Santo Domingo. La Pastoral Jurídica de la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO) manifestó su preocupación por la decisión de reabrir el debate sobre el Código Penal, luego de que la pieza legislativa fuera aprobada por el Congreso Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada como la Ley núm. 74-25.
Mediante un manifiesto dirigido a la nación, la entidad sostuvo que, aunque el Congreso Nacional tiene la facultad constitucional de modificar las leyes, resulta preocupante que una legislación considerada durante años como una prioridad nacional sea objeto de revisión antes de su entrada en vigencia, lo que, a su juicio, genera incertidumbre jurídica y afecta la confianza de la ciudadanía en el proceso legislativo.
La organización afirmó que la seguridad jurídica constituye uno de los pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que las leyes deben ser claras, estables, previsibles y producto de un proceso de deliberación serio y transparente.
En ese sentido, indicó que el hecho de que el propio Estado plantee la necesidad de revisar aspectos esenciales de una ley recién promulgada abre un legítimo debate sobre la calidad técnica del proceso legislativo y sobre la responsabilidad institucional de quienes participaron en su aprobación y promulgación.
AEDO consideró indispensable que cualquier modificación al Código Penal sea conocida con absoluta transparencia, permitiendo que la población conozca cuáles artículos serían modificados, quiénes promueven dichos cambios, las razones que los sustentan y el impacto que podrían tener sobre los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
Asimismo, expresó su inquietud por las posiciones encontradas que distintos sectores han manifestado sobre temas sensibles como la protección de la vida humana desde la concepción, la familia, la libertad religiosa, la libertad de conciencia y otros asuntos de alto contenido ético.
La Pastoral Jurídica sostuvo que, en una sociedad democrática, estos debates deben desarrollarse de manera abierta, respetuosa y transparente, rechazando cualquier intento de que decisiones de interés nacional sean influenciadas por negociaciones reservadas o por presiones políticas, económicas, ideológicas o internacionales que no respondan al marco constitucional de la República Dominicana.
En el documento, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa del derecho a la vida desde la concepción, la dignidad de la persona humana, la protección de la familia como institución fundamental de la sociedad, conforme a los artículos 37 y 55 de la Constitución, así como la defensa de la libertad religiosa, de expresión y de conciencia.
Igualmente, hizo un llamado al presidente de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a las iglesias, universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y a toda la ciudadanía para que el proceso de revisión legislativa se conduzca con estricto apego a la Constitución, al interés nacional y al respeto de la soberanía popular.
Como parte de su pronunciamiento, puso a disposición del Poder Ejecutivo un equipo integrado por 120 abogados constitucionalistas e intelectuales cristianos con experiencia en materia legislativa y de derecho público, con el propósito de ofrecer asesoría técnica antes de la promulgación de futuras leyes y contribuir al fortalecimiento de la calidad del proceso legislativo.
Finalmente, la organización reiteró que su compromiso es con la justicia, la verdad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la preservación de los valores fundamentales de la nación dominicana, al tiempo que exhortó a las autoridades a actuar con prudencia y sabiduría en beneficio del bien común.
