Por: Fidel Lorenzo
La discusión sobre una eventual candidatura presidencial de Santiago Matías
ha generado reacciones encontradas. Sin embargo, más allá de simpatías o
antipatías personales, hay una realidad jurídica incuestionable: Santiago
Matías es un ciudadano dominicano amparado por la Constitución de la
República y, mientras cumpla con los requisitos establecidos por la ley, no
existe impedimento alguno para que aspire a la Presidencia.
Durante décadas, en la República Dominicana se cultivó la idea de que la
Presidencia era una posición reservada para una élite política o económica
determinada. No obstante, la propia evolución de la democracia ha
desmontado ese mito. En un sistema democrático auténtico, cualquier
ciudadano que reúna las condiciones constitucionales tiene el derecho de
presentarse al juicio de las urnas.
La historia contemporánea demuestra que los liderazgos ya no se construyen
exclusivamente desde los partidos políticos tradicionales. La comunicación,
las redes sociales, el marketing político y la capacidad de conectar con la
ciudadanía han adquirido una importancia determinante. Algunos consideran
esto una fortaleza de la democracia; otros lo ven como una señal de
debilidad institucional. Lo cierto es que es una realidad imposible de ignorar.
Cuando los partidos políticos se alejan de sus principios fundacionales,
cuando la ética y la moral dejan de ser pilares de la acción política, y cuando
la ciudadanía pierde la confianza en las estructuras tradicionales, surgen
figuras ajenas al sistema que encuentran espacio para competir por el poder.
Este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana; se ha observado
en numerosas democracias alrededor del mundo.
Por ello, nadie debería rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de que una
figura mediática aspire a la primera magistratura del Estado. La democracia
no establece barreras basadas en el origen profesional de los aspirantes. La
verdadera evaluación corresponde al pueblo soberano, que mediante el voto
decide quién merece gobernar.
Más que cuestionar el derecho de cualquier ciudadano a aspirar, la reflexión
debería centrarse en el estado de nuestros partidos políticos, en la calidad de
nuestra democracia y en la capacidad de las instituciones para recuperar la
confianza ciudadana. Si sectores de la sociedad buscan alternativas fuera de
la política tradicional, quizás el problema no esté en quienes aspiran, sino en
quienes han administrado el sistema y han contribuido a su desgaste.
Al final, la democracia tiene sus riesgos, pero también sus grandezas. Entre
ellas, la posibilidad de que el pueblo sea quien tenga la última palabra.
