Por. Joseloin Rivera
El reciente y estremecedor caso de la adolescente de 14 años que perdió la vida a manos de su hermana en un incidente confuso, pone de relieve una realidad que la sociedad dominicana se resiste a enfrentar con total firmeza: el fracaso sistémico en la protección de la niñez y la peligrosa aceptación cultural de las uniones tempranas.
Más allá del acto violento en sí, el trasfondo de este caso revela una cadena de negligencias donde los actores llamados por la Ley 136-03 a garantizar el «Interés Superior del Niño» brillaron por su ausencia. Según el Código para el Sistema de Protección y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), la protección de los menores es una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado.
En este caso, los fallos son evidentes en varios niveles:
1. La Familia como Primer Anillo de Protección: La ley establece que la familia es la responsable de asegurar el bienestar del menor. Al permitirse o tolerarse que una adolescente de 14 años mantuviera una relación con un adulto (quien supuestamente era la pareja de la víctima), la estructura familiar falló en su deber de custodia y protección, exponiéndola a un entorno de riesgo y vulnerabilidad extrema.
2. El Estado y sus Órganos Administrativos (CONANI): El sistema de protección no logró detectar a tiempo una situación de vulneración de derechos que, a juzgar por los hechos, era de conocimiento público en su entorno. La falta de mecanismos de denuncia efectivos y de una intervención temprana impidió que la menor fuera retirada de un ambiente nocivo.
3. La Comunidad y el Deber de Denunciar: La Ley 136-03 obliga a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una situación de abuso o riesgo a denunciarlo. El silencio comunitario es, en esencia, una violación a la normativa legal vigente.
Este caso es una muestra trágica de cómo la normalización de relaciones entre adolescentes y adultos tiene consecuencias fatales. Cuando la sociedad deja de ver un abuso sexual o una «unión temprana» como un delito y lo etiqueta como un «romance» o «costumbre», se despoja a la niña de su derecho a la infancia.
Estas relaciones no son «uniones»; son situaciones de poder asimétricas que suelen terminar en violencia de género, embarazos precoces y, como en este lamentable suceso, en muertes violentas que fracturan a familias enteras. Es preocupante la naturalidad con la que los medios de comunicación abordan estas noticias.
En lugar de cuestionar el hecho de que una menor estuviera involucrada en una relación con un adulto, a menudo el enfoque se centra en el morbo del conflicto entre las hermanas. Al no señalar el estupro o la violación que subyace en estas uniones, los medios contribuyen a perpetuar la impunidad social, tratando como «normal» lo que legalmente es una aberración.
A pesar de que en la República Dominicana se ha legislado para prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas, la realidad en las calles y campos demuestra que nuestra sociedad no ha sido sensibilizada ni concientizada lo suficiente.
Existe un abismo entre el papel impreso de la ley y la cultura popular que sigue viendo en la «entrega» de una niña a un hombre mayor una salida económica o una etapa natural de la vida. Para revertir esta cultura de violencia y desprotección, es imperativo involucrar a los sectores de mayor influencia.
En este sentido, las iglesias, al ser una de las organizaciones que gozan de mayor credibilidad y capacidad de convocatoria en el país, tienen un papel fundamental. Dado que las comunidades religiosas se reúnen semanalmente y poseen una estructura capilar en todo el territorio nacional, es vital que incluyan en sus agendas temas de sensibilización y concientización.
La iglesia no puede ser ajena al dolor de la niñez; debe ser el primer frente de batalla contra la violencia que se ejerce de manera «normal» contra nuestros adolescentes. Educar desde el púlpito sobre el respeto a la integridad física y emocional de los menores es, hoy más que nunca, un imperativo moral y social.
La muerte de esta joven no debe ser solo una estadística más, sino un recordatorio de que, mientras sigamos normalizando el abuso, el sistema seguirá fallando.
