Por Samuel Guzmán Beltré
Hay momentos en que las instituciones públicas necesitan detenerse, mirar su razón de ser y preguntarse si están cumpliendo exactamente el papel para el cual fueron creadas.
En materia de tránsito y movilidad en la República Dominicana, esta reflexión resulta particularmente necesaria.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) tiene una responsabilidad que va mucho más allá de hablar de infracciones, multas, fiscalizaciones y contravenciones. Su propia misión institucional establece que le corresponde ejercer la rectoría nacional de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, incluyendo el ordenamiento, la planificación y la educación vial.
Por eso resulta preocupante cuando el discurso público del INTRANT comienza a parecerse demasiado al de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), cuyo trabajo está directamente relacionado con la regulación y fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito.
No se trata de restarle importancia a las multas ni a la fiscalización. Las normas deben cumplirse y quienes las violan deben asumir las consecuencias correspondientes. Pero una política nacional de movilidad no puede descansar fundamentalmente sobre la idea de sancionar al ciudadano después de que comete una infracción.
La pregunta debería ser otra: ¿qué estamos haciendo para evitar que esa infracción ocurra?
Ahí es donde la educación vial adquiere una importancia extraordinaria.
Muchos conductores dominicanos cometen faltas no necesariamente porque tengan la intención deliberada de desafiar la ley, sino porque nunca recibieron una educación vial suficientemente sólida. Hay personas que aprendieron a conducir, obtuvieron una licencia y salieron a las calles, pero nunca recibieron una formación profunda sobre cómo circular correctamente en una rotonda, cómo incorporarse a una vía, cómo utilizar determinados carriles, cómo ceder el paso o cómo reaccionar ante nuevas modificaciones de la circulación.
Y esto se vuelve todavía más evidente cuando las autoridades modifican de manera importante la configuración del tránsito.
Un ejemplo reciente lo encontramos en la Plaza de la Bandera, donde fue inaugurado un nuevo túnel de aproximadamente 1.2 kilómetros, concebido para separar el tránsito de paso del flujo local y mejorar la circulación en uno de los puntos de mayor congestión del Gran Santo Domingo.
Una obra de esta magnitud cambia la manera en que miles de ciudadanos se desplazan diariamente.
Pero una transformación de la infraestructura debe ir acompañada de una transformación en la conducta de quienes utilizan las vías.
No basta con construir el túnel, modificar los accesos, eliminar determinados puntos de conflicto o cambiar el funcionamiento de una intersección. También hay que explicarle al ciudadano cómo utilizar correctamente la nueva infraestructura.
Si se introduce o recupera el uso de una rotonda, por ejemplo, ¿cuántas campañas educativas se realizan para enseñar a los conductores cómo entrar, cómo circular y cómo salir correctamente de ella?
En muchos países europeos, las rotondas forman parte habitual de la organización vial. Su funcionamiento depende, en buena medida, de que los conductores conozcan y respeten las reglas de prioridad, incorporación y salida.
El INTRANT debería convertirse en una gran escuela nacional de educación vial. Una institución que no solamente diga al ciudadano lo que está prohibido, sino que le enseñe lo que debe hacer.
Una campaña permanente, utilizando televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, escuelas, universidades, iglesias, organizaciones comunitarias y empresas, podría contribuir mucho más a modificar la cultura del tránsito que una sucesión interminable de operativos y anuncios de sanciones.
Y hay otro desafío: descongestionar nuestras ciudades.
El problema del tránsito dominicano no se resuelve solamente persiguiendo al conductor que se estaciona mal o sancionando al motociclista que viola una señal. El problema requiere planificación, transporte público eficiente, sincronización semafórica, gestión inteligente de intersecciones, mejor organización de las rutas, educación ciudadana y una visión integral de movilidad.
El propio Gobierno ha planteado en los últimos meses un conjunto de soluciones de infraestructura para reducir los puntos de congestión del Gran Santo Domingo, incluyendo el túnel de la Plaza de la Bandera y otras obras destinadas a mejorar la conectividad.
El INTRANT tiene una oportunidad extraordinaria para marcar una diferencia.
Puede ser simplemente otra institución que anuncia controles, operativos y sanciones; o puede convertirse en el gran motor de una nueva cultura de movilidad en la República Dominicana.
La DIGESETT tiene una función fundamental: hacer cumplir las normas y contribuir a la seguridad en las vías.
El INTRANT, en cambio, tiene la responsabilidad de mirar mucho más lejos: planificar, ordenar, educar y transformar la movilidad nacional.
Por eso, más que otra campaña de multas, el país necesita una gran campaña de educación vial. Una campaña que enseñe antes de sancionar. Que prevenga antes de lamentar. Que oriente antes de castigar.
Porque el objetivo final de una política moderna de tránsito no debería ser tener más conductores multados.
Debería ser tener menos infracciones, menos congestionamientos, menos accidentes y, sobre todo, menos vidas perdidas en nuestras calles, avenidas y carreteras.
Qu el Intrant continue siendo para lo que fue creado.
