Por: Obispo Ynocencio Vargas Encarnación (Autor del libro el Cristianismo vs el Feminismo Radical)
La justicia no actúa en el vacío. Sus posibilidades de respuesta también se ven condicionadas por las creencias y costumbres de una sociedad.
Durante generaciones, en determinados entornos se ha considerado que los conflictos familiares deben permanecer en secreto, incluso cuando existe maltrato. Bajo esa perspectiva, denunciar se interpreta como una traición a la familia, una vergüenza pública o una amenaza contra la estabilidad del hogar.
Esta cultura del silencio favorece la impunidad, porque permite que la violencia permanezca oculta y dificulta que las víctimas encuentren apoyo. En ocasiones, familiares, vecinos o conocidos prefieren no intervenir por temor a involucrarse en un problema ajeno.
Sin embargo, proteger la dignidad de la familia no significa encubrir la agresión. La verdadera protección familiar consiste en promover relaciones fundamentadas en el respeto, la responsabilidad, la igualdad y la resolución pacífica de los conflictos.
Es necesario educar a la población para que comprenda que ninguna persona tiene derecho a ejercer violencia sobre otra por razones de autoridad, parentesco, matrimonio, celos o dependencia económica. También es importante que las iglesias, las organizaciones comunitarias y los líderes sociales participen en la prevención. Su influencia puede ayudar a identificar señales de alerta, orientar a quienes necesitan asistencia y combatir los prejuicios que impiden denunciar.
No obstante, las comunidades religiosas deben reconocer sus propios límites. La oración, el acompañamiento pastoral y la consejería espiritual pueden brindar apoyo, pero no sustituyen la investigación judicial, la atención psicológica especializada ni las medidas de seguridad necesarias. Tampoco debe utilizarse el perdón cristiano como argumento para obligar a una víctima a permanecer en peligro o retirar una denuncia.
Una sociedad que guarda silencio frente al maltrato termina protegiendo al agresor, aunque no sea esa su intención.
La insuficiencia de recursos y la debilidad institucional constituyen la debilidad que impide exigir resultados extraordinarios a un sistema de justicia que carece de los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios para cumplir adecuadamente sus responsabilidades. Aunque la voluntad de los funcionarios es importante, la lucha contra la violencia doméstica requiere instituciones preparadas, accesibles y dotadas de medios suficientes.
La falta de personal especializado, las limitaciones de los servicios de atención psicológica, la escasez de espacios seguros para las víctimas y las dificultades para realizar investigaciones oportunas pueden reducir la efectividad de las medidas adoptadas.
A esto se suma la necesidad de fortalecer la capacitación de policías, fiscales, jueces, médicos forenses y trabajadores sociales. La violencia doméstica presenta características particulares que requieren conocimientos especializados para evaluar el riesgo, documentar las agresiones y comprender las dinámicas de intimidación y dependencia que pueden existir entre la víctima y el agresor.
También es fundamental mejorar la coordinación institucional. Cuando una persona debe trasladarse de una dependencia a otra para presentar documentos, repetir su historia o buscar información sobre su caso, el sistema puede convertirse en una carga adicional para quien necesita protección.
La digitalización de expedientes, los protocolos comunes de actuación y los sistemas seguros de seguimiento pueden contribuir a reducir estas dificultades, siempre que se protejan los datos personales y se garantice el acceso a quienes no disponen de recursos tecnológicos.
La responsabilidad institucional debe evaluarse mediante resultados concretos: el tiempo de respuesta, la calidad de la atención, el cumplimiento de las medidas de protección, la reincidencia de los agresores y la seguridad de las personas atendidas.
El presupuesto destinado a prevenir y combatir la violencia doméstica no debe considerarse un gasto secundario. Es una inversión en seguridad, salud pública, protección de la niñez y estabilidad social.
En la República Dominicana, enfrentar adecuadamente la violencia doméstica exige fortalecer la aplicación de las normas vigentes y garantizar que las instituciones respondan con diligencia ante las denuncias. El país cuenta con un marco jurídico que incluye la Ley núm. 24-97, que introdujo importantes modificaciones al Código Penal y otras disposiciones para abordar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. También existen garantías constitucionales relacionadas con la dignidad humana, la integridad personal y la protección de los derechos fundamentales.
Sin embargo, la existencia de disposiciones legales no garantiza por sí sola su aplicación efectiva. La verdadera fortaleza de un sistema jurídico se demuestra cuando las personas pueden acceder a la justicia sin discriminación, recibir orientación adecuada y obtener una respuesta proporcional a las circunstancias de su caso.
Es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia, ampliar los servicios especializados, mejorar la investigación de las agresiones y garantizar que las medidas de protección se ejecuten de manera efectiva. Asimismo, debe procurarse que los procesos judiciales respeten la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las garantías procesales, sin que estas se conviertan en excusas para la negligencia o la inacción.
La transparencia también desempeña un papel esencial. Las autoridades deben promover estadísticas confiables sobre denuncias, medidas de protección, procesos judiciales y casos de violencia extrema. La información, debidamente protegida para evitar la identificación de las víctimas, permite conocer las deficiencias y diseñar políticas públicas basadas en evidencias.
Por otra parte, la prevención debe comenzar en las escuelas, los hogares y las comunidades. Educar en igualdad, respeto, manejo saludable de las emociones y resolución pacífica de conflictos ayuda a cuestionar los patrones culturales que favorecen el maltrato.
No debemos esperar a que una agresión termine en tragedia para reconocer que existían señales de alerta. La prevención exige escuchar, orientar, investigar y actuar responsablemente antes de que la violencia alcance sus consecuencias más graves.
Para enfrentar de manera más eficaz la violencia doméstica, es necesario adoptar medidas que conviertan la protección de las víctimas en una prioridad real. Entre las acciones fundamentales se encuentran: Agilizar la respuesta judicial. Establecer procedimientos de atención urgente y mecanismos de priorización para los casos en los que exista un riesgo elevado. Fortalecer las medidas de protección. Garantizar su comunicación, ejecución y seguimiento, con respuestas oportunas ante posibles incumplimientos.
Capacitar al personal. Desarrollar programas permanentes de formación sobre violencia doméstica, atención a víctimas, evaluación del riesgo y derechos fundamentales. Ampliar los servicios de apoyo. Facilitar el acceso a refugios, asistencia psicológica, asesoría jurídica y programas de autonomía económica.
Mejorar la coordinación institucional. Establecer protocolos que permitan compartir información pertinente de manera segura entre las autoridades competentes. Combatir la revictimización. Promover una atención digna, confidencial y respetuosa, evitando interrogatorios innecesariamente repetitivos y prejuicios que desacrediten a las personas denunciantes.
Educar para prevenir. Involucrar a las familias, las escuelas, las iglesias y las organizaciones comunitarias en campañas permanentes de prevención y orientación. Evaluar los resultados. Publicar información estadística confiable y utilizarla para identificar fallas, mejorar los servicios y exigir rendición de cuentas.
Estas propuestas requieren voluntad política, inversión pública, supervisión y compromiso ciudadano. Ninguna institución puede resolver por sí sola una problemática que tiene raíces jurídicas, económicas, culturales y psicológicas.
Una justicia que proteja antes de lamentar. Las trabas de la justicia para enfrentar adecuadamente la violencia doméstica constituyen un desafío que interpela a las autoridades y a toda la sociedad. La lentitud de los procesos, la revictimización, las deficiencias en la protección, la falta de recursos y la cultura del silencio pueden debilitar la respuesta institucional y aumentar la vulnerabilidad de quienes sufren maltrato.
Pero estas dificultades no deben conducir al pesimismo ni a la indiferencia. Deben convertirse en razones para exigir reformas, fortalecer las instituciones y promover una cultura de respeto a la dignidad humana.
La justicia no puede limitarse a recibir denuncias y tramitar expedientes. Debe investigar con rigor, proteger conforme a la ley, sancionar cuando se demuestre la responsabilidad y contribuir a prevenir nuevas agresiones. Su compromiso debe ser firme, pero también equilibrado, respetuoso de los derechos de todas las personas y atento a las necesidades de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Desde una perspectiva social y pastoral, debemos recordar que el hogar está llamado a ser un espacio de amor, seguridad y crecimiento, no un escenario de miedo, humillación y violencia. La defensa de la familia nunca debe utilizarse para encubrir el abuso; por el contrario, debe motivarnos a proteger a cada uno de sus integrantes.
La responsabilidad de construir una sociedad más segura es compartida, pero el Estado tiene obligaciones indelegables en materia de prevención, investigación, protección y acceso a la justicia.
Una sociedad no puede considerarse verdaderamente justa mientras una persona tenga que elegir entre soportar la violencia en silencio o arriesgarse a buscar protección sin recibir una respuesta efectiva.
La justicia debe llegar antes de que el dolor se convierta en tragedia. Debe escuchar antes de juzgar, actuar antes de que el peligro aumente y proteger sin discriminación. Porque detrás de cada denuncia hay una persona cuya dignidad merece respeto y cuya seguridad no puede depender de la suerte, de sus recursos económicos ni de la sensibilidad individual de un funcionario.
El desafío no consiste únicamente en tener leyes contra la violencia doméstica, sino en construir instituciones capaces de hacerlas cumplir. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad donde el hogar vuelva a ser un lugar de paz y donde ninguna víctima tenga que preguntarse si será escuchada cuando decida pedir ayuda.
