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Por Samuel Guzmán B.
En la República Dominicana, la palabra “reforma” se ha repetido hasta el cansancio cuando se habla de la Policía Nacional. Durante años se nos ha prometido una institución moderna, profesional, cercana al ciudadano y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, los acontecimientos recientes obligan a formular una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué está pasando realmente con la reforma policial?
A pesar de las millonarias inversiones, los nuevos uniformes, la implementación de cámaras corporales, los programas de capacitación y los constantes anuncios gubernamentales, los episodios que involucran a agentes policiales continúan generando preocupación en amplios sectores de la sociedad.
Uno de los casos más sonados ocurrió en marzo de 2026 en Santo Domingo Este, cuando un agente policial lanzó gas pimienta y desenfundó su arma de reglamento frente a varios periodistas que cubrían un caso de supuesto abuso infantil. La propia Policía Nacional admitió públicamente que se trató de un uso desproporcionado de la fuerza y suspendió al agente mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.
El incidente provocó una fuerte reacción del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), que denunció la agresión contra miembros de la prensa y exigió sanciones ejemplares. Más allá del hecho puntual, el episodio encendió nuevamente las alarmas sobre la relación entre los cuerpos de seguridad y las libertades públicas en una democracia.
Pero el problema no terminó ahí.
En abril pasado la Dirección General de la Policía Nacional ordenó investigar otro caso captado en video, donde un agente accionó su arma de reglamento contra un ciudadano perseguido por la justicia en circunstancias que, según el informe preliminar, no evidenciaban una amenaza inmediata contra la vida del uniformado. La propia institución reconoció la necesidad de profundizar las pesquisas para establecer si hubo violación de protocolos.
Asismismo, en junio de este año, una joven denunció haber sido rociada con gas pimienta por un agente policial durante una discusión relacionada con la retención de un vehículo en el Distrito Nacional. El hecho quedó registrado en videos que circularon ampliamente en redes sociales y volvió a colocar en el centro del debate el uso excesivo de la fuerza y la necesidad de una supervisión más rigurosa de los procedimientos policiales. La institución informó que abrió una investigación para determinar responsabilidades.
Estos hechos no necesariamente representan a toda la Policía Nacional, pero sí revelan una realidad preocupante: continúan apareciendo conductas incompatibles con los principios que sustentan el proceso de transformación institucional.
Y ahí es donde surge la gran contradicción.
Mientras las autoridades presentan la reforma policial como uno de los proyectos más importantes de modernización del Estado, en las calles persisten denuncias relacionadas con abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, actuaciones intimidatorias y deficiencias en la aplicación de los protocolos.
La pregunta entonces no es si existe una reforma. La pregunta es si esa reforma está logrando transformar la cultura institucional.
Porque una verdadera reforma no se mide por la cantidad de uniformes nuevos entregados ni por el número de agentes graduados en cursos de capacitación. Se mide por la conducta cotidiana de cada policía cuando interactúa con un ciudadano.
También se mide por la rendición de cuentas.
Cada caso de abuso que termina sin consecuencias claras debilita la credibilidad del proceso. Cada investigación que no concluye en sanciones cuando corresponden alimenta la percepción de impunidad. Y cada incidente que se repite transmite la sensación de que los cambios estructurales avanzan más lentamente que los problemas que buscan corregir.
Otro desafío importante sigue siendo la formación ética y humana de los agentes. La seguridad ciudadana no puede construirse desde el miedo ni desde la confrontación permanente. Un policía que ve al ciudadano como un sospechoso potencial, y no como una persona a la que debe proteger y servir, difícilmente podrá convertirse en el rostro de una institución renovada.
Pero quizás el aspecto más delicado es la confianza ciudadana.
Toda reforma policial tiene como objetivo final fortalecer el vínculo entre la población y la institución encargada de garantizar el orden público. Sin confianza no hay cooperación ciudadana, y sin cooperación resulta mucho más difícil combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad.
La historia dominicana ha estado marcada por denuncias de abusos, ejecuciones extrajudiciales y actuaciones cuestionables que durante décadas han afectado la imagen de la Policía Nacional. Precisamente por eso la reforma fue presentada como una oportunidad histórica para romper con esas prácticas y construir una nueva cultura institucional.
Hoy, varios años después de iniciado el proceso, muchos ciudadanos siguen preguntándose si el cambio está ocurriendo al ritmo prometido.
No se trata de desacreditar a toda la institución. Existen miles de hombres y mujeres dentro de la Policía Nacional que cumplen su deber con profesionalismo, honestidad y vocación de servicio. Pero precisamente por respeto a ellos, por respeto a la ciudadanía y por respeto al propio proceso de reforma, es necesario reconocer que aún persisten desafíos profundos.
Porque cada periodista agredido, cada ciudadano maltratado, cada procedimiento cuestionado y cada abuso sin consecuencias representan algo más que una falta individual: constituyen un golpe a la credibilidad de una reforma que todavía busca convencer a la sociedad de que el cambio es real.
La pregunta sigue en el aire, cada vez con más fuerza:
¿Estamos construyendo una nueva Policía Nacional o simplemente modernizando la imagen de la vieja?
