Por Samuel Guzmán B.
La República Dominicana vive una emergencia silenciosa que cada día cobra vidas, enluta familias y desgarra comunidades enteras. Los accidentes de tránsito se han convertido en una epidemia nacional que parece no encontrar freno, pese a la constante presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) en calles, avenidas y autopistas del país.
Sin embargo, la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es inevitable: ¿realmente estamos viendo una política efectiva de prevención vial o simplemente un sistema centrado en colocar multas y recaudar dinero para el Estado?
La percepción ciudadana es cada vez más clara. En muchos puntos del Gran Santo Domingo y de las principales provincias, los agentes parecen más enfocados en detener vehículos para fiscalizar documentos o imponer infracciones que en organizar el tránsito, educar conductores o intervenir conductas peligrosas antes de que ocurran tragedias.
Y mientras tanto, las estadísticas continúan siendo alarmantes.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), al cierre de 2024 se registraron 1,961 muertes por accidentes de tránsito en el lugar del hecho, representando el 41.7 % de todas las muertes accidentales y violentas del país.
Mientras que el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) en nuestro país, registra que más de un millón de personas han resultado lesionadas en accidentes de tránsito en la última década en República Dominicana, según los registros consolidados del Intrant.
La situación es tan grave que organismos internacionales ubican a República Dominicana entre los países con mayor tasa de mortalidad vial de América Latina, con alrededor de 27 fallecidos por cada 100 mil habitantes.
Detrás de estos números hay rostros, familias destruidas y sueños truncados.
La mayoría de las víctimas siguen siendo motoristas, un sector extremadamente vulnerable y muchas veces abandonado por las políticas públicas. Informes recientes indican que más del 68 % de las muertes corresponden a usuarios de motocicletas, los cuales en una franca señal de rebeldía han tomado nuestros túneles y elevados a pesar de la prohibición de estos transitar por los mismos.
Pero el problema no se limita únicamente a los conductores imprudentes. También existe una evidente debilidad institucional en materia de educación vial, fiscalización inteligente y aplicación efectiva de la ley.
No basta con colocar retenes o entregar miles de multas cada mes si las imprudencias continúan exactamente igual. No basta con perseguir vehículos para recaudar fondos mientras se permite el caos cotidiano: motores transitando en vía contraria, vehículos pesados irrespetando señales, choferes usando teléfonos móviles, exceso de velocidad, conductores sin casco, sin cinturón y sin consecuencias reales.
Incluso el propio debate ciudadano en redes sociales refleja un profundo desencanto con las autoridades del tránsito. Muchos ciudadanos consideran que existe poca fiscalización preventiva y demasiada orientación recaudadora.
El problema requiere mucho más que sanciones económicas. Se necesita una transformación cultural y estructural.
La seguridad vial debe asumirse como una prioridad nacional y no como una simple fuente de ingresos. La DIGESETT no puede convertirse únicamente en un organismo de multas; debe ser una institución de prevención, educación y protección ciudadana.
Hace falta presencia estratégica en puntos críticos, campañas permanentes de educación vial, controles reales de alcohol y drogas, formación obligatoria para motoristas, aplicación rigurosa de consecuencias para reincidentes y una verdadera coordinación entre el INTRANT, DIGESETT, ayuntamientos y sistema educativo.
También es urgente revisar el modelo actual de emisión de licencias de conducir y fortalecer los mecanismos de evaluación psicológica y técnica de quienes manejan vehículos en nuestras calles.
La República Dominicana no puede acostumbrarse a vivir contando muertos cada fin de semana largo o cada día festivo.
Detrás de cada estadística hay una madre que no volvió a casa, un joven que perdió la vida en una motocicleta, un niño que quedó huérfano o una familia marcada para siempre por la imprudencia y la indiferencia institucional.
La seguridad vial no puede seguir siendo tratada como un simple problema administrativo. Es un tema de salud pública, de responsabilidad estatal y de compromiso ciudadano.
Y mientras las autoridades sigan priorizando la recaudación sobre la prevención, las carreteras dominicanas continuarán siendo escenarios permanentes de dolor y tragedia.
