Por: Fidel Lorenzo Merán
Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha sido señalada en diversos informes internacionales como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Las estadísticas macroeconómicas muestran cifras impresionantes: crecimiento sostenido del PIB, aumento en la inversión extranjera y expansión de sectores como el turismo, la construcción y las zonas francas. Sin embargo, detrás de estos indicadores positivos, se esconde una cruda realidad: el crecimiento económico dominicano ha sido profundamente desigual, dejando fuera a los sectores más vulnerables de la población.
A pesar del auge económico, los niveles de desigualdad se han mantenido persistentes. De acuerdo con estudios del PNUD y organismos nacionales, el país ha visto cómo la riqueza se concentra cada vez más en manos de una minoría, mientras millones de dominicanos siguen viviendo con bajos ingresos, empleos informales y condiciones precarias. Esta situación evidencia que el modelo de desarrollo aplicado no ha logrado redistribuir los frutos del crecimiento económico ni garantizar justicia social.
Una de las principales contradicciones de este crecimiento económico es el nivel de los salarios. El sueldo mínimo en muchos sectores no alcanza para cubrir la canasta básica familiar. Mientras tanto, los servicios públicos —como salud, educación, transporte y agua potable— son limitados, ineficientes o privatizados, forzando a las familias pobres a pagar de sus escasos ingresos por derechos que deberían estar garantizados.
En barrios marginados, no es extraño encontrar madres que deben elegir entre pagar una consulta médica o alimentar a sus hijos; estudiantes que caminan kilómetros para llegar a una escuela sin libros, ni maestros suficientes; o comunidades que reciben agua potable una vez por semana. Esta realidad no puede considerarse normal en un país que presume crecimiento económico.
A esto se suma un problema de interpretación. Las mediciones oficiales de pobreza suelen enfocarse únicamente en ingresos monetarios, dejando fuera dimensiones clave como el acceso a servicios, la calidad de vida, la exclusión social o la vulnerabilidad ambiental. De este modo, se termina invisibilizando a miles de personas que, aunque técnicamente no sean “pobres” según las cifras, viven en condiciones inhumanas.
El problema no es solo económico, sino también político y moral: un país que permite la opulencia junto a la miseria, y donde el éxito económico de unos pocos se construye sobre la explotación o el abandono de muchos, no puede llamarse justo.
La República Dominicana necesita urgentemente reenfocar su modelo de desarrollo hacia uno más inclusivo, donde el crecimiento económico se traduzca en bienestar colectivo. No se trata solo de crecer más, sino de crecer mejor. Esto implica políticas públicas decididas para mejorar los servicios sociales, aumentar los salarios reales, invertir en zonas rurales y marginadas, promover empleos dignos y proteger a los más vulnerables.
La justicia social no debe ser una consigna vacía, sino un compromiso concreto con los derechos humanos, la equidad y la dignidad de cada ciudadano. La eliminación de la pobreza no se logra solo con estadísticas favorables, sino con acciones transformadoras que cambien las estructuras que perpetúan la desigualdad.
El crecimiento económico sin justicia social no solo es insuficiente, es éticamente inaceptable. En un país donde la opulencia de unos pocos contrasta con la miseria de muchos, la riqueza no puede ser motivo de orgullo, sino de vergüenza. República Dominicana tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de construir un futuro donde la prosperidad se comparta y la dignidad humana no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
