Por: Fidel Lorenzo
Durante más de dos décadas, la República Dominicana ha debatido la necesidad de
dotarse de un nuevo Código Penal que responda a las realidades del siglo XXI. Tras años
de discusiones, consultas, modificaciones y debates legislativos, la entrada en vigencia de
esta pieza jurídica parece estar finalmente cerca. Sin embargo, llama la atención que
muchos de los cuestionamientos más enérgicos surjan precisamente ahora, cuando el país
se encuentra a las puertas de su implementación.
Resulta legítimo que juristas, académicos, comunicadores y organizaciones de la sociedad
civil expresen sus opiniones sobre el contenido de una norma tan trascendental. Lo que
genera preocupación es que, después de más de veinte años de discusión pública, algunas voces pretendan presentar como insalvables defectos que pudieron haber sido
observados y debatidos oportunamente durante el largo proceso legislativo.
Ninguna ley es perfecta. De hecho, la historia jurídica demuestra que las grandes reformas legales son procesos dinámicos que evolucionan con el tiempo. Pretender que una legislación nazca libre de toda crítica o posibilidad de mejora es desconocer la propia
naturaleza del derecho. Lo importante es evaluar si el balance general representa un
avance para la sociedad.
Y en ese sentido, el nuevo Código Penal constituye un progreso significativo frente a la
legislación vigente, basada en un modelo heredado del Código Napoleónico que durante
décadas ha mostrado evidentes limitaciones para enfrentar las nuevas formas de
criminalidad. La sociedad dominicana de hoy no es la misma de hace cien años, y sus
instrumentos jurídicos tampoco deberían serlo.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es la incorporación y tipificación de
más de setenta delitos modernos que no estaban adecuadamente contemplados en la
normativa actual. Este avance fortalece la capacidad del sistema de justicia para perseguir
conductas delictivas contemporáneas y ofrecer mayores garantías de protección a los
ciudadanos.
Por esa razón, muchos hombres y mujeres que creen en el respeto a las leyes, la
convivencia pacífica y el fortalecimiento institucional respaldan la entrada en vigencia de
este nuevo instrumento jurídico. No porque lo consideren perfecto, sino porque
entienden que representa una mejora sustancial respecto al marco legal que procura
sustituir.
La nación no puede permanecer indefinidamente atrapada entre la necesidad de
modernizar su legislación y el temor de hacerlo. Las correcciones que sean necesarias
pueden realizarse posteriormente a través de reformas puntuales, tal como ocurre en
todas las democracias modernas. Lo que no parece razonable es sacrificar avances
importantes por la búsqueda de una perfección que ninguna ley ha alcanzado jamás.
El país necesita avanzar. Necesita un Código Penal que responda a los desafíos del
presente, que fortalezca la justicia y que contribuya a la seguridad jurídica de todos los
ciudadanos. Pongámoslo en marcha, evaluemos sus resultados y hagamos las mejoras que la experiencia aconseje.
El progreso institucional también se construye corrigiendo sobre la marcha, pero siempre avanzando.Este texto mantiene una línea argumentativa
coherente con su perfil de activista social independiente, defendiendo la aprobación del
Código sin dejar de reconocer la necesidad de futuras mejoras.
