Madrid.-Las críticas de dominicanos residentes en España se suman al
debate por los RD$32.3 millones que el pleno de la Junta Central
Electoral (JCE) destinó a viáticos y boletos aéreos en clase ejecutiva
entre enero de 2025 y julio de 2026, período en el que sus integrantes
recibieron 800 dólares diarios por jornada de misión al exterior.
Entre los desplazamientos cuestionados, uno de los que mayor debate ha
generado es el realizado por los magistrados Hirayda Marcelle Fernández
Guzmán y Samir Rafael Chami Isa para participar en una formación sobre
ciberseguridad en León, España. Ambos permanecieron 15 días, del 12 al
26 de julio, y recibieron 12,000 dólares cada uno por concepto de
viáticos.
Entre las voces críticas figura Nirka de la Rosa, abogada y presidenta
de la Asociación de Dominicanos en Fuenlabrada, quien comparó el monto
recibido diariamente con el salario mínimo mensual en España. Además,
reclamó al órgano electoral una explicación pública sobre el uso de sus
recursos y calificó estas acciones como «abusivas».
Del mismo modo, el politólogo Luis Columna, quien aspiró a integrar el
pleno de la JCE durante el proceso de selección para el período
2020-2024, sostuvo que se trata de «un manejo impropio de los recursos
de la institución».
Columna cuestionó que un estudiante dominicano becado en España reciba
entre 750 y 800 dólares mensuales del Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCyT), mientras el viático diario asignado a los
magistrados alcanza esa misma cantidad por una sola jornada de
formación.
De igual forma, William Reynoso, comunicador y presidente de la
Asociación De la Mano con la Patria, en Valencia, cuestionó el monto
tomando como referencia el costo real de vida en España. A su entender,
una persona puede cubrir su alimentación diaria con unos 40 euros, por
lo que considera desproporcionados los 800 dólares recibidos cada día
por los funcionarios.
Reynoso también relacionó este episodio con la baja participación
electoral de la diáspora y sostuvo que los cuestionamientos sobre el uso
de los recursos públicos por parte de políticos y funcionarios
desalientan a los dominicanos residentes en el exterior a acudir a las
urnas.
Por su parte, la JCE defendió sus misiones internacionales y precisó que
los viáticos están establecidos desde 2005 mediante el Acta 18/2005.
Asimismo, aseguró que cada desembolso responde a una finalidad
institucional debidamente documentada.
El debate se produce en momentos en que el órgano electoral enfrenta el
desafío de desarrollar el proceso de cedulación en el exterior, una
tarea que será determinante para facilitar la participación de la
diáspora dominicana en las elecciones de 2028.
