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Por Samuel Guzmán B.
En la memoria colectiva de los capitaleños de mayor edad, permanece una frase que, aunque nació en el fragor de una campaña política de hace casi seis décadas, sigue teniendo una vigencia sorprendente: “Cuando gane Guarionex, qué duchazo me daré”. El eslogan acompañó la candidatura de Guarionex Lluberes Montás a la sindicatura del Distrito Nacional en 1968 la cual ganó. Aquella expresión quedó grabada en el imaginario popular de aquellos tiempos, como una referencia a una de las necesidades más básicas y persistentes de la ciudad: el acceso al agua potable.
Han transcurrido 58 años desde aquella campaña y, lamentablemente, miles de familias de Santo Domingo continúan enfrentando dificultades para recibir agua de manera regular en sus hogares. Lo que en 1968 era una promesa política sigue siendo, en la mayoría de sectores, una aspiración cotidiana. La diferencia es que hoy vivimos en una ciudad mucho más grande, más poblada y con mayores recursos tecnológicos que los disponibles en aquella época.
Resulta paradójico que la capital de la República Dominicana, centro político, económico y administrativo del país, continúe arrastrando problemas estructurales en el suministro de agua potable. A pesar de contar con importantes sistemas de presas y fuentes hídricas relativamente cercanas, numerosos barrios reciben el servicio de forma irregular, una o dos veces a la semana, obligando a los ciudadanos a desarrollar mecanismos alternativos para garantizar el abastecimiento en sus viviendas.
La realidad es que para muchas familias el acceso al agua no depende únicamente de abrir una llave. Requiere realizar costosas inversiones en cisternas, tinacos, bombas eléctricas, tuberías especiales y sistemas de almacenamiento. En otras palabras, el agua llega a convertirse en un lujo que demanda recursos adicionales, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
Como hemos visto, el problema no es nuevo ni exclusivo de una administración gubernamental. Ha atravesado diferentes gobiernos, alcaldías y gestiones institucionales. Cada cierto tiempo se anuncian proyectos de ampliación, rehabilitación de redes, construcción de acueductos o mejoras en los sistemas de distribución. Sin embargo, los resultados no siempre se reflejan de manera consistente en la vida diaria de los ciudadanos.
La situación adquiere mayor relevancia cuando se analiza desde una perspectiva de calidad de vida. El agua potable no es simplemente un servicio público; es un derecho fundamental. De ella dependen la higiene, la salud, la preparación de alimentos y el bienestar general de las familias. Cuando el suministro falla, las consecuencias se multiplican y afectan múltiples aspectos de la vida cotidiana.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es sencilla: ¿cómo es posible que una ciudad que ha experimentado tantos avances en infraestructura, telecomunicaciones y construcción aún no haya resuelto plenamente el acceso regular al agua potable? La respuesta probablemente involucre factores técnicos, financieros, administrativos y de planificación urbana acumulados durante décadas.
Más allá de las explicaciones, lo cierto es que los capitaleños siguen esperando el día en que el agua llegue con suficiente presión y regularidad para que almacenar agua deje de ser una preocupación permanente. Siguen esperando el momento en que las cisternas y los tinacos sean una opción y no una necesidad obligatoria.
Ya en la mitad del año 2026, la consigna podría reinterpretarse de una manera más amplia: no se trata de esperar la victoria de un candidato, sino de exigir que quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos conviertan el acceso permanente al agua potable en una realidad. Solo entonces los habitantes de Santo Domingo podrán decir, sin nostalgia ni ironía, que finalmente pudieron darse aquel esperado “duchazo”.
