Por. Samuel Reyes
En Lucas 8:5 leemos: El sembrador salió a sembrar su semilla… Es una frase que nos recuerda de la importancia de la labor agrícola en la historia humana. En la actualidad, la producción y rentabilidad del sector agropecuario en el país se encuentran en una encrucijada crítica, sofocadas por una combinación de factores interrelacionados que limitan su crecimiento y sostenibilidad. Desde las casas campestres se vislumbra un panorama preocupante.
De acuerdo al presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios (APRA), Licenciado Miguel Ángel Severino, se han acumulado varios factores desde antaño que se deben revisar
cuidadosamente: el gasto fiscal ineficiente, la precariedad del régimen de propiedad, las elevadas tasas de interés, la competencia de las importaciones, una infraestructura vial
deficiente y la desconexión entre la investigación y las necesidades del mercado, convergen en un escenario que desincentiva la inversión y reduce los márgenes de ganancia para los productores. Esta compleja problemática no solo afecta la seguridad alimentaria, sino que también frena el desarrollo económico de las zonas rurales y la competitividad del país en los
mercados globales.
El impacto del gasto fiscal en la agricultura depende fundamentalmente de su destino. La evidencia sugiere que la inversión en bienes públicos, como la investigación, la extensión agrícola y la infraestructura, genera un impacto positivo y significativo en la productividad del sector. Sin embargo, cuando el gasto se orienta hacia bienes de naturaleza privada o subsidios mal focalizados, puede inhibir el desempeño agrícola a corto, mediano y largo plazo. Además, la corrupción y la mala gestión pueden desviar fondos cruciales, impidiendo que lleguen a los proyectos y productores que más los necesitan.
La ausencia de un régimen de propiedad privada claro y seguro es una barrera fundamental para la inversión en el sector agropecuario. Sin títulos de propiedad formales y garantías jurídicas, los agricultores enfrentan enormes dificultades para acceder a créditos, invertir a largo plazo y resolver disputas. Esta inseguridad jurídica condena a muchos productores a una agricultura de subsistencia, con escasas posibilidades de crecimiento y tecnificación.
Las altas tasas de interés bancario encarecen significativamente el crédito, limitando la capacidad de los agricultores para financiar sus operaciones y realizar inversiones. Para los
pequeños y medianos productores, que a menudo operan con márgenes de ganancia ajustados, el acceso a financiamiento a tasas razonables es vital. Cuando el costo del crédito es elevado, se ven obligados a reducir sus inversiones en tecnología y otros insumos que podrían aumentar su productividad, afectando así su rentabilidad y la competitividad del sector.
Las importaciones de productos agrícolas pueden tener un impacto devastador en la producción local, especialmente cuando compiten en condiciones desiguales. A menudo, estos productos
provienen de países con altos subsidios a su agricultura, lo que les permite vender a precios inferiores a los costos de producción locales. Esta situación genera una competencia desleal que
puede llevar a la quiebra a los productores nacionales y aumentar la dependencia del país de los mercados externos para abastecer su demanda de alimentos.
Una infraestructura vial deficiente representa uno de los mayores cuellos de botella para el desarrollo agrícola. Las malas condiciones de los caminos rurales provocan un aumento en los
costos de transporte, pérdidas post-cosecha y acceso limitado a mercados. La falta de una red vial adecuada aísla a las zonas rurales, limitando las oportunidades de desarrollo económico.
Finalmente, la falta de sinergia entre la investigación, la innovación y un mercado seguro crea un círculo vicioso que estanca al sector. De nada sirve que los centros de investigación desarrollen nuevas variedades de cultivos si esta información no llega a los agricultores o no existen las condiciones de mercado para aplicar estas innovaciones de manera rentable. Esto se traduce en investigaciones irrelevantes y una falta de transferencia tecnológica, lo que desincentiva a los
agricultores a adoptar nuevas tecnologías.
En conjunto, estos factores crean un entorno adverso que limita severamente la capacidad del sector agropecuario para crecer, ser rentable y contribuir de manera sostenible al desarrollo
económico y la seguridad alimentaria. En este contexto, se hace urgente establecer un plan nacional de desarrollo agropecuario que integre investigación, aulas y fincas agropecuarias,
garantizando un mercado seguro y condiciones de financiamiento competitivas. Solo así se podrá revertir la tendencia actual y asegurar un futuro próspero para el agro.
