Samuel Reyes Raposo (samuelreyes7@hotmail.com)
Los obstáculos del sistema educativo no siempre se quedan en los escritorios ministeriales. Muchos de ellos cruzan la puerta de la escuela y golpean directamente las condiciones en que maestros y estudiantes desarrollan el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El primer gran nudo es el mantenimiento de la infraestructura escolar. Las vacaciones son la ventana idónea para reparar los planteles sin interrumpir la docencia. Sin embargo, la rigidez de los trámites convierte una reparación menor en una larga y frustrante espera que suele solaparse con el inicio del año escolar. A esto se suma el drama de las obras inconclusas: escuelas a medio terminar que representan comunidades defraudadas, alumnos sin espacios dignos y fondos públicos congelados que no generan ningún beneficio social.
Existe una paradoja aún mayor: centros educativos que se inauguran y abren sus puertas sin contar con las condiciones materiales ni administrativas mínimas para operar. Algunas escuelas nuevas deben esperar hasta bien avanzado el calendario escolar —en ocasiones casi hasta el cierre— para recibir sus primeras asignaciones presupuestarias.
Mientras tanto, la comunidad educativa arranca en la precariedad: aulas sin butacas, directores sin escritorios y una alarmante escasez de pizarras, agua potable, papel higiénico, materiales de limpieza y útiles de oficina. Incluso los estudiantes inician las clases sin los textos, mochilas y uniformes prometidos.
Podría parecer que hablamos de detalles menores, pero no lo son. ¿Cómo se puede exigir calidad a una escuela que carece de lo indispensable para funcionar? Un plantel no empieza a operar cuando se corta una cinta protocolar. Comienza cuando tiene alumnos, maestros, personal de apoyo, mobiliario, servicios básicos y un entorno apto para el conocimiento.
La contradicción alcanza su punto crítico cuando el problema no es el espacio, sino la falta de docentes. Tener un aula equipada y llena de estudiantes, pero sin maestro al frente, es una violación directa al derecho constitucional a la educación.
A este panorama se añade la sobrepoblación escolar. Aunque los parámetros oficiales estipulan un límite de 35 estudiantes para la modalidad regular y 30 para la Técnico Profesional, la realidad desborda las estadísticas. Las aulas terminan hacinadas con matrículas muy superiores.
El exceso de alumnos no es un simple dato numérico. Afecta severamente la gestión del aula, la atención individualizada, la evaluación y la capacidad del docente para acompañar a cada joven. La situación se vuelve crítica en la modalidad Técnico Profesional, donde el aprendizaje depende de prácticas supervisadas, laboratorios y equipos especializados. Por eso, la pregunta correcta no es cuántos estudiantes están matriculados, sino en qué condiciones están aprendiendo. Junto a esto, se inician proyectos como el de un programa virtual de inglés, solo para no darle continuidad al año siguiente o en el segundo semestre.
La educación dominicana necesita recursos, pero sobre todo requiere una gestión eficiente, descentralización real, agilidad y rendición de cuentas. Es contradictorio exigirle a la escuela que transforme la sociedad mientras el propio engranaje estatal le impide transformarse a sí misma.
La verdadera reforma educativa debe llegar a los despachos, a los manuales de procedimientos y a la toma de decisiones. Al final del día, una escuela necesita autonomía para resolver, presupuesto para actuar, maestros para enseñar y condiciones dignas para aprender. Y todo eso debe llegar a tiempo.
Samuel Reyes Raposo es educador, administrador y escritor. Ha dirigido importantes centros de enseñanza y ocupado puestos de gerencia educativa en diversas organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente, es doctorando en Educación por la Universidad Central de Querétaro (UNICEQ), México.
