Samuel Reyes Raposo (samuelreyes7@hotmail.com)
Los obstáculos de la educación no siempre están dentro del aula; algunos nacen en el propio sistema que debería hacer funcionar la escuela. Aporto esta reflexión con la intención de brindar a las autoridades del Ministerio de Educación (MINERD) una perspectiva objetiva, el mismo tipo de mirada que agradeceríamos recibir si ocupáramos su lugar.
En esta primera entrega abordaremos un aspecto administrativo al que pocos le atribuyen la debida importancia. Cuando pensamos en las deficiencias del sistema educativo dominicano, solemos enfocarnos en los bajos niveles de aprendizaje, las dificultades en lectura y matemáticas, la formación docente o las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Sin embargo, existe otra realidad menos visible: las trabas de gestión que asfixian el funcionamiento cotidiano de los centros educativos. No podemos exigir resultados extraordinarios a las escuelas si mantenemos procedimientos que les impiden responder con rapidez a sus necesidades más elementales.
Un ejemplo claro es el Plan Operativo Anual (POA). La planificación es fundamental para organizar la gestión escolar, pero el problema surge cuando este plan se convierte en un simple requisito burocrático. Al momento de la ejecución, la asignación de recursos suele ser insuficiente o tardía. Una escuela puede identificar sus prioridades con precisión, pero si los fondos no llegan a tiempo y en la cantidad necesaria, el esfuerzo pierde su sentido. Planificar sin presupuesto es, simplemente, burocracia.
A esto se suman las restricciones para utilizar los recursos disponibles. Aunque existan fondos asignados, los directores carecen de la agilidad o libertad necesaria para adquirir mobiliario, refrigeradores, proyectores o materiales didácticos básicos. Quienes están en las escuelas conocen de primera mano estas urgencias. Una gestión moderna debe combinar el control y la transparencia con la confianza en la capacidad de decisión de los centros educativos.
El personal administrativo es otro punto crítico. Muchos de estos trabajadores reciben salarios tan bajos que, tras las deducciones de ley, sus ingresos son difíciles de conciliar con el costo de vida actual, a pesar de ser indispensables para el día a día escolar.
Asimismo, la gestión de los nombramientos merece atención. En diversos casos se cuestiona que las designaciones respondan más a criterios políticos que a las necesidades reales del servicio. Además, cuando un empleado renuncia, fallece o es separado de su cargo, su sustitución puede tardar meses.
Hay situaciones todavía más difíciles de comprender, como el hecho de que recursos asignados a escuelas cerradas permanezcan congelados mientras otros centros enfrentan carencias urgentes. También preocupa que las solicitudes evaluadas, aprobadas y procesadas por los distritos escolares encuentren trabas al llegar a los niveles superiores. Esto plantea una pregunta obligatoria: ¿Para qué descentralizar procesos si las decisiones finalmente se vuelven a concentrar?
La burocracia tiene una función legítima: ordenar, controlar y proteger los fondos públicos. Sin embargo, cuando se transforma en una barrera para resolver necesidades básicas, pierde su propósito. La gestión administrativa no es un asunto ajeno a la calidad educativa. Cada recurso que no llega, cada puesto que permanece vacante y cada decisión que se retrasa impacta directamente en el único lugar donde se mide el éxito del sistema: el aula.
Samuel Reyes Raposo es educador, administrador y escritor. Ha dirigido importantes centros de enseñanza y ocupado puestos de gerencia educativa en diversas organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente, es doctorando en Educación por la Universidad Central de Querétaro (UNICEQ), México.
