Otto Mañón
Las elecciones legislativas estadounidenses del pasado 3 de noviembre dejaron un resultado contundente: el Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso, mientras el Partido Republicano enfrenta una crisis que amenaza con debilitar los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump.
Sin embargo, lejos de anunciar una retirada política, Trump sorprendió con una decisión que podría marcar el rumbo de su administración: nombró a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, quien pasará a colaborar con la operación política del presidente. El cambio entrará en vigor el lunes 9 de noviembre.
La designación tiene una importancia particular. Miller ha sido uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump y un defensor de una interpretación amplia de las facultades presidenciales. Su ascenso sugiere que la Casa Blanca podría responder a la derrota electoral reforzando sus prioridades en lugar de abandonarlas.
Y aquí comienza lo verdaderamente interesante. Porque en Washington hay políticos que cambian de posición con tanta rapidez que uno sospecha que no tienen principios, sino sensores de movimiento.
LOS QUE ABANDONAN EL BARCO ANTES DE COMPROBAR SI SE ESTÁ HUNDIENDO
La derrota republicana ha reabierto una vieja discusión: ¿terminó la era de Trump?
Conviene recordar que preguntas semejantes aparecieron después de las elecciones de 2020 y durante el ascenso presidencial de Ron DeSantis. Muchos analistas dieron por terminado el liderazgo de Trump, pero el expresidente recuperó la nominación republicana y regresó a la Casa Blanca en 2025.
Aquello no garantiza que vuelva a recuperarse políticamente. La historia no está obligada a repetirse para complacer a ningún dirigente. Sin embargo, tampoco parece prudente celebrar anticipadamente el funeral político de alguien que todavía ocupa la presidencia y conserva una influencia considerable sobre su partido.
Resulta especialmente llamativa la conducta de ciertos comentaristas que ayer defendían apasionadamente a Trump y hoy procuran distanciarse de él. Cambiar de opinión después de examinar hechos nuevos es perfectamente legítimo. Lo cuestionable es cambiar de convicciones únicamente porque cambió la dirección del viento electoral.
La lealtad política tampoco debe confundirse con obediencia incondicional. Un presidente puede acertar en determinadas decisiones y equivocarse gravemente en otras. Defenderlo cuando actúa correctamente no obliga a justificarlo cuando vulnera principios fundamentales.
LA LEY MIGRATORIA NO ES UNA SUGERENCIA
Uno de los argumentos centrales del debate es la obligación del Estado de hacer cumplir sus leyes migratorias. Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, establecer requisitos de admisión y ejecutar procedimientos de deportación conforme a la legislación vigente. La generosidad de una nación no exige renunciar a su soberanía.
Pero existe una distinción jurídica que merece conservarse: permanecer en el país sin autorización no constituye automáticamente un delito penal en todos los casos. Algunas infracciones migratorias son civiles, mientras que determinadas conductas, como ciertos ingresos o reingresos ilegales, pueden configurar delitos. Precisamente porque defendemos el Estado de derecho, debemos exigir que las autoridades respeten esas diferencias.
También resulta indispensable reconocer que el debido proceso no es un lujo reservado a quienes nos agradan. Es una garantía constitucional cuyo valor se demuestra especialmente cuando protege a personas impopulares. Las deportaciones legalmente procedentes deben ejecutarse. Los errores, las detenciones indebidas y las violaciones de derechos deben investigarse y corregirse. Ambas exigencias pueden coexistir sin contradicción. Después de todo, sería bastante curioso defender apasionadamente el cumplimiento de la ley mientras se considera opcional respetar las garantías que esa misma ley establece.
EL VOTO DE CASTIGO Y SUS CONSECUENCIAS
El voto de castigo puede terminar siendo un castigo contra uno mismo. Quien, por enojo con Trump o decepción con los republicanos, decide abstenerse o favorecer a sus adversarios debería hacerse una pregunta incómoda: ¿está castigando al político que lo decepcionó o comprometiendo el futuro de su propia familia? Trump terminará su mandato y, cualquiera que sea su legado, conservará una fortuna que le permitirá vivir cómodamente. Pero el trabajador que depende de su salario, el pequeño empresario que lucha por mantener abierto su negocio y los padres preocupados por el futuro de sus hijos no tienen semejante privilegio. Serán ellos quienes enfrenten las consecuencias de las políticas que finalmente se aprueben.
Las elecciones no son una rabieta que desaparece al día siguiente. Sus efectos pueden prolongarse durante décadas, especialmente cuando se traducen en leyes, nombramientos judiciales, compromisos económicos y decisiones institucionales difíciles de revertir. Ningún partido merece un cheque en blanco, pero tampoco resulta sensato facilitar el triunfo de una alternativa que consideramos más perjudicial simplemente para darle una lección al nuestro. El político puede perder una elección; el ciudadano puede terminar perdiendo oportunidades, estabilidad económica y libertades que después resultará mucho más difícil recuperar.
Ahora bien, esto no exonera a los republicanos de sus propias responsabilidades. Un partido que pierde la confianza de sus electores debe examinar sus errores, corregir sus políticas y demostrar con resultados que merece recuperar ese respaldo. La lealtad no se exige como un tributo feudal ni se obtiene acusando de traición a todo ciudadano descontento. Se construye mediante principios, competencia y responsabilidad. Y los demócratas, cuando reciben el poder, tampoco adquieren licencia para convertir las instituciones en instrumentos de revancha contra sus adversarios.
La democracia necesita oposición, fiscalización y alternancia. Lo que no necesita es que la frustración sustituya al discernimiento. Antes de utilizar las urnas para desahogar un resentimiento, conviene evaluar quién gobernará después, qué políticas podrá implementar y quién pagará sus consecuencias. Porque los políticos pasan, pero muchas de sus decisiones permanecen. Y cuando llega la factura, no distingue entre quienes votaron convencidos, quienes votaron enfadados y quienes prefirieron quedarse en casa.
El enojo dura una temporada; las consecuencias pueden durar generaciones.
Las consecuencias de una derrota electoral no se limitan al reparto de escaños en el Congreso. También obligan al presidente a decidir cómo gobernará durante el tiempo que le resta. Y precisamente ahí adquiere importancia el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete. Trump enfrenta una etapa decisiva, marcada por mayores posibilidades de investigaciones, bloqueos legislativos y conflictos institucionales. Podrá utilizar las facultades legítimas del Ejecutivo para impulsar sus prioridades, pero no convertir su voluntad en sustituto de la ley. La firmeza es una virtud cuando está acompañada de prudencia y justicia; separada de ellas, puede convertirse en arbitrariedad.
POR ENCIMA DE WASHINGTON HAY UN TRONO QUE NO SE SOMETE A ELECCIONES
Como cristianos, podemos sostener convicciones políticas firmes, defender la soberanía nacional y exigir responsabilidad a nuestros gobernantes. Pero debemos recordar que ninguna administración representa perfectamente el reino de Dios.
Daniel 2:21 nos recuerda que Dios gobierna sobre los tiempos y las autoridades humanas. Esa soberanía no elimina nuestra responsabilidad ciudadana; nos impide convertir a los gobernantes en salvadores.
Donald Trump necesita sabiduría. Sus adversarios también. Y Estados Unidos necesita algo que ninguna victoria electoral puede garantizar: una renovación moral que comience en la conciencia de sus ciudadanos. Porque el problema más profundo de la humanidad no se resuelve simplemente cambiando de partido, de presidente o de jefe de gabinete.
La Escritura enseña que todos hemos pecado y necesitamos reconciliarnos con Dios. Jesucristo vino precisamente a ofrecer esa reconciliación mediante su muerte y resurrección. En Él encontramos el perdón que ninguna institución puede conceder y la transformación interior que ninguna legislación puede imponer.
Defendamos nuestras convicciones sin vender nuestra conciencia. Exijamos justicia sin abandonar la misericordia. Y recordemos que, cuando desaparezcan los gobiernos, los partidos y sus interminables disputas, el señorío de Jesucristo permanecerá.
Porque Washington puede cambiar de manos cada dos años, pero el trono de Dios jamás ha estado en disputa.
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Otto Mañón es aspirante a siervo inútil o pastor al servicio de Iglesia Casa de Bendición Inc., Marietta, GA
