Por: Fidel Lorenzo
En la República Dominicana, la discusión sobre la reforma educativa no puede seguir
girando en torno a ocurrencias, recetas importadas o decisiones unilaterales. La educación
es demasiado importante para dejarla en manos de visiones individuales, por bien
intencionadas que sean. Una verdadera transformación educativa exige legitimidad, y esa
legitimidad solo se construye a través del consenso.
La ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo es clara: las grandes reformas
deben ser el resultado de pactos amplios. No se trata de un formalismo, sino de una
necesidad democrática y funcional. El sistema educativo impacta a toda la sociedad, por lo que su rediseño debe involucrar al sector laboral, al empresariado, a las organizaciones
sociales, a las iglesias, a los partidos políticos y, por supuesto, a los expertos. Excluir a
estos actores o reducir su participación a lo simbólico es condenar cualquier reforma al
rechazo o, peor aún, a la irrelevancia.
Resulta aún más preocupante que, existiendo un pacto educativo, este no haya sido
implementado en su totalidad. ¿De qué sirve construir acuerdos nacionales si luego se
archivan o se aplican de manera selectiva? La falta de continuidad y de compromiso con lo
pactado erosiona la confianza ciudadana y debilita la institucionalidad.
En este contexto, es necesario hacer un llamado a la prudencia. El Ministerio de Educación
debe poder avanzar con las iniciativas que actualmente está implementando, pero con un
enfoque claro en resultados medibles. No se trata de anunciar más programas, sino de
demostrar avances concretos: mejoras en los aprendizajes, fortalecimiento de la
formación docente y uso eficiente de los recursos.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene una
deuda pendiente que no admite más dilaciones. El país necesita una apuesta decidida por
la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Sin estos pilares, cualquier
reforma educativa quedará incompleta y desconectada de las demandas del siglo XXI.
La ciudadanía está cansada de discursos y de protagonismos vacíos. Lo que se espera son
respuestas tangibles, coherencia en la gestión y cumplimiento de los compromisos
asumidos. La educación dominicana no necesita más improvisación; necesita dirección,
seriedad y resultados.
Porque al final, una reforma educativa no se mide por la cantidad de anuncios, sino por su
impacto real en la vida de los estudiantes y en el futuro del país.
