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SANTO DOMINGO– La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana expresó este jueves su enérgico rechazo a las pretenciones de introducir en el articulo 14 del Codigo Penal responsabilidad penal a las instituciones eclesiásticas por hechos cometidos por alguno de sus líderes o autoridades religiosas.
En una declaración categórica, el obispo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la entidad, manifestó que esa disposición es improcedente, injusta y violatoria de los principios de responsabilidad individual consagrados en el derecho.
“No se puede cargar sobre toda una institución y sus miles de feligreses la falta que pueda cometer uno de sus miembros, por más visible que este sea”, sostuvo el líder cristiano, hablando en nombre de miles de iglesias, concilios y entidades de fe en todo el país.
La propuesta que se analiza en el Congreso busca equiparar a las iglesias con entidades civiles o comerciales, ignorando el carácter espiritual, social y comunitario que las distingue. Además, plantea una peligrosa generalización que podría abrir la puerta a persecuciones arbitrarias contra comunidades religiosas completas, por hechos aislados que deben ser sancionados individualmente conforme a derecho. La Mesa de Diálogo recordó que, en cualquier Estado de derecho, la responsabilidad penal es personal e intransferible.
“Así como no se somete a todo el Ministerio Público por la falta de un juez, no se puede pretender judicializar a toda una iglesia por la falta de un pastor, sacerdote o ministro”, señaló Franco Aquino. La entidad considera que el párrafo agregado no solo es jurídicamente inviable, sino moralmente injustificable. Desde su fundación, las iglesias han sido espacios de fe, transformación social, servicio comunitario y promoción de valores.
Pretender manchar su imagen colectiva por acciones individuales es una forma de criminalización indirecta que afecta la libertad religiosa y el tejido espiritual de la nación. Esta medida, de aprobarse, generaría un precedente peligroso que podría erosionar la confianza pública en instituciones históricamente reconocidas por su aporte a la sociedad.
La Mesa exhortó a los diputados a actuar con sensatez y responsabilidad, retirando de inmediato el párrafo añadido, el cual no solo es técnicamente inconstitucional, sino socialmente divisivo.
“La justicia debe ser ejercida con equilibrio, sin permitir que agendas particulares afecten los derechos de las mayorías ni socaven la libertad de culto garantizada en nuestra Constitución”, enfatizó el presidente de la entidad. Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo respetuoso, pero advirtieron que no permitirán que bajo ningún concepto se utilicen reformas legales para amordazar o intimidar a las iglesias.
“Seguiremos alzando la voz por la verdad y la justicia, sin temor y con la autoridad moral que nos confiere la fe y el compromiso con el bien común”, concluyó Reynaldo Franco Aquino.
