Otto Mañón
La República Dominicana llegó a este momento con cuatro fuegos encendidos al mismo tiempo: el debate sobre el nuevo Código Penal y sus artículos polémicos sobre difamación e injuria; la reforma policial, cuestionada por la sensación de inseguridad y por denuncias de excesos; las redadas contra motociclistas, apoyadas por muchos ciudadanos cansados del desorden vial, pero vistas por otros como otra carga sobre el trabajador pobre; y la presión económica de la canasta básica, los combustibles y el llamado plan anticrisis del Gobierno.
En el caso del Código Penal, medios dominicanos han reportado preocupación por el tratamiento de la difamación, la injuria y la posibilidad de acumulación de penas, lo que ha despertado críticas de periodistas, comunicadores y sectores sociales que temen una «ley mordaza» disfrazada de protección al honor.
Diario Libre reportó que el nuevo Código Penal permitiría acumulación de penas en casos de difamación, y Acento publicó advertencias sobre el peligro de tipos penales amplios que podrían afectar la prensa y al ciudadano común.
En seguridad ciudadana, la reforma policial sigue siendo una promesa en evaluación pública. El dominicano oye hablar de transformación institucional, nuevos protocolos, capacitación y depuración, pero mide la reforma de una manera más sencilla: si puede salir tranquilo, si la Policía llega cuando se la llama, si el delincuente teme a la autoridad y si el ciudadano honrado no termina temiendo también al uniforme.
El tema de los motores es igual de sensible. República Dominicana enfrenta una crisis de seguridad vial muy seria: en 2024 murieron 3,114 personas por accidentes de tránsito, unas ocho muertes diarias, y los motociclistas representaron el 68 % de las víctimas mortales.
El país tiene más de 3.5 millones de motocicletas registradas, pero apenas 10,827 conductores con licencia vigente, según datos citados por El País en un reportaje sobre el Pacto Nacional por la Seguridad Vial.
En lo económico, la presión se siente en el bolsillo. La canasta básica familiar acumuló un aumento de RD$534 en los primeros cinco meses de 2026, mientras la inflación se mantuvo por encima del rango meta, según Revista Mercado.
Además, Diario Libre describió el ambiente nacional como «un verano de pura candela», con aumento de canasta básica, conflictos con gasolineras, presión sobre combustibles, tensiones políticas y protestas sociales.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, presentó el plan anticrisis como una combinación de amnistía fiscal, eliminación de anticipos, aumento de deducciones educativas y otras medidas para impulsar la economía.
MI OPINIÓN
La República Dominicana está sonando como una olla de presión.
Y no porque el dominicano haya perdido la paciencia de repente, como quien se levanta un lunes con ganas de pelear hasta con el abanico. No. Esto viene de lejos.
Lo que pasa es que ahora varios malestares se juntaron en la misma esquina: una ley penal que muchos sienten como amenaza a la crítica pública, una Policía que promete reforma mientras la calle exige resultados, una cultura vial donde el motor se volvió herramienta de trabajo y ruleta rusa al mismo tiempo, y una economía donde el Gobierno habla de estabilidad macroeconómica mientras el pueblo mira la funda del supermercado y pregunta si la estabilidad se come con arroz blanco o viene en lata.
El Código Penal es el primer gran símbolo de esta crisis.
Una nación necesita leyes penales modernas. Eso no se discute.
El delito debe castigarse. La honra debe protegerse. La mentira pública puede destruir familias, reputaciones, ministerios, negocios y carreras.
Nadie serio debe defender la difamación como si fuera libertad de expresión con sombrero de periodista.
Pero una cosa es proteger la honra y otra muy distinta es crear un garrote legal que pueda terminar intimidando al ciudadano que critica al funcionario, al comunicador que investiga al poderoso o al periodista que se atreve a tocar intereses sagrados de esos que tienen abogados antes que conciencia.
