JOSELIN RIVERA
Hay noticias que producen indignación. Otras, además, deberían obligarnos a revisar nuestras prácticas. El caso de la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, en Bajos de Haina, pertenece a esta segunda categoría. La intervención de las autoridades, luego de que un niño escapara del lugar y denunciara presuntos maltratos, puso bajo protección a más de una docena de niños, niñas y adolescentes y abrió una investigación que actualmente involucra a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.
Corresponde a la justicia determinar responsabilidades. Nadie debe ser condenado anticipadamente, y los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia y a defenderse de las acusaciones. Sin embargo, la prudencia jurídica no puede convertirse en indiferencia social. Los hechos conocidos hasta ahora plantean preguntas demasiado importantes como para limitarnos a esperar una sentencia judicial.
Una de ellas resulta particularmente inquietante: ¿cómo puede una institución mantener niños bajo su cuidado sin estar habilitada para funcionar como hogar de acogida? Según las informaciones divulgadas, CONANI había intervenido anteriormente el lugar precisamente porque mantenía menores sin la autorización correspondiente. Si esto es así, entonces el problema trasciende las posibles actuaciones individuales de quienes dirigían la fundación. También debemos preguntarnos qué falló en el sistema de seguimiento y supervisión que permitió que la situación continuara.
La Constitución dominicana y la Ley 136-03 no consideran la protección infantil un asunto opcional ni una obra de caridad. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Su protección compromete a la familia, la sociedad y el Estado. Cuando un niño se encuentra en situación de vulnerabilidad no necesita solamente comida, techo o buenas intenciones. Necesita seguridad, educación, salud, afecto, supervisión adecuada y garantías de que nadie vulnerará su dignidad.
Esto también debe llevarnos a una reflexión dentro de las iglesias y organizaciones cristianas. No ponemos en duda que muchas personas comienzan proyectos sociales movidas por un deseo genuino de ayudar. Miles de cristianos sirven cada día con entrega extraordinaria a niños, familias y comunidades vulnerables. Precisamente por respeto a ese servicio debemos afirmar con claridad una verdad que algunas veces olvidamos: la buena intención no garantiza una buena práctica.
El amor cristiano no nos coloca por encima de las normas de protección; nos exige todavía más responsabilidad. Tener vocación pastoral, buenas intenciones, experiencia ministerial o deseo de rescatar personas vulnerables no sustituye la capacitación profesional, los protocolos de protección infantil, la rendición de cuentas, la supervisión institucional ni el cumplimiento de la ley.
Por eso las denominaciones, concilios, asociaciones de pastores y organizaciones que agrupan iglesias tienen una responsabilidad que no deberían evadir. No basta reaccionar cuando aparece un escándalo. Es necesario prevenir. Las iglesias que trabajan con niños y adolescentes deberían contar con políticas claras de protección, procedimientos para denunciar sospechas de abuso, criterios para seleccionar y supervisar voluntarios, límites apropiados en el trato con menores y mecanismos para referir situaciones que requieren intervención profesional o de las autoridades competentes.
Las familias también necesitan orientación. La vulnerabilidad económica, una crisis familiar o la desesperación pueden llevar a padres y madres a confiar sus hijos a personas o instituciones que prometen ayudarlos. Pero ninguna necesidad debería colocar a un niño fuera del alcance de los mecanismos de protección del Estado. Por eso la respuesta no puede consistir solamente en responsabilizar a las familias: necesitamos políticas públicas capaces de acompañarlas antes de que la desesperación las empuje hacia alternativas inseguras.
Y el Estado debe responder también. Si una institución había sido advertida o intervenida anteriormente, corresponde explicar qué seguimiento se realizó posteriormente. Proteger a la niñez no consiste únicamente en intervenir después de una denuncia. Implica prevención, supervisión, coordinación entre instituciones y capacidad para actuar antes de que un niño tenga que escapar buscando ayuda.
Como cristianos, esta situación debería dolernos especialmente. Jesús colocó a los pequeños en un lugar privilegiado dentro del Reino y fue particularmente severo frente a quienes pudieran hacerles daño. Por eso defender a la niñez no es una agenda ajena al evangelio; es una consecuencia directa de tomarnos seriamente las enseñanzas de Jesús.
Necesitamos iglesias compasivas, pero también responsables; líderes sensibles, pero también capacitados; ministerios dispuestos a abrir sus puertas, pero también a rendir cuentas. La fe nunca debería utilizarse como argumento para ignorar las normas creadas para proteger a los vulnerables.
Este caso no debe convertirse simplemente en otra noticia que provoque indignación durante algunos días y luego desaparezca. Debe servirnos para revisar sistemas, fortalecer protocolos, capacitar iglesias, exigir responsabilidad al Estado y recordar que cuando servimos a personas vulnerables nuestras acciones pueden tener consecuencias profundas.
Querer hacer el bien es importante. Pero cuando están en juego la dignidad, la seguridad y el futuro de un niño, querer hacer el bien nunca será suficiente.
Porque aún el bien hay que hacerlo bien hecho.
