adecuadas, regularizar las motocicletas, fortalecer la vigilancia en las calles y garantizar que quienes transportan pasajeros cumplan las normas de seguridad. La responsabilidad debe recaer tanto en los conductores como en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Al mismo tiempo, el país necesita mejorar su transporte público. Mientras miles de dominicanos no tengan alternativas eficientes, accesibles y seguras para trasladarse, las motocicletas seguirán siendo una solución para muchos. Por eso, la discusión no debe limitarse a cuántas motocicletas entran al país, sino también a qué estamos haciendo para que la gente pueda movilizarse sin tener que arriesgar su vida.
Señor presidente, los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar antes de que los problemas alcancen dimensiones mayores. Cuando las estadísticas muestran que las motocicletas están vinculadas a una proporción tan elevada de las muertes por accidentes de tránsito, no podemos conformarnos con campañas ocasionales ni con medidas que pierden fuerza después de unos días. Hace falta una decisión firme, acompañada de voluntad política, recursos y seguimiento permanente.
Gobernar no es solamente construir obras, inaugurar proyectos o mostrar cifras de crecimiento económico. Gobernar también es proteger la vida, anticiparse a las tragedias y tomar decisiones que beneficien a la mayoría de los ciudadanos.
Todavía estamos a tiempo de actuar. No esperemos a que las cifras de accidentes sigan aumentando ni a que más familias reciban la noticia que nadie quisiera escuchar: que un ser querido salió de su casa y nunca regresó.
La vida de los dominicanos vale demasiado como para que permanezcamos indiferentes. Es hora de ponerle freno a la proliferación de motocicletas y comenzar a construir un tránsito más seguro, ordenado y humano para todos.
