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Por Obispo Reynaldo Franco Aquino
La República Dominicana se encuentra una vez más frente a un debate que marcará su futuro: la necesidad de una reforma financiera y una reforma política. Aunque frecuentemente se discuten por separado, la realidad demuestra que ambas están profundamente conectadas. Ninguna reforma económica tendrá éxito duradero sin instituciones políticas fuertes, transparentes y confiables; de igual manera, ninguna reforma política podrá sostenerse si el sistema financiero del Estado permanece débil, ineficiente o desequilibrado.
La reforma financiera busca corregir distorsiones fiscales, fortalecer la recaudación, mejorar la calidad del gasto público y garantizar la sostenibilidad de las finanzas nacionales. En un contexto global marcado por la incertidumbre económica, el aumento de la deuda pública y las crecientes demandas sociales, los gobiernos necesitan recursos suficientes para responder a las necesidades de la población sin comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Sin embargo, la historia demuestra que las reformas financieras suelen generar resistencia cuando los ciudadanos perciben que los sacrificios recaen únicamente sobre ellos mientras persisten privilegios, desperdicios y falta de transparencia en la administración pública. Por eso, cualquier discusión sobre impuestos, subsidios o ajustes presupuestarios debe ir acompañada de una reforma política que fortalezca la confianza ciudadana.
La reforma política, por su parte, debe orientarse a mejorar la calidad de la democracia, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, reducir el clientelismo y garantizar que quienes administran los recursos públicos actúen con responsabilidad y ética. Cuando las instituciones son fuertes, la población está más dispuesta a respaldar medidas económicas difíciles porque sabe que los recursos serán utilizados correctamente.
No es casualidad que los países con mejores indicadores de desarrollo sean también aquellos que poseen sistemas políticos más transparentes y administraciones públicas más eficientes. La confianza es el capital más importante de una nación. Cuando existe confianza, los ciudadanos pagan impuestos con mayor disposición, los inversionistas encuentran estabilidad para desarrollar proyectos y los organismos internacionales ofrecen mejores condiciones de financiamiento.
La discusión no debe centrarse únicamente en cuánto recauda el Estado, sino también en cómo gasta lo que recauda. Cada peso que entra al presupuesto nacional debe ser administrado con criterios de eficiencia, equidad y resultados. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada reforma financiera vaya acompañada de mecanismos claros de supervisión, auditoría y evaluación del gasto público.
Asimismo, la reforma política debe enfrentar temas que durante años han sido postergados: la regulación efectiva del financiamiento de los partidos, el fortalecimiento de los organismos de control, la profesionalización de la administración pública y la reducción de prácticas que erosionan la credibilidad institucional. La democracia no puede limitarse al ejercicio electoral; debe traducirse en una gestión pública responsable y orientada al bien común.
La experiencia internacional muestra que las reformas aisladas producen resultados limitados. Cuando se intenta corregir únicamente los aspectos financieros sin abordar las debilidades políticas, los problemas reaparecen. Del mismo modo, las reformas políticas sin una base económica sólida terminan frustrando las expectativas ciudadanas.
Por ello, el país necesita una visión integral. No se trata simplemente de recaudar más ni de cambiar leyes por cambiar. Se trata de construir un modelo de gobernanza donde la eficiencia económica y la calidad institucional avancen juntas. El objetivo final debe ser un Estado capaz de responder a las necesidades de la población, promover el desarrollo sostenible y garantizar oportunidades para todos.
La República Dominicana ha demostrado en diferentes momentos de su historia una notable capacidad para superar desafíos complejos. Hoy el reto consiste en comprender que la reforma financiera y la reforma política no son caminos paralelos, sino dos carriles de una misma carretera hacia el progreso nacional. Avanzar por uno sin fortalecer el otro sería repetir errores del pasado. El verdadero cambio requiere valentía política, responsabilidad fiscal y, sobre todo, una visión compartida de nación.
Porque cuando la economía y la política se reforman juntas, no solo se fortalecen las instituciones; también se fortalece la esperanza de todo un pueblo.
