
Por. Samuel Guzmán B.
La República Dominicana vive lo que muchos llamamos una pandemia vial: cada año miles de personas pierden la vida en accidentes de tránsito. De acuerdo con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) del INTRANT, en 2024 se registraron alrededor de 3,114 muertes por siniestros viales. Esta cifra refleja una tendencia grave y persistente de mortalidad que demanda un compromiso más fuerte por parte de autoridades y ciudadanos.

Analizando el comportamiento reciente, los datos muestran que en 2019 se produjeron 3,204 fatalidades, en 2020 bajaron a 2,711 tras las restricciones por la pandemia. En 2021 subieron a 2,967 muertes, luego en 2022 fueron 2,921, y en 2023 alcanzaron 3,128 fallecidos, según el Informe Nacional de Seguridad Vial 2023. En total, esto suma más de 15 000 muertes en solo cinco años.
Pero no son solo las vidas lo que se pierde. Según reportes de prensa, entre 2020 y mediados de 2024 se documentaron 8,603 muertes por accidentes viales, con más de 260,000 lesionados que necesitaron atención médica. El costo para el sistema de salud es enorme: se estima una cobertura de salud superior a RD$ 12 mil millones para atender a las víctimas.
Los datos también apuntan a los factores que más inciden en estos siniestros. En 2022, el 57 % de las muertes fueron por accidentes en motocicletas. Además, los informes del INTRANT indican que entre los principales riesgos están el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, no usar casco en motocicletas o cinturón de seguridad, y otras infracciones comunes.
Frente a esta emergencia, las autoridades dominicanas han desplegado varias estrategias. En noviembre de 2024 se firmó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que involucra a 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. Este pacto tiene como meta ambiciosa reducir un 50 % las muertes por accidentes de tránsito para 2030.
Dentro de las acciones previstas se destacan: la digitalización de las multas, la implementación de un sistema de puntos para las licencias de conducir, la creación de una red de patrullaje en carreteras y vías urbanas, y la incorporación de la educación vial en el currículo escolar. Además, se ha relanzado la plataforma digital del OPSEVI para que los ciudadanos puedan acceder en tiempo real a datos de accidentes.
Estas acciones se enmarcan en el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial 2021-2030, liderado por el INTRANT, que define seis ejes estratégicos (institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención e información) orientados a prevenir siniestros y mejorar la respuesta tras los accidentes. El plan es parte de un compromiso nacional con el Decenio de Acción para la Seguridad Vial promovido por las Naciones Unidas.
Este es un momento clave para que cada conductor, peatón y motociclista asuma su responsabilidad. Las autoridades han puesto en marcha las herramientas, pero sin un cambio de actitud ciudadano, esas medidas no serán suficientes. Se les hace un llamado urgente: respete los límites de velocidad, no conduzca bajo los efectos del alcohol, use casco o cinturón, y cuídese a sí mismo y a los demás. Cada vida importa, y solo con un esfuerzo conjunto podemos reducir esta “pandemia vial” que tanto ha costado al país.




