Por. Samuel Guzmán B.
En la República Dominicana, hablar de tránsito es, inevitablemente, hablar de motocicletas. Son parte esencial de la movilidad diaria, del trabajo informal y formal, del motoconcho que acerca comunidades, del delivery que sostiene comercios. Pero también se han convertido en símbolo de desorden, impunidad y, en algunos casos, violencia preocupante.
Cada vez son más frecuentes las denuncias de conductores cuyos vehículos resultan con cristales rotos tras incidentes con motociclistas que, lejos de asumir responsabilidad en un roce o discusión vial, reaccionan con agresividad, lanzando piedras o atacando el automóvil. Este comportamiento no solo constituye vandalismo; es una amenaza directa a la vida. Un cristal roto a alta velocidad puede provocar un accidente fatal, no solo para el conductor afectado, sino para terceros inocentes.
Una cultura de violación sistemática
La problemática va más allá de hechos aislados. En las principales vías del país se observa a diario: Motociclistas transitando sin casco, Vehículos sin placa o con placas dobladas, Conductores sin licencia o sin seguro, Violaciones constantes a los semáforos, Circulación en vía contraria, así como también, uso de aceras y elevados como si fueran carriles adicionales.
Estas acciones constituyen violaciones directas a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuyo objetivo es precisamente ordenar el sistema y reducir accidentes. Sin embargo, la percepción ciudadana es que la ley se aplica de forma débil o selectiva, lo que refuerza la sensación de impunidad.
El rol de las autoridades
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) tienen el mandato de regular, fiscalizar y educar. No obstante, la magnitud del problema exige más que operativos esporádicos. Se requiere:
- Fiscalización constante y visible.
- Retención real de motocicletas sin documentos.
- Sanciones ejemplares en casos de agresión.
- Programas masivos de educación vial.
- Un sistema efectivo de registro y formalización de motociclistas.
Sin aplicación firme de la ley, cualquier campaña educativa pierde fuerza.
Un problema social, no solo vial
Sería simplista reducir el fenómeno a “motores imprudentes”. Detrás de muchos motociclistas hay jóvenes con pocas oportunidades laborales, trabajadores informales que encuentran en la motocicleta su herramienta de sustento. La falta de formalización y educación vial es también reflejo de desigualdades estructurales.
Pero la comprensión social no puede convertirse en justificación de la violencia o del caos. El derecho al trabajo no puede estar por encima del derecho a la vida y a la seguridad.
La urgencia de un pacto vial
La República Dominicana necesita un pacto nacional por la seguridad vial. No se trata de perseguir al motociclista, sino de integrarlo formalmente al sistema, exigirle cumplimiento y protegerlo también. Porque, paradójicamente, los motociclistas son las principales víctimas fatales en accidentes de tránsito.
La convivencia en las vías exige respeto mutuo. El conductor de un vehículo no es enemigo del motociclista, ni viceversa. Pero cuando la agresividad sustituye al diálogo y la impunidad reemplaza a la ley, la sociedad entera pierde.
Ordenar el tránsito no es un lujo; es una necesidad urgente. Cada piedra lanzada, cada cristal roto, cada semáforo ignorado, es un recordatorio de que el caos no puede seguir siendo la norma. La autoridad debe actuar, la ley debe cumplirse y la ciudadanía debe asumir que la vía pública no es territorio sin reglas.
Solo así podremos pasar del enfrentamiento a la convivencia y del desorden a la seguridad que todos merecemos.
