Son empleo informal para unos, pero para la mayoría son una plaga que viola la ley, intimida a los ciudadanos y privatiza lo público. Ya es hora de que el Estado actúe.
Por. Yael Valenzuela
La paciencia que se agota
Kathy llegó a su casa con las manos temblorosas sin miedo pero rabia contenida. Esa noche solo quería cenar tranquila con su familia, pero el incidente en el restaurante le arruinó la velada. Cuando se disponía a estacionar su vehículo frente al establecimiento, un hombre se interpuso entre su auto y el espacio libre. No era un oficial de tránsito. No tenía placa. No tenía identificación.
—Estamos aquí, cualquier cosa
Kathy, cansada de estas situaciones, respondió que no iba a pagar por estacionarse en la vía pública. El hombre bufó, soltó un improperio y se hizo a un lado. Ella entró al restaurante, pero al salir, encontró una raya larga en su puerta.
El modus operandi de la impunidad
El caso de Kathy no es aislado. Es parte de un fenómeno que lleva años enquistado en las principales ciudades dominicanas, especialmente en el Distrito Nacional, Santiago, Punta Cana y Puerto Plata. Los denominados “parqueadores” —que algunos ingenuamente llaman “empleo informal”— operan bajo un código no escrito: ocupar espacios públicos con conos, cubetas, sillas plásticas o su propio cuerpo, para luego “vender” ese lugar como si fuera de su propiedad.
Julian lo sabe bien. Él perdió 20 minutos valiosos dando vueltas a un centro comercial porque todos los espacios libres de la calle estaban “apartados” por individuos que admitían sin vergüenza: “Ese espacio te lo cedo si me das 200 pesos”.
Y no son casos raros. En zonas como la Churchill, la Lincoln, la 27 de Febrero o el Malecón, la práctica se ha vuelto cotidiana. Cualquier conductor sabe que si no paga, su vehículo puede amanecer con un golpe, una llanta desinflada o, como en el caso de Kathy.
Ni si quiera me atrevo a mencionar los grandes abusos en la playas públicas!
¿Empleo o delito?
Defender a los parqueadores como “trabajadores informales” es un error conceptual. Sí, muchas de estas personas viven en condiciones de vulnerabilidad económica. Sí, el Estado dominicano ha fallado en generar empleos dignos. Pero de ahí a justificar la ocupación violenta del espacio público, la extorsión y la amenaza, hay un abismo.
La Constitución dominicana, en su artículo 8, establece que el espacio público es de todos. La Ley 241 de Tránsito de Vehículos de Motor (modificada por la Ley 63-17) prohíbe claramente obstruir vías públicas, colocar objetos sin autorización y cobrar por estacionar en lugares no concesionados.
Sin embargo, los parqueadores actúan con total impunidad. ¿Por qué? Porque muchos agentes municipales y policiales hacen la vista gorda. En algunos casos, porque reciben una “colaboración” semanal. En otros, porque simplemente no hay voluntad política para enfrentar un fenómeno que afecta a miles de conductores a diario.
El miedo silencioso de los ciudadanos
Verónica ha decidido no volver a ciertos restaurantes, discotecas o zonas turísticas. Prefiere perder el plan antes que enfrentarse a los parqueadores. No es la única. Una encuesta no oficial realizada en redes sociales por el Observatorio de Movilidad Urbana (datos referenciales, 2024) indicó que el 78 % de los conductores en Santo Domingo ha tenido al menos una experiencia negativa con parqueadores, y el 45 % confiesa que paga no por voluntad, sino por miedo a represalias.
Eso no es convivencia. Es terrorismo callejero de baja intensidad. Es una tasa de protección obligatoria.
El argumento económico falso
Algunos alegarán: “Ellos necesitan comer”. Nadie discute eso. Pero la necesidad no legitima la ilegalidad. Si ese fuera el argumento, entonces también habría que permitir que alguien ocupe una acera para vender mercancía robada, o que bloquee una entrada de emergencia para cobrar peaje. La línea entre la necesidad y el abuso la traza la ley.
Un llamado claro al gobierno
Este artículo no es una queja más. Es una denuncia con fecha y con nombre. Le decimos a la alcalde del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y a todos los directores de la Policía Municipal, DOT y Digesett:
Basta de simulación
Ustedes saben dónde están los parqueadores. Ustedes saben en qué esquinas operan. Ustedes saben que muchos son reincidentes. Pero mientras no haya operativos sostenidos, mientras no se apliquen multas por obstrucción de vía pública (hasta 10 salarios mínimos según la Ley 63-17), mientras no se retire un solo cono ilegal, ustedes son cómplices.
Que la policía vaya directamente contra la extorsión peatonal, créenla. Si hay que modificar leyes para aumentar las penas por daños a vehículos cometidos por estos individuos, háganlo. Si hay que invertir en parqueos públicos subterráneos o edificios de estacionamiento regulado con tarifas justas, inviertan.
Pero no nos vengan con programas de “formalización” que nunca llegan. No nos digan que es un tema cultural. El “cultura del cono” se combate con presencia policial, con denuncias rápidas, con cámaras de vigilancia municipales funcionando, con jueces de paz que procesen en 24 horas los casos de daños menores.
Propuestas concretas
- Censo y desalojo de espacios ocupados ilegalmente en un plazo de 60 días.
- Línea directa municipal para denunciar parqueadores con respuesta policial en menos de 15 minutos.
- Multas ejemplares para establecimientos comerciales que permitan o fomenten la presencia de parqueadores frente a sus negocios.
- Programa de reempleo para quienes realmente quieran trabajar, ofreciéndoles becas de formación en oficios (electricidad, plomería, construcción) o plazas en el programa Supérate.
- Campaña nacional de comunicación que llame a no pagar bajo ningún concepto, rompiendo el silencio cómplice.
Conclusión: la paciencia se acabó
Kathy, Julián, Venancio y Verónica no son personajes ficticios. Son arquetipos de una realidad que vivimos cada semana en esta ciudad. El parqueador no es un emprendedor popular. Es un síntoma de abandono estatal y de normalización de la violencia cotidiana.
La República Dominicana no puede seguir permitiendo que cuatro personas con un chaleco y un cono decidan quién puede estacionarse en la calle que pagamos todos con nuestros impuestos. El espacio público es sagrado, no se alquila. Si el gobierno no actúa ya, entonces estará eligiendo un bando: el del miedo, el del soborno y el de la impunidad. Y en ese bando, los ciudadanos de bien no estamos.
Por un país sin conos ilegales. Por calles libres de extorsión. Por la dignidad del que trabaja honradamente.
