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“Plan de Derechos Humanos” impulsado por la ONU y ministerios del gobierno comprometería soberanía nacional e introduciría ideologías

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Ministerios del gobierno dominicano y las Naciones Unidas desarrollan un Plan de Derechos Humanos que, de ser aprobado, obligaría al país a asumir compromisos contrarios a los intereses nacionales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) llevaron a cabo una consulta para actualizar el “Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2022”, y extender su vigencia hasta el 2024. La versión original del documento fue el Plan Nacional de Derechos Humanos promulgado por el MIREX en diciembre del 2018.

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La ONU, junto al MEPYD y al MIREX, presentaron una nueva versión del plan con diversas modificaciones para ser comentado por los invitados a la consulta. Aunque el plan aborda temas de real trascendencia para la nación, como lo es la protección y atención a las personas con discapacidad, está permeado de conceptos ideológicos y compromete la soberanía de la República Dominicana como nación libre e independiente.

El enfoque de derechos humanos ha sido distorsionado, al incluírsele derechos fabricados por la ONU que reflejan las ideologías que promueve. Tratándose de temas tan controversiales, el MIREX y el MEPYD, estaban en la mínima obligación de procurar la participación de todos los sectores interesados en la consulta. Sin embargo, fue evidente la ausencia de organizaciones conservadoras de la sociedad civil y lasbasadas en la fe, ya que éstas fueron excluidas de la convocatoria, que no fue publicada. En contraste, el evento contó con amplia participación de los grupos que promueven y apoyan la agenda de género y la apertura de las fronteras.

Algunos de los peligros que traería la aprobación del documento sometido es que comprometería al país aún más con la agenda de la ideología de género, restringiría las libertades ciudadanas, rendiría la soberanía nacional en materia migratoria y amenazaría la salud fiscal de la nación, con un plan que asume la responsabilidad económica de los inmigrantes en condición de ilegalidad. También afectaría el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores, y promovería divisiones sociales en la nación.

Por ejemplo, una acción propuesta para la lucha contra la discriminación consiste en elaborar programas para lograr la aceptación y tolerancia de los distintos grupos de la sociedad, pero introducen términos como “género, identidad sexual o expresión de género”. Parten de la falsa premisa de que esto es necesario para la protección contra la discriminación de las personas que se identifican como LGBT. Pero la legislación dominicana protege a todas las personas sin distinción, y no hay necesidad de introducir términos ideológicos, ya que la experiencia en otros países demuestra que esto desemboca en el adoctrinamiento escolar de niños y adolescentes, la concesión de privilegios a un pequeño grupo y la restricción de libertades a la mayoría.

Otro ejemplo de acción propuesta consiste en “garantizar que los refugiados y solicitantes de asilo disfruten plenamente de la debida documentación y de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso a servicios de educación, trabajo, salud y vivienda de calidad.” Esto estaría obligando al país, no solo a recibir irrestrictamente a todos los inmigrantes que deseen ingresar y permanecer en el país, sino también a brindarles todos los servicios y la documentación, independientemente de su estatus legal.

Finalmente, es altamente preocupante saber que el gobierno está postulando a la República Dominicana como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU para el período 2024-2026. Esto así, debido a que, tanto la postulación como una eventual elección del país, comprometerían al país aún más someterse “incondicionalmente” a la agenda globalista de las Naciones Unidas, sacrificando su soberanía nacional y los valores fundacionales de la patria.

Ante esto, solicitamos respetuosamente al presidente de la República que revise este proceso y el documento que se está discutiendo, con fines de asegurar que el mismo respete la legislación nacional y vele por los intereses de la patria.​​​​

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