Por: Fidel Lorenzo
El nuevo Código Penal de la República Dominicana debe entrar en vigor sin más
demoras. Resulta difícil comprender que una legislación cuya discusión se
prolongó por más de veinte años en el Congreso Nacional, y en cuyo proceso
participaron juristas, académicos, organizaciones sociales, iglesias, gremios y
otros sectores de la vida nacional, enfrente ahora un movimiento orientado a
impedir su aplicación.
Es legítimo que existan observaciones y propuestas de mejora. Ninguna ley es
perfecta, y toda norma jurídica puede ser perfeccionada con el tiempo. Sin
embargo, pretender detener la entrada en vigencia del Código porque aún
persisten diferencias sobre algunos de sus contenidos equivale a prolongar la
permanencia de un marco legal ampliamente reconocido como obsoleto.
Las múltiples propuestas presentadas por distintos sectores evidencian que
cualquier reforma futura tendría que ser integral y cuidadosamente estudiada.
Ese proceso requerirá tiempo, consenso y un amplio debate nacional, por lo que
resulta poco realista pensar que pueda completarse en el corto plazo.
La salida más responsable es permitir que el Código Penal entre en ejecución tal
como fue aprobado y, paralelamente, que el Congreso Nacional abra un proceso
de revisión para introducir las modificaciones que la experiencia de su aplicación
y el consenso social consideren necesarias.
El país necesita herramientas legales modernas para enfrentar la criminalidad y
responder a las nuevas modalidades delictivas. Retrasar indefinidamente la
vigencia del Código no fortalece la justicia; por el contrario, mantiene
importantes vacíos legales que afectan la capacidad del Estado para combatir el
delito con mayor eficacia.
El Congreso Nacional no debe permitir que se boicotee una legislación que
incorpora avances significativos para la persecución y sanción de numerosas
conductas delictivas. La mejor forma de perfeccionar una ley es aplicarla,
evaluar sus resultados y corregir aquello que la práctica demuestre que debe ser
mejorado, no impedir que entre en vigor.
