“Golpe a la Libertad: Acción Constitucional Sacude el Nuevo Código Penal”
SANTO DOMINGO. En un acto de firmeza jurídica y compromiso democrático, el periodista y abogado Fernando Almonte elevó hoy una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, impugnando los artículos 208, 209, 210, 310, 311, 379 y 192 de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.
La iniciativa se erige como una advertencia frontal contra lo que califica como un entramado normativo lesivo a las libertades públicas y al equilibrio esencial del Estado social y democrático de derecho.
En su instancia, el accionante sostiene que las disposiciones impugnadas no constituyen simples regulaciones penales, sino un peligroso desplazamiento del poder punitivo hacia el terreno de las ideas, la opinión y el pensamiento crítico.
Denuncia que la ambigüedad y amplitud de estos artículos permiten interpretaciones arbitrarias, capaces de generar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión, afectando particularmente al periodismo, la crítica social y la participación ciudadana.
Almonte fue enfático al deplorar lo que considera una desconexión entre el Congreso y la voluntad popular, señalando que “se están juntando con la libertad de los ciudadanos”, en un proceso legislativo que no representa el interés de la mayoría.
Afirmó que la referida ley configura una “mordaza jurídica” que amenaza con silenciar el disenso y debilitar los cimientos democráticos del país.
El jurista argumenta que el ordenamiento jurídico dominicano ya dispone de mecanismos suficientes para sancionar conductas como la difamación e injuria, incluyendo la Ley núm. 61-32 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento y la Ley núm. 53-07 sobre crímenes de alta tecnología.
En ese sentido, advierte que la creación de nuevos tipos penales vagos y expansivos no solo resulta innecesaria, sino profundamente peligrosa para la seguridad jurídica.
La acción depositada plantea, además, que las normas impugnadas vulneran principios constitucionales esenciales como la dignidad humana, la legalidad penal, la igualdad y la integridad personal.
En su conclusión, Almonte lanza una advertencia categórica: cuando el derecho penal se proyecta sobre la palabra, lo que está en juego no es únicamente la libertad individual, sino la propia calidad de la democracia.
Frente a ello, subrayó, el silencio no es una opción.
