Por Obispo Reynaldo Franco Aquino
Presidente de la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO)
El caso del pastor Ángel Gabriel Capellán debe llevarnos como sociedad a una reflexión mucho más profunda que la simple confrontación entre quienes lo consideran culpable y quienes proclaman su inocencia.
Aquí hay luces y sombras. Hay acusaciones graves que deben investigarse hasta las últimas consecuencias, pero también interrogantes que la justicia tiene el deber de esclarecer. Hay menores cuyos derechos son sagrados, pero también existe un ciudadano amparado por la presunción de inocencia.
Y hay algo más que no debemos perder de vista: detrás de este expediente aparece también la historia de un hombre que, según numerosos testimonios de madres, familiares y miembros de su comunidad, procuró servir a personas vulnerables con los recursos que tenía a su alcance.
No escribo estas líneas para sustituir a los jueces. Tampoco para minimizar una sola denuncia relacionada con la integridad de un niño.
Si un menor ha sido maltratado, explotado o vulnerado, el Estado tiene la obligación innegociable de protegerlo, investigar y establecer las responsabilidades correspondientes.
Pero defender a nuestros niños no exige destruir anticipadamente la honra de un hombre antes de que los hechos hayan sido definitivamente establecidos.
SERVIR NO ES UN DELITO; SERVIR SIN PROTOCOLOS PUEDE SER UN GRAVE ERROR
Uno de los aspectos que este caso obliga a reconocer es la diferencia entre intención y procedimiento.
Muchas iglesias, pastores y organizaciones comunitarias dominicanas realizan una extraordinaria labor social. Alimentan al hambriento, reciben al que no tiene dónde dormir, auxilian madres abandonadas, atienden adictos, acompañan niños vulnerables y hacen con recursos limitados aquello que muchas veces las estructuras formales no alcanzan a realizar.
Esa vocación de servicio merece reconocimiento.
Sin embargo, cuando esa asistencia involucra niños, niñas y adolescentes, las buenas intenciones no son suficientes.
Es posible querer hacer el bien y desconocer los protocolos. Es posible tener un corazón dispuesto a servir y cometer errores administrativos. Es posible confundir una obra de misericordia con una estructura que, por la naturaleza del servicio que termina ofreciendo, necesita autorizaciones, supervisión profesional y mecanismos especiales de protección.
Si eso ocurrió en el caso del pastor Capellán, deberá determinarlo la investigación.
Pero existe una diferencia enorme entre desconocer o incumplir un protocolo y ser responsable de una red criminal de explotación. Una cosa no puede convertirse automáticamente en la otra sin las pruebas correspondientes.
LAS MADRES TAMBIÉN TIENEN VOZ
Existe un elemento de este proceso que la sociedad no debería ignorar: las madres.
Varias mujeres que dicen haber permanecido en la fundación junto a sus hijos han salido públicamente en defensa del pastor Capellán. Han afirmado que recibieron alojamiento y alimentación gratuitamente y han cuestionado aspectos importantes de la acusación.
Padres y familiares también han comparecido ante el tribunal para respaldarlo.
Sus declaraciones no prueban automáticamente la inocencia del pastor, de la misma manera que una denuncia tampoco establece automáticamente su culpabilidad. Pero deben ser escuchadas.
De hecho, la audiencia judicial fue aplazada para permitir que las madres pudieran constituir abogados que las representaran dentro del proceso.
Entonces surgen preguntas legítimas:
¿Qué dicen exactamente las madres sobre las condiciones en que permanecían allí?
¿Estaban voluntariamente en el lugar?
¿Permanecían algunas madres junto a sus hijos y otros menores sin sus familiares?
¿Podían entrar y salir libremente?
¿Qué conocían sobre las actividades desarrolladas en el centro?
¿Qué dicen los vecinos y las personas que durante años estuvieron vinculadas a esa comunidad?
Todas esas preguntas necesitan respuestas sustentadas en pruebas.
¿Y LA RESPONSABILIDAD DE CONANI?
Aquí aparece una de las mayores sombras del caso.
CONANI informó que había intervenido esa misma fundación aproximadamente un año antes, debido a que mantenía menores bajo su cuidado sin la autorización correspondiente.
El organismo también informó que en aquella intervención los niños fueron evaluados y posteriormente reunificados con sus familiares.
Este dato cambia necesariamente algunas preguntas públicas.
Si el Estado conocía previamente la existencia del lugar, ¿qué seguimiento se realizó después de aquella intervención?
¿Qué orientaciones fueron entregadas formalmente a sus responsables?
¿Se estableció un plan de adecuación?
¿Se hicieron visitas posteriores?
¿Se verificó si continuaban permaneciendo menores en condiciones que requerían habilitación?
¿Se ofreció acompañamiento institucional a una organización que aparentemente trabajaba con población altamente vulnerable?
Estas preguntas no significan declarar culpable a CONANI. Significan algo elemental en una democracia: la responsabilidad debe examinarse en todas las direcciones.
Si queremos proteger verdaderamente a nuestros niños, no basta con investigar al pastor. También debemos evaluar si los mecanismos públicos de prevención, supervisión, orientación y seguimiento funcionaron como debían.
NI IMPUNIDAD NI LINCHAMIENTO
El Ministerio Público atribuye al pastor Capellán hechos relacionados con trata y explotación infantil, mientras que familiares y madres rechazan esas imputaciones.
El tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva y su defensa anunció que apelaría la decisión.
Ante semejante contradicción, necesitamos más investigación y menos sentencia mediática.
Una acusación no es una condena. Una medida de coerción no es una sentencia. Una noticia no sustituye un expediente. Y un tribunal de opinión pública no puede reemplazar al Poder Judicial.
Defiendo vigorosamente la libertad de prensa. Una democracia sin periodistas capaces de investigar al poder sería una democracia mutilada.
Pero también defiendo con la misma firmeza el derecho de toda persona a no ser condenada socialmente antes de que las pruebas hayan hablado.
ESTE CASO DEBE DEJARNOS UNA LECCIÓN
La comunidad evangélica dominicana también debe aprender.
Nuestras iglesias no pueden conformarse con decir: “Queremos ayudar”. Tenemos que agregar: Queremos ayudar bien.
Necesitamos protocolos para trabajar con menores, mecanismos de prevención del abuso, registros adecuados, personal capacitado, rendición de cuentas, espacios seguros y coordinación con las instituciones correspondientes.
La compasión necesita organización. La misericordia necesita responsabilidad. La buena intención necesita protocolos.
Y el servicio cristiano, precisamente porque nace del amor al prójimo, debe procurar los estándares más elevados de protección para las personas vulnerables.
UN LLAMADO SERIO AL PAÍS
Desde estas páginas hago un llamado al Ministerio Público: investigue todo, pero investigue con objetividad.
Al Poder Judicial: permita que hablen las pruebas y no la presión pública.
A CONANI: explique con transparencia cuál fue su intervención anterior, qué recomendaciones produjo y qué seguimiento realizó posteriormente.
A los medios de comunicación: investiguen con profundidad, pero distingan entre denuncia, acusación, evidencia y sentencia.
A la comunidad evangélica: defendamos el debido proceso sin convertir nuestra defensa en ataques contra niños, madres, periodistas o autoridades.
Y a nuestros pastores y organizaciones cristianas: que este caso sea una advertencia. El deseo de servir debe caminar acompañado del conocimiento de la ley y de protocolos institucionales rigurosos.
LA VERDAD NO NECESITA ATROPELLOS
No estoy pidiendo privilegios para el pastor Ángel Gabriel Capellán por ser ministro evangélico.
Estoy reclamando algo que debe garantizarse igualmente al pastor, al periodista, al funcionario y al ciudadano más desconocido de nuestra República: justicia.
Que si hubo delitos, sean demostrados y sancionados.
Que si hubo negligencias institucionales, sean identificadas y corregidas.
Que si hubo desconocimiento de protocolos, aprendamos de ello y regularicemos lo que corresponda.
Pero que si detrás de muchas de estas acciones existió realmente un hombre intentando servir a familias vulnerables desde sus limitaciones, no transformemos automáticamente la precariedad de una obra social en criminalidad sin que las pruebas lo demuestren.
Los niños necesitan protección. Las madres necesitan ser escuchadas. Las instituciones necesitan rendir cuentas. El pastor necesita debido proceso. Y la República Dominicana necesita conocer toda la verdad.
Porque al final, este caso no debe decidirse entre simpatías y prejuicios, ni entre titulares y presiones.
Debe decidirse entre pruebas, verdad y justicia.
