Por el Obispo Ynocencio Vargas Encarnacion (Autor del libro el Cristianismo vs el Feminismo Radical)
La violencia intrafamiliar continúa siendo uno de los desafíos sociales, humanos y morales que más preocupan a la sociedad dominicana. Detrás de muchas puertas existen hogares donde el miedo ha sustituido la confianza, los insultos han desplazado el diálogo y el abuso de poder ha convertido las relaciones familiares en espacios de sufrimiento. Frente a esta realidad, surge una pregunta necesaria: ¿hasta qué punto las políticas de prevención del Gobierno dominicano están respondiendo a las necesidades concretas de las familias?
La República Dominicana cuenta con iniciativas institucionales dirigidas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar. Entre ellas figuran el Plan Estratégico Por una Vida Libre de Violencia, los protocolos de atención integral del Ministerio de la Mujer y los mecanismos de asistencia y protección para personas en situación de riesgo.
No obstante, la existencia de políticas públicas no significa que el problema esté resuelto. La verdadera eficacia de una estrategia preventiva se mide por su capacidad de llegar a los barrios, orientar a las familias, detectar las señales tempranas de abuso, proteger a las víctimas y evitar que los conflictos terminen en tragedias.
La prevención no puede limitarse a campañas ocasionales ni a declaraciones institucionales. Debe convertirse en una acción permanente, cercana y verificable que alcance tanto a las grandes ciudades como a las comunidades rurales, las familias de escasos recursos y los sectores donde todavía existe desconocimiento sobre los mecanismos de protección disponibles.
Desde la perspectiva de la comunidad cristiana, este tema exige una reflexión que combine responsabilidad ciudadana, evaluación de las políticas públicas y compromiso con los valores bíblicos. La familia debe ser un espacio de protección y desarrollo, no un lugar donde sus integrantes vivan bajo amenazas.
El Gobierno dominicano ha reconocido la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de prevenir y atender la violencia. En abril de 2026, el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas aprobó el Plan Estratégico Por una Vida Libre de Violencia, con mesas técnicas interinstitucionales para coordinar las acciones de prevención y atención en el territorio nacional.
Asimismo, en octubre de 2026, el Ministerio de la Mujer puso en marcha la campaña nacional Hablemos de Prevención, que articula a más de cien instituciones públicas y privadas y organizaciones sin fines de lucro para promover la identificación temprana de las señales de violencia y las respuestas oportunas.
Estas iniciativas representan pasos importantes. Sin embargo, el desafío consiste en traducir las estrategias nacionales en resultados concretos para las personas que enfrentan situaciones de abuso dentro de sus hogares.
En la vida cotidiana, la violencia intrafamiliar puede comenzar con comportamientos que algunos consideran normales: controlar el teléfono de la pareja, impedirle relacionarse con sus familiares, humillarla delante de los hijos, amenazarla, restringirle el acceso al dinero o utilizar el miedo para imponer decisiones. También puede manifestarse mediante agresiones físicas, abuso sexual y maltrato psicológico contra niños, adultos mayores y otros integrantes de la familia.
Prevenir significa actuar antes de que ocurra una agresión grave. Significa educar sobre relaciones saludables, ofrecer orientación accesible, formar a los servidores públicos para reconocer las señales de riesgo y garantizar que las denuncias reciban una respuesta oportuna.
El Estado tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, los servicios de salud y las instituciones de asistencia social, y evaluar periódicamente los resultados de sus programas. También debe asegurar que las personas vulnerables puedan acceder a la ayuda sin enfrentar obstáculos económicos, sociales o institucionales que las obliguen a permanecer en situaciones peligrosas.
La pregunta que debe acompañar a cada política pública es sencilla, pero fundamental: ¿está llegando la ayuda a tiempo a quienes más la necesitan?
Los datos institucionales permiten dimensionar la importancia de esta problemática. Según la Policía Nacional, durante enero y febrero de 2026, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar brindó 5,994 asistencias a víctimas de violencia de género e intrafamiliar. En ese mismo período, 2,439 víctimas recibieron medidas de protección y 66 mujeres fueron trasladadas a casas de acogida.
Estas cifras muestran que existen personas que están recurriendo a los mecanismos institucionales y que las autoridades están realizando intervenciones. Sin embargo, las asistencias registradas no equivalen necesariamente al número total de víctimas, y por sí solas no permiten determinar si la violencia está disminuyendo de manera sostenida.
Es necesario que el país mantenga estadísticas actualizadas, transparentes y comparables, que permitan conocer la evolución de las denuncias, los casos investigados, las medidas de protección ejecutadas, la reincidencia y la atención brindada a los niños que viven en entornos violentos.
La realidad cotidiana también obliga a reconocer que muchas víctimas guardan silencio por temor a represalias, dependencia económica, vergüenza, presión familiar o desconfianza en las autoridades. Por esa razón, el número de denuncias no debe interpretarse automáticamente como una representación completa de la violencia existente.
Una política preventiva eficaz debe preguntarse no solo cuántas personas fueron atendidas, sino cuántas lograron salir de situaciones de riesgo, recibir protección y reconstruir sus vidas en condiciones dignas y seguras.
La prevención de la violencia intrafamiliar no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno. Las iglesias, las organizaciones comunitarias, las escuelas, los medios de comunicación y las familias tienen un papel importante en la construcción de una cultura de paz.
