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Por: Fidel Lorenzo Merán
Durante más de una década, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha desempeñado un papel activo en la gestión de recursos públicos en la República Dominicana, firmando convenios millonarios con ministerios, alcaldías, instituciones judiciales y organismos descentralizados. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una colaboración estratégica para fomentar la transparencia y la eficiencia, ha evolucionado hacia una práctica cuestionable: el PNUD se ha convertido en un contratista habitual del Estado, comprometiendo gravemente su rol institucional y los principios que lo sustentan.
El PNUD se presenta como un organismo neutral, facilitador del desarrollo humano, la institucionalidad democrática y la reducción de la pobreza. No obstante, al aceptar la ejecución directa de fondos públicos y asumir funciones logísticas, técnicas y administrativas para gobiernos, pasa de ser un árbitro a convertirse en jugador.
Durante el período 2013–2024, el Estado dominicano delegó en el PNUD más de RD$25,000 millones en compras, contrataciones y ejecuciones, particularmente en sectores clave como educación, infraestructura social, justicia y gestión municipal. Esta intervención ha creado un ecosistema donde el PNUD no solo asesora, sino que compite activamente con empresas e instituciones nacionales.
Las operaciones del PNUD en el país han sido justificadas bajo la etiqueta de “asistencia técnica” o “fortalecimiento institucional”, pero en la práctica operan como servicios pagados. Se han detectado enmiendas contractuales sucesivas, ampliaciones de montos, y una dependencia creciente de las instituciones dominicanas hacia este organismo, a menudo sin procesos públicos de licitación ni controles nacionales.
Este enfoque ha desdibujado los límites entre la cooperación y el negocio. En vez de ayudar a los países a construir capacidad interna, el PNUD se ha convertido en proveedor, manejando millones en compras de uniformes, equipos tecnológicos, alimentos escolares y hasta sistemas informáticos, que bien podrían ser gestionados por el aparato estatal o el sector privado local con la debida supervisión.
El rol que asume el PNUD no solo vulnera su identidad institucional, sino que crea un terreno desigual para empresas dominicanas e incluso para otras ONG. Al actuar como intermediario privilegiado, escudado por inmunidades diplomáticas, el organismo evita controles de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y en muchos casos, sus contrataciones no están sujetas a las leyes nacionales.
Esto ha llevado a:
- La exclusión de empresas dominicanas de grandes contratos.
- La opacidad en la ejecución de fondos.
- La disminución del incentivo para fortalecer la institucionalidad local.
La complicidad del PNUD con gobiernos de turno, en muchos casos, ha sido evidente. Al fungir como “gestor confiable”, el organismo ha facilitado eludir procesos nacionales de licitación bajo la excusa de agilidad y transparencia internacional, cuando en realidad ha servido como puente para blindar decisiones discrecionales y evitar fiscalización local.
Incluso cuando la DGCP prohibió, en 2020, nuevos contratos de ejecución a través del PNUD, muchos convenios continuaron en vigor, protegidos por acuerdos anteriores o reformulados como “asistencia técnica”.
El PNUD debe reevaluar su papel. La confianza que goza como organismo de cooperación no puede ser utilizada para sustituir instituciones nacionales ni para generar negocios paralelos que lesionen la soberanía administrativa y económica de los países donde opera. Su papel debe ser el de facilitador, no ejecutor; el de acompañante, no sustituto.
En un momento donde la transparencia, la participación y la institucionalidad son más necesarias que nunca, el país debe exigir que la cooperación internacional se alinee con principios éticos, no con conveniencias operativas.
El modelo actual de contrataciones con el PNUD desnaturaliza su razón de ser, lesiona la competencia nacional y debilita la institucionalidad pública. En lugar de consolidar capacidades locales, perpetúa la dependencia y la opacidad.
La República Dominicana necesita cooperación, sí. Pero una cooperación que no sea negocio para el cooperante, sino impulso para el desarrollo justo y sostenible de su pueblo.
