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Por: Fidel Lorenzo
Por años, los Dominicanos hemos sido testigos de debates fiscales en los que la principal
preocupación de la población ha sido que las soluciones a los problemas económicos
terminen recayendo sobre los hombros de quienes menos capacidad tienen para
soportarlas. Por eso, las medidas anunciadas por el presidente de la República bajo el
denominado Plan Anti-Crisis merecen una valoración objetiva y positiva.
Nos encontramos en un contexto internacional complejo. Los conflictos geopolíticos, la
volatilidad de los mercados energéticos, la inflación global y las amenazas a las cadenas de suministro representan desafíos reales para economías pequeñas y abiertas como la
nuestra. Ante este panorama, cualquier gobierno responsable tiene el deber de
anticiparse y adoptar medidas que protejan a la población y preserven la estabilidad
económica.
Uno de los aspectos más relevantes del plan es que evita afectar directamente el consumo de las familias. La decisión de no aumentar el ITBIS ni gravar las compras por internet constituye un alivio para la clase media y los sectores de menores ingresos, que suelen ser los más golpeados cuando se producen incrementos generalizados de impuestos.
También merece reconocimiento el conjunto de medidas destinadas a las micro,
pequeñas y medianas empresas, así como al sector agropecuario. La eliminación y
flexibilización de anticipos tributarios, la ampliación de los umbrales del Régimen
Simplificado de Tributación y la eliminación de cargas fiscales para productores agrícolas
representan incentivos que pueden contribuir a fortalecer la producción, preservar
empleos y dinamizar la economía local.
Igualmente importante es el mantenimiento de los programas sociales y el incremento de
beneficios vinculados a la educación y a las familias con miembros que viven con alguna
discapacidad o trastornos del neurodesarrollo. Estas decisiones reflejan sensibilidad social
y el reconocimiento de que las políticas públicas deben tener un rostro humano.
Otro elemento digno de destacar es el criterio de progresividad que orienta las fuentes de
financiamiento del plan. En lugar de distribuir de manera indiscriminada las cargas
fiscales, se propone una mayor contribución de grandes empresas, altos ingresos y
actividades específicas con capacidad económica suficiente para aportar más al
sostenimiento de las finanzas públicas. Este enfoque fortalece el principio de solidaridad
que debe caracterizar a toda sociedad que aspire a la cohesión y la justicia social.
Por supuesto, como ocurre con cualquier política pública, será necesario dar seguimiento
a su implementación, verificar el cumplimiento de las metas de ahorro estatal y garantizar
que los recursos lleguen efectivamente a quienes están llamados a beneficiarse. La transparencia y la rendición de cuentas seguirán siendo fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana.
Sin embargo, más allá de las diferencias legítimas que puedan existir sobre aspectos
particulares, el país debe valorar que se ha presentado una propuesta que procura
enfrentar una coyuntura internacional adversa sin trasladar el mayor peso de los ajustes a
la población más vulnerable.
En tiempos de incertidumbre, gobernar exige tomar decisiones difíciles. Cuando esas
decisiones buscan equilibrar la responsabilidad fiscal, la protección social y el crecimiento
económico, corresponde reconocerlas y analizarlas con sentido de país. El Plan Anti-Crisis
representa un esfuerzo en esa dirección y, como tal, merece ser considerado como una
iniciativa orientada a proteger a las familias dominicanas y preservar la estabilidad de
nuestra economía.
