Bogotá, Colombia – Un grupo de organizaciones, redes e individuos de esta nación sudamericana, hacen un llamado urgente al Gobierno colombiano y a organismos internacionales para proteger a los líderes y comunidades religiosas, ante lo que definen como una escalada de violencia que incluye asesinatos, desapariciones y amenazas en diversas regiones del país.
Por medio de un comunicado al cual Evidencias tuvo acceso, las organizaciones resaltan la grave situación de inseguridad que enfrentan los líderes religiosos, particularmente en zonas de conflicto armado. Un caso reciente ocurrió en el departamento de Guaviare, donde el 1 de julio de 2025 se descubrieron en una fosa común los cuerpos de ocho personas, siete de ellas líderes y miembros de comunidades cristianas evangélicas.
Según informes, estas víctimas fueron citadas e interrogadas entre el 4 y 6 de abril de 2025 por el Frente Primero del Estado Mayor Central (EMC), disidentes de las FARC, bajo falsas acusaciones de colaboración con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las víctimas habían huido previamente de la violencia generada por el ELN en Arauca.
Expresan que a este incidente se suman otros actos de violencia, como el asesinato del pastor Iván Darío García González el 9 de enero de 2025 en Fundación, Magdalena, al salir de un servicio religioso; y el incendio intencional de la vivienda de la pareja pastoral Rodián Rodríguez y Kelly Medina el 15 de agosto de 2024 en Santa Marta, tras amenazas por su labor evangelizadora. Estos crímenes representan violaciones persistentes al derecho a la libertad de religión o creencias, protegido por instrumentos internacionales como el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia.
“Estos actos no son aislados, sino parte de un patrón sistemático que pone en riesgo a líderes religiosos por su rol como constructores de paz y defensores de derechos humanos”, expresan los firmantes en el comunicado.
Según datos de organización Puertas Abiertas, entre 2023 y 2025 se registró el asesinato de 36 líderes cristianos y 18 detenidos o desaparecidos en zonas de conflicto. La Defensoría del Pueblo reportó en 2024 un aumento del 31% en vulneraciones a la libertad religiosa, con un 50% más de amenazas de muerte. Además, Christian Solidarity Worldwide documentó más de 300 casos de violencia contra la libertad religiosa entre 2018 y 2022 para el Examen Periódico Universal de la ONU.
Los firmantes enfatizan que los líderes religiosos requieren protección especial debido a su influencia en procesos de reconciliación, acompañamiento a jóvenes y desmovilización, lo que los expone a amenazas, extorsiones y estigmatización por parte de actores armados ilegales. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no los reconoce explícitamente como sujetos de protección diferenciada, situación agravada por el Decreto 1285 de 2023, que eliminó la referencia expresa a “líderes religiosos” en el Decreto 1066 de 2015. Esto ha debilitado su reconocimiento legal y aumentado su vulnerabilidad.
En respuesta, el llamado insta al Estado colombiano, gobiernos internacionales, organismos multilaterales, misiones diplomáticas y redes eclesiales a presionar por las siguientes acciones:
- Garantizar el respeto a la libertad de religión o creencias en todo el territorio, con énfasis en zonas rurales bajo control de actores armados, permitiendo la práctica religiosa individual y colectiva sin restricciones ni amenazas.
- Reconocer a los líderes religiosos como población susceptible de protección especial, sin discriminación por raza, etnia, estrato o ubicación. Se urge revertir el Decreto 1285 de 2023 para asegurar medidas efectivas de prevención, protección y reparación integral.
- Priorizar la investigación de crímenes contra líderes religiosos y acabar con la impunidad, mediante la recolección de datos desagregados, unidades especializadas en la Fiscalía General de la Nación y veeduría internacional para lograr verdad, justicia y reparación.
“En un contexto donde defender los derechos humanos y ejercer el liderazgo espiritual puede costar la vida, es esencial alzar la voz colectivamente”, concluye el comunicado. Los firmantes reafirman su compromiso con la visibilidad, protección y acompañamiento de los líderes cristianos en Colombia, quienes continúan su labor pese a los riesgos.
Las organizaciones firmantes de dicho documento son: Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL), la Alianza Cristiana y Misionera, el Observatorio de Libertad Religiosa de America Latina, Open Doors International, Fundación Vision Agape Colombia, Christian Solidarity Worldwide y Christian Concern Colombia.
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