SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La organización Dominicana con Valores (DOVA) expresó su firme y categórica oposición al proyecto de ley que actualmente se cursa en el Congreso Nacional tras su conocimiento en el Senado y posterior paso a la Cámara de Diputados orientada a posponer por dos años la entrada en vigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplada en el marco del legal del Código Penal recintemente aprobado.
Para DOVA, suspender la aplicación de la responsabilidad penal corporativa representa un grave retroceso institucional y contradice abiertamente el discurso oficial de combate a la corrupción e impunidad. Contrario a visiones tradicionales que desvinculaban a la estructura empresarial de los ilícitos, la organización enfatiza que las personas jurídicas son, en la práctica, vehículos y agentes promotores de esquemas de corrupción con un impacto tan devastador para el patrimonio público como el de las personas físicas.
«Los procesos judiciales de mayor envergadura ventilados en los tribunales dominicanos durante los últimos años evidencian un patrón claro: las estructuras societarias, constitutivas de personería jurídica, han servido como entramados para el desvío de fondos, el sobre dimensionamiento de obras, el lavado de activos y el financiamiento irregular de la política», expresó Luis Garcia, vocero institucional de DOVA.
Entre los argumentos centrales presentados por la entidad para sustentar su rechazo destacan:
• Coherencia en la Lucha Anticorrupción: No se puede proclamar una política de «cero impunidad» mientras se aplaza la herramienta jurídica clave para sancionar a las corporaciones implicadas en delitos contra el Estado.
• Igualdad ante la Ley: Exigir responsabilidades penales inmediatas a los ciudadanos mientras se concede un margen de gracia de dos años a las entidades societarias genera un privilegio inaceptable dentro del ordenamiento jurídico.
• Estándares Internacionales: La postergación aleja a la República Dominicana de los compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos y
buenas prácticas de gobernanza, los cuales exigen regímenes sancionatorios corporativos vigentes y efectivos.
DOVA hace un llamado directo a los diputados para que detengan la aprobación de esta iniciativa y prioricen el interés colectivo. Asimismo, la organización solicitó formalmente al Presidente de la República que, en caso de que el Congreso Nacional apruebe dicho aplazamiento, ejerza sus facultades constitucionales y observe (vete) la ley, impidiendo que se consolide un espacio de desprotección legal frente al delito corporativo.
«El fortalecimiento del Estado de derecho exige firmeza. La sociedad dominicana no puede esperar dos años más para contar con las herramientas necesarias que castiguen a las empresas e instituciones que atentan contra el desarrollo y la ética pública», concluyó la entidad.
