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La iglesia un canal adecuado para trabajar contra la violencia intrafamiliar

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Por el Obispo Ynocencio Vargas Encarnacion (Autor del libro el Cristianismo vs el Feminismo Radical)

La Iglesia cristiana posee una oportunidad extraordinaria para contribuir mediante la educación bíblica, la consejería responsable, la orientación matrimonial y la formación de líderes preparados para identificar señales de abuso.

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Sin embargo, debemos reconocer una realidad incómoda: la violencia también puede presentarse dentro de hogares cristianos. La asistencia regular a los cultos, el conocimiento de las Escrituras o la participación en actividades ministeriales no garantizan, por sí solos, relaciones familiares saludables.

Por tanto, ningún pastor debe minimizar una denuncia de maltrato para proteger la reputación de una congregación. Tampoco debe recomendar que una víctima permanezca en peligro bajo el argumento de preservar el matrimonio. La reconciliación no puede imponerse a costa de la seguridad de una persona, y el perdón cristiano no elimina la responsabilidad legal de quien comete un delito.

Efesios 4:31-32 exhorta a abandonar la amargura, la ira y la malicia, y a practicar la bondad y el perdón. Este llamado espiritual debe reflejarse en conductas concretas: respeto, autocontrol, responsabilidad, reparación del daño y rechazo de toda forma de maltrato.

Las iglesias pueden desarrollar programas de prevención, talleres para matrimonios, orientación sobre crianza responsable, protocolos para recibir denuncias y redes de colaboración con profesionales de la salud mental y las instituciones competentes. Los líderes también necesitan formación para comprender cuándo una situación requiere consejería y cuándo es indispensable activar mecanismos de protección.

La oración es fundamental para la vida cristiana, pero no sustituye la intervención profesional, la atención médica ni la denuncia cuando existe un peligro real.

Para que las políticas públicas respondan con mayor eficacia a la realidad cotidiana, es necesario avanzar en cinco direcciones fundamentales: Primero: educación preventiva permanente. Las campañas deben llegar a escuelas, barrios, iglesias, centros de trabajo y comunidades rurales. La educación debe enseñar a reconocer el abuso, gestionar los conflictos y buscar ayuda a tiempo.

Segundo: atención accesible y oportuna. Las víctimas necesitan orientación psicológica, asistencia legal, protección policial y alternativas seguras de alojamiento cuando exista riesgo. La respuesta institucional debe evitar la revictimización y la exposición innecesaria de quienes denuncian.

Tercero: prevención dirigida a toda la familia. Además de proteger a las mujeres, las políticas deben contemplar la atención de niños, adolescentes, adultos mayores y otras personas vulnerables. También deben desarrollar programas de intervención para agresores, con seguimiento y evaluación, sin sustituir las consecuencias legales que correspondan.

Cuarto: transparencia y evaluación de resultados. La ciudadanía necesita conocer los recursos destinados a la prevención, los servicios disponibles, las metas cumplidas y los obstáculos identificados. El éxito debe medirse por la protección efectiva y la reducción del daño, no únicamente por la cantidad de actividades realizadas.

Quinto: colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Las instituciones públicas deben trabajar con organizaciones comunitarias, profesionales, medios de comunicación e iglesias, respetando las competencias de cada sector y estableciendo mecanismos claros de referencia y seguimiento.

La información pública del Ministerio de la Mujer identifica los siguientes canales de asistencia.  Presidencia de la República Dominicana+1 *Línea 212 del Ministerio de la Mujer: orientación, apoyo y asistencia ante situaciones de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar. *Línea Vida 211 del Ministerio Público: canal de orientación y recepción de denuncias relacionadas con violencia. Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1: para situaciones de peligro inmediato que requieran intervención urgente.

Si existe riesgo inmediato, se debe priorizar la seguridad de la víctima y de los niños. Es importante buscar un lugar seguro y contactar a las autoridades. La consejería familiar nunca debe retrasar la protección frente a una amenaza.

La política de prevención de la violencia intrafamiliar del Gobierno dominicano representa un compromiso necesario frente a una realidad que afecta la seguridad, la salud emocional y la dignidad de miles de personas. Las estrategias institucionales, las campañas educativas y los mecanismos de asistencia constituyen herramientas importantes, pero su verdadero valor depende de su capacidad para responder a las necesidades de la población.

La sociedad necesita pasar de la reacción ante las tragedias a una cultura permanente de prevención. No podemos esperar que una mujer sea agredida gravemente, que un niño viva años de maltrato o que un conflicto familiar termine en una pérdida irreparable para comenzar a actuar.

Desde la perspectiva cristiana, defender la familia significa proteger la vida, promover relaciones saludables y rechazar todo comportamiento que convierta el hogar en un espacio de miedo. La familia es demasiado importante para abandonarla a la improvisación, al silencio o a la indiferencia.

El Gobierno debe fortalecer sus políticas, las instituciones deben cumplir sus responsabilidades y la ciudadanía debe participar activamente en la prevención. La Iglesia, por su parte, está llamada a demostrar que el evangelio no solo se proclama desde el púlpito, sino que también se expresa mediante la defensa de los vulnerables y el acompañamiento a quienes sufren.

Un hogar no puede considerarse verdaderamente cristiano cuando la violencia gobierna sus relaciones. La fe debe producir amor, respeto, dominio propio y responsabilidad. Proverbios 31:8 exhorta a hablar en favor de quienes no pueden defenderse. Ese llamado constituye una responsabilidad moral para la Iglesia y para toda la sociedad dominicana.

La prevención comienza cuando dejamos de justificar el abuso, escuchamos a quienes sufren y actuamos a tiempo. Porque proteger a una víctima no destruye a la familia: puede ser el primer paso para detener la violencia y recuperar la dignidad humana.