Por: Dra. Claudia Hernández
El proceso de reforma penal en la República Dominicana se encuentra en una encrucijada histórica. Veo con profunda preocupación que, en el afán por modernizar nuestra legislación, se ha abierto una puerta peligrosa: la criminalización indirecta de la labor social y religiosa.
Bajo el pretexto de proteger la intimidad, el nuevo Código Penal amenaza con instaurar un régimen de autocensura que afectará, de manera desproporcionada, a quienes, desde los púlpitos y los medios, nos dedicamos a la defensa de los más vulnerables.
El conflicto entre la privacidad y la voz de la conciencia
Los artículos que sancionan la difusión de contenidos sin consentimiento, enmarcados en la protección de la imagen y la intimidad, carecen de las excepciones necesarias para el ejercicio del interés público.
En mi labor en el Ministerio Diaconisa, hemos documentado durante décadas la realidad de hospitales, escuelas y comunidades olvidadas.
¿Qué sucede cuando un pastor o un comunicador social registra una situación de precariedad extrema para denunciar la vulneración de un derecho? Bajo la redacción actual, ese acto de caridad y denuncia podría convertirse en una conducta punible.
La ley, tal como está planteada, prioriza la «privacidad» de las instituciones sobre el derecho fundamental de la ciudadanía a conocer su propia realidad.
La autocensura: la victoria del silencio
El mayor daño de este Código no es únicamente el posible encarcelamiento de un comunicador, sino la autocensura.
Cuando un pastor debe pensar dos veces antes de publicar una necesidad comunitaria, por temor a ser procesado por la difusión de una imagen sin consentimiento, se rompe el canal de auxilio entre quien sufre y quien puede ayudar.
Estamos ante una «mordaza» que, aunque no mencione expresamente la palabra «censura», produce el mismo efecto: el silencio.
El miedo a la litigiosidad penal inhibirá la denuncia de irregularidades, dejando a los desamparados sin su voz más efectiva.
Nuestra propuesta técnica: la cláusula de interés público
Como profesional del derecho, propongo a la Comisión Bicameral una enmienda técnica que sirva de muro de contención ante este atropello.
No pedimos privilegios; pedimos seguridad jurídica para la labor social.
Propongo la inclusión de una «Cláusula de Eximente por Interés Público», redactada en los siguientes términos:
«No se considerará punible la captación, difusión o publicación de imágenes, audios o testimonios cuando estos sean realizados en el ejercicio legítimo del periodismo, la comunicación social o la labor de asistencia y denuncia propia de ministerios religiosos y organizaciones sin fines de lucro, siempre que el contenido tenga como fin la defensa de derechos fundamentales, la fiscalización de recursos públicos, la ayuda humanitaria o el interés general de la sociedad.»
Un llamado a la reflexión
Un Estado de derecho no puede permitir que la ley se convierta en un escudo para quienes cometen abusos ni en un arma contra quienes los denuncian.
Si el nuevo Código Penal entra en vigencia sin esta salvaguarda, no estaremos protegiendo la intimidad; estaremos blindando la impunidad.
Como sociedad, debemos exigir un Código que castigue el crimen, no la conciencia.
Mi llamado a los legisladores es claro: no dejen que la República Dominicana se transforme en un país donde la caridad sea un delito y la verdad un riesgo.
Seguiremos elevando esta voz desde Oye Multitud y cada tribuna disponible, porque defender la libertad es, ante todo, defender la dignidad de nuestra gente.
Como profesional del derecho y pastora, he visto el bien que la denuncia social puede hacer. No podemos permitir que una ley nos silencie cuando más falta hace nuestra voz.
Aquí presento mi propuesta técnica para nuestros legisladores.
